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[post_content] => Después de su victoria en el referéndum de febrero de 2009, Chávez con una mayor acumulación de poder está radicalizando sus políticas. Los procesos de nacionalización siguen extendiéndose de forma imparable en sectores estratégicos: energía, producción de alimentos básicos, financiero y medios de comunicación. En este sentido la oposición venezolana, en bloque rechazó la clausura de 34 emisoras de radio el sábado pasado por una decisión administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La represión a la oposición y a la disidencia es ahora menos sutil. El caso más destacado es el de Manuel Rosales, su mayor rival político desde las elecciones de 2006 y actual alcalde de Maracaibo, que en abril solicitó asilo político a Perú.
El ajuste económico está siendo más intenso de lo esperado
La economía se ha enfriado de forma rápida e intensa: el PIB tendrá, este año un crecimiento negativo del 4,1% debido al desplome en el sector industrial (-11%). Este deterioro es atribuible al hundimiento de la confianza de los empresarios y de la inversión en capital y, sobre todo, al impacto de la caída en el precio del crudo sobre las exportaciones, que se contraerán más de un 30% este año (el petróleo supone el 90% del total de las exportaciones).
Incluso en este escenario de estancamiento, los precios se han desmarcado de la tendencia mundial de deflación o desinflación. La devaluación del bolívar, durante el segundo semestre, una mayor restricción sobre las importaciones y la monetización del déficit fiscal llevarán a la inflación por encima del 30% a finales de este año. Se trata de la típica situación de estanflación: crecimiento negativo de la actividad económica con precios creciendo por encima del 30%. Chávez culpa al sector privado del deterioro de la economía y, por el momento, está usando ese pretexto para profundizar en las nacionalizaciones y en el control total del estado sobre la economía. La típica política económica intervencionista basada en controles directos y en la socialización de los medios de producción.
Además, la posición fiscal ha sufrido un brusco deterioro. En torno al 50% de los gastos públicos se financian a través de los ingresos de PDVSA. La empresa pública petrolera ha duplicado su plantilla desde 2003, y ahora se dedica, además, a actividades tales como construir viviendas, importar alimentos, gestionar unidades agrícolas, o financiar actividades educativas para adultos. Además, PDVSA ha venido asumiendo gastos de 24.000 millones de dólares procedentes de los precios "subvencionados" para Cuba y otros países vecinos. Esta descapitalización de PDVSA y el acoso al que el gobierno somete a las empresas extranjeras están comprometiendo el futuro económico del país.
Por el momento, el hecho de que el gobierno revisara en marzo su presupuesto para 2009 refleja la gravedad de la situación para las cuentas públicas. A pesar de que hacer explícito un objetivo de reducción de gasto y hacer progresos en la normalización de los impuestos supone un primer paso en la buena dirección, Chávez sigue sin dar su brazo a torcer en dos de las medidas más demandadas: establecer un precio más alto sobre la gasolina (subvencionado y fijado en 0,17 dólares/galón, el más bajo del mundo); y devaluar la moneda fijada oficialmente en 2,15 dólares/bolívar desde abril de 2005, cuando en el mercado negro cotiza 7 dólares/bolívar.
Fuente: Servicio de Estudios de Caja Madrid. Observador Latinoamericano. julio de 2009.
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