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Parece que el beneplácito que los mercados dieron al nuevo gobierno del Partido Popular ha durado poco y en sólo un mes el diferencial de tipos de interés entre el bono español y el alemán ha subido 100 puntos básicos, alcanzando máximos desde que llegase Mariano Rajoy a la Moncloa y situándose sólo a setenta puntos básicos de la zona de alta especulación en la que el fantasma del rescate aparece con fuerza.

Prima de riesgo del bono español a 10 años (fuente: Bloomberg)

El gobierno presidido por Mariano Rajoy está lanzando mensajes ambiguos al mercado. La celeridad e intensidad de algunas de las reformas aprobadas por el ejecutivo español (principalmente la laboral) se han visto oscurecidas por errores en el apartado de política fiscal y presupuestaria. Las dos medidas estrellas de política fiscal han sido hasta ahora la subida del IRPF y la recuperación de la deducción por vivienda. Ambas medidas van en dirección contraria y algunos cálculos cifran su impacto neto en el déficit público cercano a cero o incluso negativo. El desaguisado se completó hace escasos días cuando el gobierno anunció una amnistía fiscal de dudosa efectividad y a la que se han opuesto varias comunidades autónomas, generando la sensación de que el ejecutivo y las comunidades autónomas están descoordinadas. El resultado en otros países donde se ha intentado esta medida ha sido muy pobre y a pesar de ello el gobierno ha dedicado muy pocos esfuerzos a explicar los motivos y el impacto esperado.

El gobierno debe reducir su déficit en unos treinta y cinco mil millones de euros (aprox. 3,5% del PIB) para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos. Tanto si este ajuste se realiza por la vía de más impuestos o por la vía de menos gasto su impacto en la actividad económica y en la tasa de desempleo serán negativos. Estos efectos de segunda ronda limitan la efectividad de las políticas de ajuste. Se calcula que cada euro de recorte en el gasto público reduce el déficit fiscal en no más de 55 céntimos. Cuando se reduce el gasto público o suben los impuestos, baja la actividad económica, se recauda menos, sube el paro y sube el gasto en subsidios por desempleo. La consecuencia es que la citada reducción del déficit exige un recorte de gasto de unos sesenta mil millones de euros (6% del PIB!). No hay economía que aguante semejante ajuste y esto es lo que los mercados están considerando. En tan sólo cinco años hemos pasado de una deuda pública del 35% del PIB al 80% del PIB (estimación para finales de 2012) con unos costes de financiación entorno al 2,5% del PIB. El argumento de que nuestro nivel de deuda era inicialmente bajo (lo cual es cierto) ya no vale. Los mercados no temen nuestro nivel de deuda, temen su rápido crecimiento.

Ante tan preocupante panorama no le quedan al ejecutivo de Mariano Rajoy muchas alternativas. En cambio el gobierno entretiene a los mercados anunciando mediante una nota de prensa ahorros en sanidad y educación por valor de diez mil millones de euros fruto de la eliminación de duplicidades e ineficiencias. No se explica qué duplicidades ni qué ineficiencias. La sensación de improvisación empieza a ser preocupante y demasiado familiar. Esperanza Aguirre ha lanzado más leña al fuego proponiendo la devolución de competencias clave desde las comunidades autónomas al gobierno central. Mariano Rajo ha tenido que desmentir cualquier intención del gobierno de seguir esta propuesta. Esto exigiría un cambio de modelo y constitucional que ahora mismo el país no puede permitirse. De nuevo, crece la sensación de falta de control por parte del gobierno, de improvisación, y los mercados responden castigando. ¿Reaccionará el gobierno a las presiones de la ortodoxia económica que exige ahondar en dos medidas de gran calado ya utilizadas anteriormente: subir el IVA y bajar el sueldo a los funcionarios? En cualquier caso una cosa queda clara. El gobierno de España debe tomarse muy en serio mejorar la comunicación de las medidas de ajuste fiscal que proponga en el futuro. En una crisis de confianza como esta, la buena comunicación es esencial.
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Prima de riesgo del bono español a 10 años (fuente: Bloomberg)

El gobierno presidido por Mariano Rajoy está lanzando mensajes ambiguos al mercado. La celeridad e intensidad de algunas de las reformas aprobadas por el ejecutivo español (principalmente la laboral) se han visto oscurecidas por errores en el apartado de política fiscal y presupuestaria. Las dos medidas estrellas de política fiscal han sido hasta ahora la subida del IRPF y la recuperación de la deducción por vivienda. Ambas medidas van en dirección contraria y algunos cálculos cifran su impacto neto en el déficit público cercano a cero o incluso negativo. El desaguisado se completó hace escasos días cuando el gobierno anunció una amnistía fiscal de dudosa efectividad y a la que se han opuesto varias comunidades autónomas, generando la sensación de que el ejecutivo y las comunidades autónomas están descoordinadas. El resultado en otros países donde se ha intentado esta medida ha sido muy pobre y a pesar de ello el gobierno ha dedicado muy pocos esfuerzos a explicar los motivos y el impacto esperado.

El gobierno debe reducir su déficit en unos treinta y cinco mil millones de euros (aprox. 3,5% del PIB) para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos. Tanto si este ajuste se realiza por la vía de más impuestos o por la vía de menos gasto su impacto en la actividad económica y en la tasa de desempleo serán negativos. Estos efectos de segunda ronda limitan la efectividad de las políticas de ajuste. Se calcula que cada euro de recorte en el gasto público reduce el déficit fiscal en no más de 55 céntimos. Cuando se reduce el gasto público o suben los impuestos, baja la actividad económica, se recauda menos, sube el paro y sube el gasto en subsidios por desempleo. La consecuencia es que la citada reducción del déficit exige un recorte de gasto de unos sesenta mil millones de euros (6% del PIB!). No hay economía que aguante semejante ajuste y esto es lo que los mercados están considerando. En tan sólo cinco años hemos pasado de una deuda pública del 35% del PIB al 80% del PIB (estimación para finales de 2012) con unos costes de financiación entorno al 2,5% del PIB. El argumento de que nuestro nivel de deuda era inicialmente bajo (lo cual es cierto) ya no vale. Los mercados no temen nuestro nivel de deuda, temen su rápido crecimiento.

Ante tan preocupante panorama no le quedan al ejecutivo de Mariano Rajoy muchas alternativas. En cambio el gobierno entretiene a los mercados anunciando mediante una nota de prensa ahorros en sanidad y educación por valor de diez mil millones de euros fruto de la eliminación de duplicidades e ineficiencias. No se explica qué duplicidades ni qué ineficiencias. La sensación de improvisación empieza a ser preocupante y demasiado familiar. Esperanza Aguirre ha lanzado más leña al fuego proponiendo la devolución de competencias clave desde las comunidades autónomas al gobierno central. Mariano Rajo ha tenido que desmentir cualquier intención del gobierno de seguir esta propuesta. Esto exigiría un cambio de modelo y constitucional que ahora mismo el país no puede permitirse. De nuevo, crece la sensación de falta de control por parte del gobierno, de improvisación, y los mercados responden castigando. ¿Reaccionará el gobierno a las presiones de la ortodoxia económica que exige ahondar en dos medidas de gran calado ya utilizadas anteriormente: subir el IVA y bajar el sueldo a los funcionarios? En cualquier caso una cosa queda clara. El gobierno de España debe tomarse muy en serio mejorar la comunicación de las medidas de ajuste fiscal que proponga en el futuro. En una crisis de confianza como esta, la buena comunicación es esencial.