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    [post_content] => El INE publicó la semana pasada que, dentro de 50 años, los españoles mayores de 64 años serán 14 millones, frente a los 9 millones que son hoy. Además, como consecuencia de la drástica caída en la tasa de natalidad (una de las más bajas de Europa, con 1,33 hijos por mujer), la población española se reducirá desde los 46 millones actuales a los 41 millones. Así, la proporción de mayores de 64 años se doblará, pasando a representar el 34,5% del total en 2066, frente al 17,5% de 2016.

En cinco décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, las españolas, con una esperanza de vida de 85 años frente a una media europea de 80, están entre las más longevas, mientras que los hombres españoles se sitúan en los 80 años frente a una media de 73 en el viejo continente.

Viviremos más

En la pirámide adjunta se puede observar como en 2066 (color morado) el número de personas entre 75 y más de 100 años es muy superior a la que habrá 2031 y hay en 2016. Ya nadie duda de que cada vez alcanzaremos edades más elevadas, gracias a los notables avances sanitarios, y eso generará muchas dificultades para conseguir mantener el sistema de pensiones y de salud públicas.

¿Hasta cuándo va a seguir aumentando nuestra expectativa de vida? La investigación científica se dirige, cada vez más, a descubrir soluciones a los problemas relacionados con la edad. Señalan que nuestro cuerpo envejece porque, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando desperfectos que lo dañan. Es como un coche viejo, pero susceptible de arreglarse. ¿Acaso no hay automóviles muy antiguos que se conservan en perfectas condiciones? El objetivo pasa por encontrar tratamientos capaces de desacelerar el proceso de degradación del organismo, para mantenerlo saludable durante más tiempo.

Pensiones no garantizadas

Esta mayor longevidad vendrá acompañada de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que sí lo hacen. En otras palabras, la proporción de gente que trabaja respecto al conjunto de la población está disminuyendo. Así, según el INE, en 2066, por cada persona en edad de trabajar, habrá en España otra que no estará en edad de hacerlo, porque será menor de 16 años o mayor de 64. En concreto, la tasa de dependencia se elevará hasta casi el 90%, partiendo del 50% actual.

Por tanto, un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor contingente de jubilados. Aquéllos, por consiguiente, tendrán que pagar cada vez más para que se puedan seguir prestando los servicios sociales a los mayores: pensiones y gastos médicos. La Seguridad Social consumirá, de año en año, una parte más sustanciosa de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad de garantizar el actual sistema público de pensiones español.

Ante la bomba demográfica que tenemos delante, y que acabará explotando, diversos economistas y organismos multilaterales han venido sugiriendo al Estado Español la implementación de políticas tales como: prolongar todavía más la edad de retiro, eliminar la jubilación temprana, compatibilizar el cobro de la pensión con seguir trabajando y, por tanto, cotizando, incrementar los fondos de pensiones privados obligando a los trabajadores a cotizar en ellos, ampliar la recaudación fiscal o incentivar el número de nacimientos. Cabe hacer notar que, de no aplicarse estas medidas, España tendrá que poner en marcha una política migratoria similar a la ejecutada en países como Canadá y Australia, con el fin de incorporar personas jóvenes que mantengan el sistema de pensiones en los años venideros. De lo contrario, colapsará. El problema es tan grave y de tan difícil solución que hay quien está planteando que los robots deberían entrar en el sistema pensional, lo cual se puede interpretar como un impuesto a las empresas como forma de recompensar a la sociedad por la eliminación de puestos de trabajo.

Aumento de la productividad 

Sin embargo, pagar por tener robots desincentiva su uso y, en consecuencia, daña la productividad, precisamente cuando que ésta aumente es la mejor solución al actual problema de las pensiones. Y es que, a mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social.

¿Y cómo aumentar la productividad? Pues a través de la mejora en la innovación tecnológica y el capital humano. En este sentido, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos (recortando la grasa que sobra en el conjunto de las Administraciones Públicas) y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la productividad, como es el caso de la educación y la investigación. Algo absolutamente necesario en un contexto de permanente cambio tecnológico. Es bien conocido que la llamada Cuarta Revolución Industrial avanza a un ritmo imparable, trasformando la manera en la que trabajamos y nos relacionamos. Un nuevo sistema conformado por cuatro pilares: la revolución digital, la ingeniería genética, la robótica y la inteligencia artificial.

Esta revolución tecnológica, como todas las anteriores, viene acompañada de cambios profundos en las formas de producir. De ahí la necesidad de que la población activa se prepare para dirigirse hacia esos nuevos sectores. Es decir, que para evitar el desempleo futuro, es preciso incentivar a los trabajadores para que se reconviertan profesionalmente y alcancen un nivel de formación que se adecué en mayor medida a lo que están demandando las empresas.

Desde la Primera Revolución Industrial hasta la actual revolución tecnológica, los principales inventos y avances científicos y su aplicación en la industria han generado importantes ganancias de productividad, mejora en el nivel de vida y, a medio plazo, incrementos en el nivel de empleo.

En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que ya es una realidad y que se acentuará todavía más en las próximas décadas, exige adoptar políticas que faciliten la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución que pasa por el aumento de la productividad. El nuevo Gobierno de España se encuentra frente a la necesidad de resolver un problema en el que convergen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de respuestas inmediatas. Los representantes del pueblo no pueden seguir esperando de brazos cruzados a ver cómo evoluciona la población. Ya es de dominio público: viviremos muchos más años.

