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    [post_content] => El Tribunal Supremo estadounidense ha prohibido que se utilice el sistema financiero de EEUU para atender al servicio de la deuda de Argentina si no cumple previamente con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de 2002 (holdouts). Debemos recordar que Argentina impagó en 2001 y reestructuró la deuda al año siguiente. Según Reinhart y Rogoff, Argentina impagó su deuda en cinco ocasiones desde 1950 (1951, 1956, 1982, 1989 y 2001). Por tanto, la sentencia bloquea el pago previsto de Argentina a finales de junio de 900 millones de dólares a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración. Los mercados argentinos reaccionaron muy mal al fallo del tribunal (el precio de algunos bonos y el índice Merval de la bolsa cayeron más de un 10%) y la agencia S&P rebajó la calificación del país hasta CCC- desde CCC+.

Argentina afirma que no tiene recursos ni voluntad para abonar el 100% de la deuda a los holdouts –implicaría un desembolso total de 15.000 millones de dólares, casi un 60% de sus reservas internacionales–, pero aún existe margen para evitar el impago, si bien cualquier decisión conllevará un elevado coste. Por un lado, puede negociar un descuento con los fondos de inversión que han llevado al país a los tribunales, asumiendo el desgaste político y el gasto financiero, pero cerrando definitivamente el problema. Esta opción permitiría rebajar el riesgo-país y recuperar la “normalidad”, si bien cualquier negociación con los holdouts debería cerrarse después del 31 de diciembre, cuando expire la cláusula que impide a Argentina ofrecerles mejores condiciones que las establecidas en la reestructuración (en otro caso, el resto de acreedores tendría derecho a las mismas condiciones). Por otro, el gobierno argentino puede buscar fórmulas para pagar a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración (93% del total) sin pasar por el sistema financiero estadounidense (podría intercambiar la deuda por una nueva bajo ley nacional), pero con ello no evitaría el riesgo permanente de embargos y Argentina seguiría sin acceso a los mercados internacionales. 

Esta victoria de los holdouts no sólo tiene implicaciones para Argentina, sino que puede influir negativamente en futuras reestructuraciones en otros países: sienta un precedente legal que crea incentivos para que los inversores internacionales sean más beligerantes en las negociaciones con los países en quiebra y más reacios a admitir quitas significativas. Aunque estos problemas tienen fácil solución si se incluyen claúsulas de acción colectiva. La introducción de cláusulas de acción colectiva no altera las obligaciones que se derivan de la Deuda del Estado y sólo facilita la posibilidad de acuerdos vinculantes para todos los tenedores, en el caso de que se plantearan modificaciones en alguna de sus condiciones esenciales.

Frente a los problemas de Argentina, Ecuador va a retornar a los mercados de capitales. El gobierno quiere aprovechar el buen momento de mercado y planea emitir 700 millones de dólares para diversificar sus fuentes de financiación. Desde el impago de 2008 por 3.200 millones de dólares, la mayoría de su financiación en divisas procede de acuerdos con China, algunos respaldados por petróleo (se estima que ha recibido de China 12.000 millones desde 2009). La rentabilidad del nuevo bono podría superar el 7%, rentabilidad muy atractiva en un contexto global con tipos de interés y volatilidades muy bajas. 

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El Tribunal Supremo estadounidense ha prohibido que se utilice el sistema financiero de EEUU para atender al servicio de la deuda de Argentina si no cumple previamente con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de 2002 (holdouts). Debemos recordar que Argentina impagó en 2001 y reestructuró la deuda al año siguiente. Según Reinhart y Rogoff, Argentina impagó su deuda en cinco ocasiones desde 1950 (1951, 1956, 1982, 1989 y 2001). Por tanto, la sentencia bloquea el pago previsto de Argentina a finales de junio de 900 millones de dólares a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración. Los mercados argentinos reaccionaron muy mal al fallo del tribunal (el precio de algunos bonos y el índice Merval de la bolsa cayeron más de un 10%) y la agencia S&P rebajó la calificación del país hasta CCC- desde CCC+.

Argentina afirma que no tiene recursos ni voluntad para abonar el 100% de la deuda a los holdouts –implicaría un desembolso total de 15.000 millones de dólares, casi un 60% de sus reservas internacionales–, pero aún existe margen para evitar el impago, si bien cualquier decisión conllevará un elevado coste. Por un lado, puede negociar un descuento con los fondos de inversión que han llevado al país a los tribunales, asumiendo el desgaste político y el gasto financiero, pero cerrando definitivamente el problema. Esta opción permitiría rebajar el riesgo-país y recuperar la “normalidad”, si bien cualquier negociación con los holdouts debería cerrarse después del 31 de diciembre, cuando expire la cláusula que impide a Argentina ofrecerles mejores condiciones que las establecidas en la reestructuración (en otro caso, el resto de acreedores tendría derecho a las mismas condiciones). Por otro, el gobierno argentino puede buscar fórmulas para pagar a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración (93% del total) sin pasar por el sistema financiero estadounidense (podría intercambiar la deuda por una nueva bajo ley nacional), pero con ello no evitaría el riesgo permanente de embargos y Argentina seguiría sin acceso a los mercados internacionales.

Esta victoria de los holdouts no sólo tiene implicaciones para Argentina, sino que puede influir negativamente en futuras reestructuraciones en otros países: sienta un precedente legal que crea incentivos para que los inversores internacionales sean más beligerantes en las negociaciones con los países en quiebra y más reacios a admitir quitas significativas. Aunque estos problemas tienen fácil solución si se incluyen claúsulas de acción colectiva. La introducción de cláusulas de acción colectiva no altera las obligaciones que se derivan de la Deuda del Estado y sólo facilita la posibilidad de acuerdos vinculantes para todos los tenedores, en el caso de que se plantearan modificaciones en alguna de sus condiciones esenciales.

Frente a los problemas de Argentina, Ecuador va a retornar a los mercados de capitales. El gobierno quiere aprovechar el buen momento de mercado y planea emitir 700 millones de dólares para diversificar sus fuentes de financiación. Desde el impago de 2008 por 3.200 millones de dólares, la mayoría de su financiación en divisas procede de acuerdos con China, algunos respaldados por petróleo (se estima que ha recibido de China 12.000 millones desde 2009). La rentabilidad del nuevo bono podría superar el 7%, rentabilidad muy atractiva en un contexto global con tipos de interés y volatilidades muy bajas.