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El Gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó esta semana que no es posible mantener la actual capacidad adquisitiva de las pensiones españolas en el largo plazo. Se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se vuelve a levantar la voz para conseguir un cambio que permita resolver este problema. Los trabajadores españoles se enfrentan una vez más a la incertidumbre de si el Estado será capaz o no de pagar en el futuro unas pensiones que cubran las necesidades que puedan tener en su vejez.
Desde hace años, muchos economistas venimos advirtiendo a los distintos gobiernos de España sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios futuros como consecuencia del mayor gasto en sanidad y materia de pensiones. También los organismos internacionales, en sus informes sobre la economía española, suelen insistir sobre la necesidad de modificar el sistema de pensiones: alargar todavía más la edad de jubilación, introducir elementos de capitalización, aumentar la natalidad, etc. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones es otra salida, pero muy impopular y muy ineficiente.
Envejecimiento
¿Por qué tanta preocupación sobre las pensiones? La respuesta más extendida a esta pregunta es que en muy pocas décadas España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. Un ejemplo: los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años (que es la población juvenil y que son 4 millones) son en número un 26% menos que la población que tienen 10 años más y que, por tanto están entre los 26 y 34 años (5,4 millones). Una realidad que muestra una pirámide de población invertida, lo que significa que  cada año que pasa un menor número de trabajadores tendrán que mantener a un mayor número de pensionistas.

 Este rápido proceso de envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la tasa de fecundidad –una de las más bajas del mundo (1,2 hijos por mujer) – y del aumento de la esperanza de vida. En la actualidad las mujeres nacidas en España están entre las europeas más longevas con 86 años, frente a una media en Europa de 83, mientras los hombres se sitúan en los 80 –la media europea masculina está en 78 años–. Ambos elementos –baja natalidad y aumento de la esperanza de vida– determinan ese progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento del gasto en pensiones. 
Así, esta semana se ha publicado que el gasto en pensiones ha aumentado en junio un 3% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento no es consecuencia de que se esté pagando una mayor pensión por jubilado, que prácticamente está congelada, sino al aumento en el número de pensionistas. O lo que es lo mismo, cada año que pasa solo por la incorporación de nuevos jubilados el gasto en pensiones aumenta un 3%. Un ritmo que con el tiempo irá creciendo y que si no se tomasen otras medidas sería necesario que los jubilados cobrasen menos  o bien que aumentasen las cotizaciones sociales. Aumentar las cotizaciones no parece viable por dos motivos: 1) porque equivaldría a subir el impuesto sobre el trabajo lo que provocaría más desempleo y 2) porque estamos inmersos en un entorno de moderación de costes laborales que está permitiendo mejorar la competitividad de la economía y con esa mejora aumentar el crecimiento económico, el empleo y la recaudación.
Aumenta la actividad económica
Efectivamente, gracias a esa moderación salarial, España lleva dos años de recuperación económica y parece que estamos siguiendo por ese camino. Según informó esta semana el Banco de España en este segundo trimestre la economía creció el 1% con respecto al primero. En términos anualizados (multiplicando el dato trimestral por cuatro, tal como se hace en EEUU) el PIB aumentó un 4% que es el ritmo de crecimiento más rápido desde que comenzó la crisis. 
En esta misma dirección va el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) que este martes dio a conocer el INE. Se trata de un indicador de coyuntura que permite observar, mes a mes, cómo evolucionan un conjunto de sectores económicos que representan el 50% del PIB español. El ICNE del mes de abril de 2015 corregido de efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado, encadenando catorce meses de crecimientos ininterrumpidos. 
Toda esta información, junto con el imparable crecimiento del empleo, confirma el fuerte aumento de la actividad económica. Una situación sorprendentemente positiva que si se mantuviese en el tiempo facilitaría, aunque no solucionaría, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Efectivamente, una mayor producción de bienes y servicios no sólo tiene repercusiones positivas sobre el mercado laboral, generando más empleo y más masa salarial; sino que también significa mayores ingresos para la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales.
Pero para mantener las elevadas tasas de crecimiento y de empleo actuales se precisa ser muy constantes en las políticas económicas que se han venido aplicando en los últimos años y que han permitido que nuestra economía esté en equilibrio. Efectivamente, los trabajadores y las empresas han sufrido un duro proceso de devaluación interna que ha permitido eliminar el desequilibrio exterior (aumentando la competitividad de nuestras exportaciones) y reducir el déficit público y la tasa de paro. Esto se ha traducido en más empleo y más recaudación fiscal que están aumentando los ingresos públicos, también para poder pagar mejor las pensiones.
El problema de las pensiones también se está resolviendo, en parte, por el aumento de las personas que emigran ya que buena parte de ellas están desempleados. Según datos publicados esta semana por el INE, desde el año 2010, la población española se ha reducido en más de 400.000 personas. Lo que quiere decir, que cada vez un mayor número de residentes en España se va lo que baja el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo dejando más recursos para el Estado y, por tanto, también para el mantenimiento del sistema de pensiones.  
Pero no es suficiente. España, con una población menguante y envejecida debe seguir reformando el sistema de pensiones. De no hacerlo así, a medida que va pasando el tiempo cada vez menos trabajadores tendrán que pagar más impuestos porque el Gobierno necesitará atender más servicios sociales: pensiones y gastos médicos de los mayores. La Seguridad Social consumirá cada año que pase una parte más importante de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el actual sistema público de pensiones.
Fuente: Rafael Pampillón. "¿Es sostenible el sistema de pensiones?". Expansión, 27 de Junio de 2015. Pagina 47.
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El Gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó esta semana que no es posible mantener la actual capacidad adquisitiva de las pensiones españolas en el largo plazo. Se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se vuelve a levantar la voz para conseguir un cambio que permita resolver este problema. Los trabajadores españoles se enfrentan una vez más a la incertidumbre de si el Estado será capaz o no de pagar en el futuro unas pensiones que cubran las necesidades que puedan tener en su vejez.

