El debate sobre el cambio de regulación del sector eléctrico español, está poniendo de manifiesto las características de este sector estratégico. Entre las diferentes cuestiones que podemos considerar una de las más resaltadas por los medios de comunicación ha sido comprobar los numerosos consejeros independientes de las principales compañías que provienen de la política y el debate sobre si esto es o no adecuado. Indudablemente las personas que han tenido una actividad y responsabilidad política tienen el derecho de retomar su actividad profesional privada y es aconsejable que las empresas cuenten con su experiencia y conocimientos para la mejor dirección de las mismas. La cuestión es si es adecuado que se impliquen en sectores regulados por el Estado de manera que pudiera existir la duda de si sus nombramiento buscan incidir en la política del Gobierno en beneficio más de las empresas implicadas que del interés general.

Como es sabido el Análisis Económico es firme defensor del mercado como el sistema más eficiente de asignación de recursos; pero de un mercado que opere en una estructura de competencia perfecta: numerosos compradores y vendedores, bienes homogéneos, información perfecta por parte de todos los agentes intervinientes, no regulación y no existencia de barreras de entradas a nuevas empresas. No son muchos los mercados así, pero son numerosos los que cumplen bastantes condiciones aunque no todas. En general las estructuras más perjudiciales para alcanzar la mayor eficiencia del mercado son los monopolios y los oligopolios colusivos y este segundo caso es siempre difícil de probar.

Aunque el mercado en competencia es el mejor sistema de asignación, es un modelo que puede originar fallos, bien por el poder de mercado de algunos agentes, como es el caso del monopolio y el oligopolio colusivo, como se ha comentado, bien por la información privilegiada de unos agentes sobre otros o, también, por las externalidades, positivas y negativas, entre otras razones. En el caso del sector eléctrico hay dos externalidades que juegan considerablemente y motivan que los Gobiernos intervengan, unas en sentido negativo como es el caso de la contaminación y los residuos y otras en sentido positivo como es el beneficio social que supone que la electricidad llegue a todas las ciudades y pueblos y todos los ciudadanos tengan acceso a la misma.

Estas son las razones por las que los Estados intervienen en este sector y pueden hacerlo de muchas maneras y en su actuación pueden beneficiar a las empresas o a los consumidores. Quizás, por ello, sería conveniente que las empresas de sectores con un alto grado de regulación, se abstuvieran de nombrar entre sus consejeros a personas que tuvieran una canal de influencia privilegiada en las decisiones políticas.