Fuente: Rafael Pampillón "Las consecuencias económicas del envejecimiento." Expansión,  22 de octubre de 2016. Página 26.
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En cinco décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, las españolas, con una esperanza de vida de 85 años frente a una media europea de 80, están entre las más longevas, mientras que los hombres españoles se sitúan en los 80 años frente a una media de 73 en el viejo continente.

Viviremos más

En la pirámide adjunta se puede observar como en 2066 (color morado) el número de personas entre 75 y más de 100 años es muy superior a la que habrá 2031 y hay en 2016. Ya nadie duda de que cada vez alcanzaremos edades más elevadas, gracias a los notables avances sanitarios, y eso generará muchas dificultades para conseguir mantener el sistema de pensiones y de salud públicas.

¿Hasta cuándo va a seguir aumentando nuestra expectativa de vida? La investigación científica se dirige, cada vez más, a descubrir soluciones a los problemas relacionados con la edad. Señalan que nuestro cuerpo envejece porque, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando desperfectos que lo dañan. Es como un coche viejo, pero susceptible de arreglarse. ¿Acaso no hay automóviles muy antiguos que se conservan en perfectas condiciones? El objetivo pasa por encontrar tratamientos capaces de desacelerar el proceso de degradación del organismo, para mantenerlo saludable durante más tiempo.

Pensiones no garantizadas

Esta mayor longevidad vendrá acompañada de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que sí lo hacen. En otras palabras, la proporción de gente que trabaja respecto al conjunto de la población está disminuyendo. Así, según el INE, en 2066, por cada persona en edad de trabajar, habrá en España otra que no estará en edad de hacerlo, porque será menor de 16 años o mayor de 64. En concreto, la tasa de dependencia se elevará hasta casi el 90%, partiendo del 50% actual.

Por tanto, un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor contingente de jubilados. Aquéllos, por consiguiente, tendrán que pagar cada vez más para que se puedan seguir prestando los servicios sociales a los mayores: pensiones y gastos médicos. La Seguridad Social consumirá, de año en año, una parte más sustanciosa de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad de garantizar el actual sistema público de pensiones español.

Ante la bomba demográfica que tenemos delante, y que acabará explotando, diversos economistas y organismos multilaterales han venido sugiriendo al Estado Español la implementación de políticas tales como: prolongar todavía más la edad de retiro, eliminar la jubilación temprana, compatibilizar el cobro de la pensión con seguir trabajando y, por tanto, cotizando, incrementar los fondos de pensiones privados obligando a los trabajadores a cotizar en ellos, ampliar la recaudación fiscal o incentivar el número de nacimientos. Cabe hacer notar que, de no aplicarse estas medidas, España tendrá que poner en marcha una política migratoria similar a la ejecutada en países como Canadá y Australia, con el fin de incorporar personas jóvenes que mantengan el sistema de pensiones en los años venideros. De lo contrario, colapsará. El problema es tan grave y de tan difícil solución que hay quien está planteando que los robots deberían entrar en el sistema pensional, lo cual se puede interpretar como un impuesto a las empresas como forma de recompensar a la sociedad por la eliminación de puestos de trabajo.

Aumento de la productividad

Sin embargo, pagar por tener robots desincentiva su uso y, en consecuencia, daña la productividad, precisamente cuando que ésta aumente es la mejor solución al actual problema de las pensiones. Y es que, a mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social.

¿Y cómo aumentar la productividad? Pues a través de la mejora en la innovación tecnológica y el capital humano. En este sentido, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos (recortando la grasa que sobra en el conjunto de las Administraciones Públicas) y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la productividad, como es el caso de la educación y la investigación. Algo absolutamente necesario en un contexto de permanente cambio tecnológico. Es bien conocido que la llamada Cuarta Revolución Industrial avanza a un ritmo imparable, trasformando la manera en la que trabajamos y nos relacionamos. Un nuevo sistema conformado por cuatro pilares: la revolución digital, la ingeniería genética, la robótica y la inteligencia artificial.

Esta revolución tecnológica, como todas las anteriores, viene acompañada de cambios profundos en las formas de producir. De ahí la necesidad de que la población activa se prepare para dirigirse hacia esos nuevos sectores. Es decir, que para evitar el desempleo futuro, es preciso incentivar a los trabajadores para que se reconviertan profesionalmente y alcancen un nivel de formación que se adecué en mayor medida a lo que están demandando las empresas.

Desde la Primera Revolución Industrial hasta la actual revolución tecnológica, los principales inventos y avances científicos y su aplicación en la industria han generado importantes ganancias de productividad, mejora en el nivel de vida y, a medio plazo, incrementos en el nivel de empleo.

En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que ya es una realidad y que se acentuará todavía más en las próximas décadas, exige adoptar políticas que faciliten la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución que pasa por el aumento de la productividad. El nuevo Gobierno de España se encuentra frente a la necesidad de resolver un problema en el que convergen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de respuestas inmediatas. Los representantes del pueblo no pueden seguir esperando de brazos cruzados a ver cómo evoluciona la población. Ya es de dominio público: viviremos muchos más años.

Fuente: Rafael Pampillón «Las consecuencias económicas del envejecimiento.» Expansión,  22 de octubre de 2016. Página 26.