El pasado martes el gobierno informó acerca de un paquete de 100 medidas para el apoyo a la creación de empleo juvenil y el autoempleo, la llamada estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven o más reducidamente, Plan de Empleo Joven (PEJ).

Las medidas tienen un presupueste de 3.485 millones de euros, de los cuales el 32% estarán cofinanciados con el Fondo Social Europeo. El Gobierno prevé desarrollar 85 de las 100 medidas en un plazo de cuatro años. El resto son las 15 medidas de choque que entran en vigor en el corto plazo. Muchas de estas medidas ya fueron contempladas en el Decreto Ley aprobado por el gobierno el pasado 23 de febrero.

Lo primero que sorprende del PEJ es el número de medidas, ¡nada más y nada menos que 100! ¿Es realmente necesario y eficaz afrontar la implementación simultánea de cien medidas nuevas? ¿No sería mejor centrarse en unas pocas pero realmente efectivas? Da la sensación que el gobierno quiere llenar un vacío de contenido sustituyendo cantidad por calidad.

El Plan de Empleo Joven ofrece beneficios fiscales de escasa cuantía para el establecimiento de nuevos negocios y para la contratación de jóvenes y también de mayores de 45 años por parte de jóvenes (el llamado contrato generación). Parece un poco cómico e iluso el recurso al sentimentalismo en este último caso. ¿Por qué los mayores de 45 años necesitan ser contratados por jóvenes y no por otros colectivos, además de los jóvenes, para beneficiarse de las bonificaciones?  La norma contempla la posibilidad de que los menores de 30 años puedan compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia durante un máximo de nueve meses. Asimismo, los jóvenes menores de 30 años podrán capitalizar hasta el 100% de su prestación por desempleo en un único pago para crear un negocio nuevo. Ésta es una medida sin duda acertada, pero recordemos que la novedad aportada por el PEJ es marginal, puesto que el límite ya estaba en el 80%. Éstas son algunas de las medidas estrella, según el Gobierno.

‘Doing Business’ en España

Iniciar un negocio, una actividad emprendedora, es sumamente complejo. Se calcula que en Estados Unidos, un paraíso según muchos para el emprendimiento, más del 90% de los proyectos de emprendedores no llegan al segundo año de vida. Probablemente ese sea el secreto, conseguir un entorno económico en el que probar y fallar no sea símbolo de fracaso y no represente la ruina de por vida, sino un paso más hacia el éxito futuro. Para ello se necesita un entorno flexible, con bajos costes de iniciar y cerrar un negocio (incluidos los laborales), con fácil acceso al crédito y con un sistema judicial eficaz que proporcione a las empresas y los inversores una elevada seguridad jurídica. Ninguna de estas condiciones se dan a día de hoy en España y el PEJ no supone un cambio radical de escenario, a pesar de contar con un auténtico arsenal de cien medidas.

Los altos costes burocráticos y administrativos para abrir nuevos negocios en España y la elevada inseguridad jurídica suponen una traba importante para emprendedores. La tarifa plana de 50€ al mes (se establece una cuota mínima de 50 euros durante seis meses para las nuevas altas de jóvenes autónomos a la Seguridad Social) supone un ahorro inferior a los 200€ mensuales que durante seis meses. No es de suponer que este ahorro anime a muchos jóvenes a empezar un negocio. El Doing Business Report del Banco Mundial hace un ranking de 183 países según la facilidad que existe en esos países para abrir y operar un negocio nuevo. El informe coloca a España en un decepcionante puesto 44, por detrás de países como Perú, Chipre, Colombia y a sólo un puesto de Ruanda. ¿Por qué salimos tan mal parados en esta estadística?  El informe del banco mundial analiza nueve aspectos relacionados con la apertura y funcionamiento de un negocio. España sale mal, muy mal, parada en los siguientes aspectos: burocracia para abrir un negocio (el número de trámites y el tiempo para completarlos es el doble que la media de los países de la OCDE), protección legal de las inversiones realizadas y asegurar el cumplimiento de contratos. En todos estos aspectos parece que España puede y debe mejorar mucho en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema judicial y burocrático. Nada o poco de esto se dice en el paquete de 100 medidas aprobado por el gobierno.

