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    [post_date] => 2012-09-30 17:08:16
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    [post_content] => La propuesta del Gobierno de España de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2013), se enmarcan en una situación de recesión de la economía española y de elevado nivel de desempleo. Un presupuesto que debe calificarse como restrictivo, ya que contempla una reducción del déficit público que pasaría del 6,3% del PIB previsto para este año al 4,5% para el año que viene.



Foto: Cristóbal Mntoro. Ministro de Hacienda del Gobierno de España

Presupuestos optimistas

Se le puede considerar también optimista, ya que la previsión  de crecimiento económico para España del año próximo contemplada en los PGE-13 es del -0,5% cuando el consenso de los economistas está el -1,5%. Una previsión optimista que se basa 1) en que las exportaciones de bienes y servicios crecerán el año que viene un 6% y 2) en la Estrategia de Política Económica aprobada el jueves  para mejorar la competitividad. Sin embargo, parece difícil que las exportaciones crezcan a ese ritmo cuando en 2012 crecerán un 1,6% y sobre todo porque este final de año coincide con un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la desaceleración de la economía mundial; en cuanto a las políticas de oferta, aunque son medidas bien enfocadas, deben aprobarse todavía e implementarse lo que llevará tiempo.

Como los ingresos y los gastos públicos están íntimamente ligados al crecimiento económico, un crecimiento menor se traduciría en menores ingresos fiscales, más gasto público y por tanto más déficit público, por lo que habrá que instrumentar nuevas medidas de ajuste, no contempladas en los PGE-2013 para alcanzar el objetivo de déficit. En este contexto, los presupuestos deberían haber contemplado una reducción del gasto adicional.

El ajuste en los Entes Territoriales

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, estos PGE representan menos del 50 por 100 del total del gasto de las Administraciones Públicas. De ahí que el control del déficit exija poner en marcha instrumentos para obligar a las CCAA a cumplir con sus compromisos. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de  los gastos, lo que a su vez daría credibilidad y confianza en España a los inversores. El Gobierno no debiera financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria. En este sentido todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

Desempleo

Parece también optimista la tasa de desempleo. Suponer, como lo hace PGE-2011, que este año el desempleo medio será del 24,6% y el año que viene del 24,3% se me antoja voluntarista. Eurostat publicó este mes que la tasa de paro de España fue en julio del 25,1% y de aquí a final de año parece que aumentará. Las empresas, aunque verán aumentar sus exportaciones, están sufriendo una disminución de la demanda nacional de sus productos por lo que quizás tendrán que reducir su producción y despedir mano de obra. Por tanto, en 2013, la economía española seguirá contrayéndose, lo que se traducirá en una notable destrucción de empleo, mayor de la prevista en los Presupuestos, y, por tanto, mayores gastos en prestaciones por desempleo.

El déficit público de 2012

Desconocemos todavía cuál será el cierre de las cuentas de las Administraciones públicas de 2012. Los datos más recientes sobre ejecución presupuestaria, muestran que el Estado Central acumuló entre enero y agosto un déficit de 4,26% del PIB, demasiado cerca del  previsto para todo el año que es del 4,5%. Aunque el Gobierno sigue confiando en alcanzar el objetivo de déficit para el conjunto del año, gracias a las medidas de ajuste fiscal aprobadas, debería explicar con más detalle cómo lo va a conseguir.

Tampoco sabemos con certeza cuál será el veredicto de los mercados sobre los PGE-2013 habrá que esperar a mañana. Mientras tanto y para ganar confianza el Gobierno deberá explicar a la troika (socios europeos, BCE y FMI) si habrá o no desviación en el déficit público de 2012 y consensuar con ellos cómo alcanzar el objetivo de 2013. Es evidente que conseguir este objetivo provocará más recesión a corto plazo pero estos efectos negativos se verán contrarrestados por la mejora de la confianza de empresarios e inversores.