Desde hace años, muchos economistas venimos advirtiendo a los distintos gobiernos de España sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios futuros como consecuencia del mayor gasto en sanidad y materia de pensiones. También los organismos internacionales, en sus informes sobre la economía española, suelen insistir sobre la necesidad de modificar el sistema de pensiones: alargar todavía más la edad de jubilación, introducir elementos de capitalización, aumentar la natalidad, etc. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones es otra salida, pero muy impopular y muy ineficiente.

Envejecimiento

¿Por qué tanta preocupación sobre las pensiones? La respuesta más extendida a esta pregunta es que en muy pocas décadas España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. Un ejemplo: los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años (que es la población juvenil y que son 4 millones) son en número un 26% menos que la población que tienen 10 años más y que, por tanto están entre los 26 y 34 años (5,4 millones). Una realidad que muestra una pirámide de población invertida, lo que significa que  cada año que pasa un menor número de trabajadores tendrán que mantener a un mayor número de pensionistas.

 Este rápido proceso de envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la tasa de fecundidad –una de las más bajas del mundo (1,2 hijos por mujer) – y del aumento de la esperanza de vida. En la actualidad las mujeres nacidas en España están entre las europeas más longevas con 86 años, frente a una media en Europa de 83, mientras los hombres se sitúan en los 80 –la media europea masculina está en 78 años–. Ambos elementos –baja natalidad y aumento de la esperanza de vida– determinan ese progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento del gasto en pensiones.

Así, esta semana se ha publicado que el gasto en pensiones ha aumentado en junio un 3% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento no es consecuencia de que se esté pagando una mayor pensión por jubilado, que prácticamente está congelada, sino al aumento en el número de pensionistas. O lo que es lo mismo, cada año que pasa solo por la incorporación de nuevos jubilados el gasto en pensiones aumenta un 3%. Un ritmo que con el tiempo irá creciendo y que si no se tomasen otras medidas sería necesario que los jubilados cobrasen menos  o bien que aumentasen las cotizaciones sociales. Aumentar las cotizaciones no parece viable por dos motivos: 1) porque equivaldría a subir el impuesto sobre el trabajo lo que provocaría más desempleo y 2) porque estamos inmersos en un entorno de moderación de costes laborales que está permitiendo mejorar la competitividad de la economía y con esa mejora aumentar el crecimiento económico, el empleo y la recaudación.

Aumenta la actividad económica

Efectivamente, gracias a esa moderación salarial, España lleva dos años de recuperación económica y parece que estamos siguiendo por ese camino. Según informó esta semana el Banco de España en este segundo trimestre la economía creció el 1% con respecto al primero. En términos anualizados (multiplicando el dato trimestral por cuatro, tal como se hace en EEUU) el PIB aumentó un 4% que es el ritmo de crecimiento más rápido desde que comenzó la crisis.

En esta misma dirección va el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) que este martes dio a conocer el INE. Se trata de un indicador de coyuntura que permite observar, mes a mes, cómo evolucionan un conjunto de sectores económicos que representan el 50% del PIB español. El ICNE del mes de abril de 2015 corregido de efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado, encadenando catorce meses de crecimientos ininterrumpidos.

Toda esta información, junto con el imparable crecimiento del empleo, confirma el fuerte aumento de la actividad económica. Una situación sorprendentemente positiva que si se mantuviese en el tiempo facilitaría, aunque no solucionaría, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Efectivamente, una mayor producción de bienes y servicios no sólo tiene repercusiones positivas sobre el mercado laboral, generando más empleo y más masa salarial; sino que también significa mayores ingresos para la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales.

Pero para mantener las elevadas tasas de crecimiento y de empleo actuales se precisa ser muy constantes en las políticas económicas que se han venido aplicando en los últimos años y que han permitido que nuestra economía esté en equilibrio. Efectivamente, los trabajadores y las empresas han sufrido un duro proceso de devaluación interna que ha permitido eliminar el desequilibrio exterior (aumentando la competitividad de nuestras exportaciones) y reducir el déficit público y la tasa de paro. Esto se ha traducido en más empleo y más recaudación fiscal que están aumentando los ingresos públicos, también para poder pagar mejor las pensiones.

El problema de las pensiones también se está resolviendo, en parte, por el aumento de las personas que emigran ya que buena parte de ellas están desempleados. Según datos publicados esta semana por el INE, desde el año 2010, la población española se ha reducido en más de 400.000 personas. Lo que quiere decir, que cada vez un mayor número de residentes en España se va lo que baja el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo dejando más recursos para el Estado y, por tanto, también para el mantenimiento del sistema de pensiones.  

Pero no es suficiente. España, con una población menguante y envejecida debe seguir reformando el sistema de pensiones. De no hacerlo así, a medida que va pasando el tiempo cada vez menos trabajadores tendrán que pagar más impuestos porque el Gobierno necesitará atender más servicios sociales: pensiones y gastos médicos de los mayores. La Seguridad Social consumirá cada año que pase una parte más importante de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el actual sistema público de pensiones.

Fuente: Rafael Pampillón. «¿Es sostenible el sistema de pensiones?«. Expansión, 27 de Junio de 2015. Pagina 47.