Emprendimiento y regulación laboral

Un aspecto que el informe del Banco Mundial no contempla, pero que dificulta mucho la gestión de un negocio, sobre todo si se trata de una pequeña empresa, es la regulación de nuestro mercado laboral. Éste es un aspecto muy negativo para el empleo (o autoempleo) de los jóvenes en España, con una elevada dualidad laboral y maraña de contratos que la reforma de febrero de 2012 no ha corregido de forma sustancial. Nuestra regulación laboral castiga mucho a las empresas de tamaño pequeño con vocación innovadora. La complejidad contractual y la rigidez en las condiciones laborales suponen unos elevados costes que perjudican sobre todo a empresas pequeñas. Estos costes son en gran medida costes fijos que pesan mucho sobre el balance de una pequeña empresa. La cosa es aún peor cuando estas empresas precisan de capital humano cualificado pero flexible, ya que enfrentan el riesgo y la incertidumbre propios de todo proceso de innovación. No es de extrañar que nuestro tejido de empresas pequeñas no se haya caracterizado por un alto nivel de innovación en el pasado.

La norma empeora las cosas en cuanto a la complejidad de nuestro sistema de contratos ya que introduce tipos nuevos, excepciones y modificaciones a los existentes complicando todavía más el panorama para unas empresas, pequeñas en la mayoría, sin recursos económicos y legales para poder gestionar de forma adecuada tal complejidad contractual. Además se introduce un nuevo factor de incertidumbre al establecer que la mayoría de estas bonificaciones dejarán de existir cuando la tasa de desempleo baje del 15%.

Empleo joven asalariado y dualidad

Finalmente, el PEJ parece hablar más de autoempleo que de empleo asalariado, aunque su objetivo abarca los dos aspectos del empleo de los jóvenes. Si hay un aspecto que claramente perjudica el empleo asalariado de nuestros jóvenes éste es la dualidad de nuestro mercado laboral. La dualidad perjudica el empleo de los jóvenes al menos por dos motivos. Primero porque la dualidad reduce la productividad de las empresas, algunas de ellas potencialmente iniciadas y gestionadas por jóvenes emprendedores. En segundo lugar, porque son los jóvenes el colectivo más afectado por la precariedad y temporalidad laboral.

El PEJ no dice nada sobre dualidad (en cierto sentido la empeora ya que varias de sus medidas ofrecen incentivos fiscales para la contratación temporal de jóvenes, con dudosa conexión entre esa contratación y formación). Aunque hay incentivos, de entre 500 y 700 euros anuales, para convertir contratos temporales en indefinidos cuando se hagan a jóvenes menores de 30 años, se incentivan también los contratos temporales en prácticas  y a tiempo parcial para el primer empleo dirigidos a jóvenes de hasta 30 años con una reducción de cuotas de hasta el 50%.

El gráfico siguiente utiliza datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, ofrecida por la Seguridad Social, para calcular la probabilidad de estar trabajando con contrato temporal por grupo de edad. Tal y como se aprecia en el gráfico, en España más de la mitad de los jóvenes afortunados que consiguen un empleo (¡recordemos que la tasa de desempleo de este colectivo es de más del 50%!) lo hace con un contrato temporal. Muchos de ellos acabarán ingresando en las listas del desempleo al no serles renovados sus contratos temporales.

Gráfico 1. Probabilidad de estar trabajando con contrato temporal según edad

El PEJ cuesta dinero, 3.485 millones de euros, y por lo tanto, su impacto, teniendo en cuenta este coste económico, puede muy bien ser negativo. El gobierno hubiese acertado más utilizando los 3.485 millones de euros que va a costar en Plan de Empleo Joven, mejorando la Administración y el aparato Judicial de este país, mejorando la formación de los jóvenes, mejorando el acceso al crédito, otorgando seguridad jurídica y certeza a las empresas,  y reformando la regulación del mercado laboral para conseguir un entorno más favorable al emprendimiento y a la contratación estable de trabajadores jóvenes. Mientras empresarios y sindicatos puedan seguir refugiándose en el colchón de la flexibilidad que ofrece el gran número de trabajadores temporales, muchos de ellos jóvenes, no tendrán incentivos a ajustar las condiciones laborales de los trabajadores indefinidos de edad más avanzada para abrir la puerta a una contratación más estable de trabajadores jóvenes.