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El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. La semana que viene se inicia su tramitación parlamentaria. Estas cuentas públicas son electoralistas y no son las que, desde mi punto de vista, necesita la economía española. El presidente Sánchez las defiende con el propósito de agotar la legislatura.

Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).
Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.
Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.
Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.
Aumentan los Impuestos
Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.
Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.
Hay que reducir el gasto público corriente
Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.
La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.
De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.
Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.
El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.
Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en https://nakataka.main.jp/slot-server-thailand/ noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.
En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.
Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.
Fuente:  Rafael Pampillón. "¿Son los Presupuestos que necesita España?". Expansión, 12 de enero de 2019.
 
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. La semana que viene se inicia su tramitación parlamentaria. Estas cuentas públicas son electoralistas y no son las que, desde mi punto de vista, necesita la economía española. El presidente Sánchez las defiende con el propósito de agotar la legislatura.

Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).

Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.

Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.

Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Aumentan los Impuestos

Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.

Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.

Hay que reducir el gasto público corriente

Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.

La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.

Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.

El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.

Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en https://nakataka.main.jp/slot-server-thailand/ noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.

En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.

Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.

Fuente:  Rafael Pampillón. «¿Son los Presupuestos que necesita España?«. Expansión, 12 de enero de 2019.