La reducción de la carga de intereses

Los 38.500 millones de euros de pagos por intereses de la deuda que contemplan los PGE-2013 plantea la necesidad prioritaria de reducir esa partida y estabilizar, por tanto, la prima de riesgo alrededor de los 300 puntos básicos. Y eso significa pedir asistencia a la troika. Pero tanto si se pide ese rescate, como si no se pide, el Gobierno tendrá que cumplir con el objetivo de déficit previsto (4,5% del PIB), pese a la dureza que ello supone. Si el Gobierno lo pide es porque ese objetivo es condición para que la troika acepte la petición y permitir así que el BCE compre deuda en el mercado secundario. Si no lo pide porque el cumplimiento aumenta la confianza, bajará los tipos de interés y reducirá los gastos de intereses de la deuda.

Si se pide la asistencia, el Gobierno debe explicar bien a los agentes del mercado y a los ciudadanos qué representa exactamente la solicitud de respaldo, haciendo especial énfasis en que pedir el rescate no tiene por qué ser sinónimo de acudir a la línea de crédito del fondo de rescate, sino el paso que hay dar para activar el plan de compra ilimitada de deuda a corto plazo del BCE. Esa intervención del BCE no sólo quitaría presión a la prima de riesgo sino que reduciría también el gasto público y, por tanto, el déficit. Lo que reduciría las necesidades de emitir nueva deuda, alumbrando un círculo virtuoso que transmitiría una imagen de mayor solvencia de nuestro país y reduciría la desconfianza.

En resumen, el segundo Presupuesto del Gobierno Rajoy es optimista sobre el crecimiento y empleo de la economía española en 2013 y, por tanto, sobre los Ingresos y Gastos del Estado. En este contexto aunque el objetivo del déficit público del 4,5% sea difícil de alcanzar es irrenunciable. A corto plazo deprimirá la economía, pero es el precio que hay que pagar para recobrar la confianza de los mercados financieros y volver a contar con su financiación a precios sostenibles. Y habrá que esperar a la semana que entra para saber si los presupuestos y las medidas anunciadas el jueves van a contribuir a mejorar la credibilidad y confianza en la economía española.

Fuente: Rafael Pampillón. "El cumplimiento del déficit". Expansión. 29 de septiembre de 2012, página 55.
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La propuesta del Gobierno de España de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2013), se enmarcan en una situación de recesión de la economía española y de elevado nivel de desempleo. Un presupuesto que debe calificarse como restrictivo, ya que contempla una reducción del déficit público que pasaría del 6,3% del PIB previsto para este año al 4,5% para el año que viene.

Foto: Cristóbal Mntoro. Ministro de Hacienda del Gobierno de España

Presupuestos optimistas

Se le puede considerar también optimista, ya que la previsión  de crecimiento económico para España del año próximo contemplada en los PGE-13 es del -0,5% cuando el consenso de los economistas está el -1,5%. Una previsión optimista que se basa 1) en que las exportaciones de bienes y servicios crecerán el año que viene un 6% y 2) en la Estrategia de Política Económica aprobada el jueves  para mejorar la competitividad. Sin embargo, parece difícil que las exportaciones crezcan a ese ritmo cuando en 2012 crecerán un 1,6% y sobre todo porque este final de año coincide con un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la desaceleración de la economía mundial; en cuanto a las políticas de oferta, aunque son medidas bien enfocadas, deben aprobarse todavía e implementarse lo que llevará tiempo.

Como los ingresos y los gastos públicos están íntimamente ligados al crecimiento económico, un crecimiento menor se traduciría en menores ingresos fiscales, más gasto público y por tanto más déficit público, por lo que habrá que instrumentar nuevas medidas de ajuste, no contempladas en los PGE-2013 para alcanzar el objetivo de déficit. En este contexto, los presupuestos deberían haber contemplado una reducción del gasto adicional.

