El Decreto Ley de ajuste presupuestario del pasado viernes presentó como una de las medidas estrella la rebaja de las prestaciones por desempleo contributivas (las que obtiene el trabajador por haber cotizado a la Seguridad Social) y asistenciales (las que se conceden además o después de haberse agotado el derecho a las contributivas). Esta medida ha causado gran revuelo en los medios de comunicación por tocar una de las vacas sagradas de nuestro sistema de protección social. Además es una de las medidas estrella en cuanto que su impacto sobre el ahorro presupuestario se cifra en más de 13,000 millones de euros, sólo por detrás del aumento del IVA.

La rebaja de las prestaciones por desempleo contributivas consiste en reducir del 60% al 50% la tasa de reposición (el porcentaje de salario repuesto con la prestación) a partir del séptimo mes de desempleo.  Respecto a las prestaciones asistenciales, el recorte afecta sobre todo a los trabajadores mayores de 45 años, un grupo especialmente proclive al paro de larga duración debido a sus escasas posibilidades de reinserción laboral una vez perdido el empleo.

Aunque el objetivo de esta medida es puramente fiscal, sería deseable que el gobierno aprovechase la actual coyuntura para introducir reformas de calado que sirviesen para mejorar de forma significativa nuestro mercado laboral. El gobierno no lo ha hecho, y Europa no se lo exige de forma suficientemente clara. Ambos se equivocan.

No cabe esperar un gran impacto de esta medida sobre la tasa de desempleo ni sobre la correcta asignación de los trabajadores. Por una parte, no se modifica el periodo máximo de duración de la prestación contributiva que sigue siendo de 24 meses. Por otro lado, el recorte de las prestaciones asistenciales afecta a un colectivo con escasas posibilidades de reinserción laboral. Por tanto, es previsible que esta medida tenga un impacto negativo sobre la capacidad de consumo de los hogares sin que en contrapartida contribuya a la mejora de nuestro mercado laboral. Aunque el gobierno estima un ahorro de más de 13,000 millones de euros, es sensato dudar de este cálculo debido a los efectos de segunda ronda que este tipo de políticas tiene normalmente. A la reducción en el consumo (y por tanto en la recaudación fiscal) derivado del menor ingreso de los desempleados, hay que sumarle el efecto negativo sobre la economía derivado del impacto psicológico sumamente negativo que se produce cuando el gobierno de un país desprovee uno de los pilares del sistema de protección social.

Además, y lo que es más importante, el Decreto Ley no introduce ninguna novedad importante respecto a las políticas activas de empleo, la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de protección a los desempleados. Las políticas activas de empleo son las que se encargan de reciclar, reorientar e incentivar a los desempleados para que encuentren y acepten ofertas de empleo. El énfasis en las políticas activas de empleo ha sido la clave para que países como Dinamarca presenten una tasa de desempleo alrededor del 5% a pesar de ofrecer a sus ciudadanos uno de los sistemas de prestación por desempleo más generosos del mundo.

Dinamarca es el paradigma del llamado modelo de Flexiguridad. Este modelo se basa en la idea de que es mejor proteger al trabajador que al puesto de trabajo. En un mundo cambiante y globalizado, el trabajador medio tendrá que cambiar de puesto de trabajo varias veces a lo largo de su vida laboral. Una economía flexible, pero benevolente con el trabajador, exige que se facilite esa transición de un puesto de trabajo a otro y que al mismo tiempo se proteja al trabajador cuando realice estos cambios de trabajo. En Dinamarca esto se ha conseguido eliminando casi por completo las indemnizaciones por despido y aumentado en cambio la generosidad de las prestaciones por desempleo. Para que el modelo no sufriese del obvio problema de incentivos, se le dotó de otro pilar: una muy buena política activa de empleo. Dinamarca gasta en la actualidad unos 20.000 € por trabajador desempleado en políticas activas de empleo. España no llega a los 2.000 €. El resultado es que mientras los trabajadores en Dinamarca cambian rápidamente de un empleo a otro, en España, el desempleo de larga duración se extiende sobre la población desempleada a pesar de la aparente facilidad en la contratación de los trabajadores temporales.

España necesita la financiación de los mercados y el apoyo de Europa (lo segundo es clave para mantener lo primero). Pero España no convencerá a los mercados ni a Europa si lo único que hace es implementar políticas de ajuste fiscal. Para convencer a los mercados y a Europa, España debe sentar las bases para un crecimiento económico sostenible. En lugar de arañar unos euros al presupuesto público rebajando las prestaciones por desempleo, el gobierno de España debería haber ambicionado una reforma de nuestro sistema de protección al desempleado que contribuya al crecimiento económico. Esta ambiciosa reforma pasa por cambiar radicalmente nuestras políticas activas de empleo. España no lo ha hecho ahora ni lo hizo en el contexto de la última reforma laboral. Sin la confianza de nuestro gobierno en estas medidas, Europa no apuesta por nosotros. Y sin la ayuda de Europa, los mercados nos cerrarán las puertas. España necesita transmitir confianza a Europa y Europa debe enviar el mensaje de que apoyará a los gobiernos que ambicionen algo más que la mera aritmética fiscal de corto plazo. Ambos deben apostar de forma clara y decidida por políticas de oferta, cuyos frutos suelen obtenerse en el medio y largo plazo.