El ajuste en los Entes Territoriales

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, estos PGE representan menos del 50 por 100 del total del gasto de las Administraciones Públicas. De ahí que el control del déficit exija poner en marcha instrumentos para obligar a las CCAA a cumplir con sus compromisos. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de  los gastos, lo que a su vez daría credibilidad y confianza en España a los inversores. El Gobierno no debiera financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria. En este sentido todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

Desempleo

Parece también optimista la tasa de desempleo. Suponer, como lo hace PGE-2011, que este año el desempleo medio será del 24,6% y el año que viene del 24,3% se me antoja voluntarista. Eurostat publicó este mes que la tasa de paro de España fue en julio del 25,1% y de aquí a final de año parece que aumentará. Las empresas, aunque verán aumentar sus exportaciones, están sufriendo una disminución de la demanda nacional de sus productos por lo que quizás tendrán que reducir su producción y despedir mano de obra. Por tanto, en 2013, la economía española seguirá contrayéndose, lo que se traducirá en una notable destrucción de empleo, mayor de la prevista en los Presupuestos, y, por tanto, mayores gastos en prestaciones por desempleo.

El déficit público de 2012

Desconocemos todavía cuál será el cierre de las cuentas de las Administraciones públicas de 2012. Los datos más recientes sobre ejecución presupuestaria, muestran que el Estado Central acumuló entre enero y agosto un déficit de 4,26% del PIB, demasiado cerca del  previsto para todo el año que es del 4,5%. Aunque el Gobierno sigue confiando en alcanzar el objetivo de déficit para el conjunto del año, gracias a las medidas de ajuste fiscal aprobadas, debería explicar con más detalle cómo lo va a conseguir.

Tampoco sabemos con certeza cuál será el veredicto de los mercados sobre los PGE-2013 habrá que esperar a mañana. Mientras tanto y para ganar confianza el Gobierno deberá explicar a la troika (socios europeos, BCE y FMI) si habrá o no desviación en el déficit público de 2012 y consensuar con ellos cómo alcanzar el objetivo de 2013. Es evidente que conseguir este objetivo provocará más recesión a corto plazo pero estos efectos negativos se verán contrarrestados por la mejora de la confianza de empresarios e inversores.

La reducción de la carga de intereses

Los 38.500 millones de euros de pagos por intereses de la deuda que contemplan los PGE-2013 plantea la necesidad prioritaria de reducir esa partida y estabilizar, por tanto, la prima de riesgo alrededor de los 300 puntos básicos. Y eso significa pedir asistencia a la troika. Pero tanto si se pide ese rescate, como si no se pide, el Gobierno tendrá que cumplir con el objetivo de déficit previsto (4,5% del PIB), pese a la dureza que ello supone. Si el Gobierno lo pide es porque ese objetivo es condición para que la troika acepte la petición y permitir así que el BCE compre deuda en el mercado secundario. Si no lo pide porque el cumplimiento aumenta la confianza, bajará los tipos de interés y reducirá los gastos de intereses de la deuda.

Si se pide la asistencia, el Gobierno debe explicar bien a los agentes del mercado y a los ciudadanos qué representa exactamente la solicitud de respaldo, haciendo especial énfasis en que pedir el rescate no tiene por qué ser sinónimo de acudir a la línea de crédito del fondo de rescate, sino el paso que hay dar para activar el plan de compra ilimitada de deuda a corto plazo del BCE. Esa intervención del BCE no sólo quitaría presión a la prima de riesgo sino que reduciría también el gasto público y, por tanto, el déficit. Lo que reduciría las necesidades de emitir nueva deuda, alumbrando un círculo virtuoso que transmitiría una imagen de mayor solvencia de nuestro país y reduciría la desconfianza.

En resumen, el segundo Presupuesto del Gobierno Rajoy es optimista sobre el crecimiento y empleo de la economía española en 2013 y, por tanto, sobre los Ingresos y Gastos del Estado. En este contexto aunque el objetivo del déficit público del 4,5% sea difícil de alcanzar es irrenunciable. A corto plazo deprimirá la economía, pero es el precio que hay que pagar para recobrar la confianza de los mercados financieros y volver a contar con su financiación a precios sostenibles. Y habrá que esperar a la semana que entra para saber si los presupuestos y las medidas anunciadas el jueves van a contribuir a mejorar la credibilidad y confianza en la economía española.

Fuente: Rafael Pampillón. «El cumplimiento del déficit». Expansión. 29 de septiembre de 2012, página 55.