Hoy me gustaría iniciar una serie de artículos sobre la reforma de las pensiones. Parece que ésta se va a centrar en dos asuntos clave: por un lado, la prolongación del período de cómputo para el cálculo de la pensión -que ahora mismo es de quince años- y, por otro, la prolongación en la edad de jubilación hasta los 67 años.

En este primer post daré mi visión de la primera cuestión, que me parece muy adecuada por razones de justicia “intrageneracional” y en el próximo abordaré la prolongación hasta los 67 años, que entiendo que es adecuada por razones de justicia “intergeneracional”.

Imaginen los lectores dos recién jubilados. Ambos cotizaron 35 años a la Seguridad Social. El primero cotizó todos esos años por la cuantía máxima, mientras que el segundo cotizó 20 años al mínimo, y los últimos 15 años su cotización fue máxima. Hoy ambos jubilados cobran la misma pensión, aunque su contribución al sistema ha sido muy diferente. ¿Por qué ambos cobran lo mismo? Porque para calcular la cuantía de la pensión nuestro sistema sólo considera lo cotizado en los últimos 15 años. De ahí hacia atrás sólo importa el número de años cotizados, no la cuantía que se aportó al sistema. En esos primeros 20 años lo único que importa es si se cotizó o no, pero no si uno aportó más o menos.

No parece un sistema muy “justo”: es más lógico tener en cuenta lo que un individuo cotizó toda toda su vida laboral, y no sólo en los últimos años de su carrera. ¿Por qué se hace entonces así? En el origen de nuestro sistema de pensiones la respuesta era clara: era imposible conocer lo cotizado en el pasado lejano, porque no existían registros fiables de cotizaciones a la Seguridad Social que se remontasen suficientemente en el tiempo. Por eso, por ese desconocimiento de la “historia de cotización” de los españoles, en los primeros compases de nuestro sistema actual el cómputo de la pensión sólo tenía en cuenta lo cotizado  en los últimos dos años. Dicho plazo se fue extendiendo hasta los quince años actuales. Y ahora parece haber acuerdo en el seno del Pacto de Toledo para su extensión a 20 años.

Esta modificación, que aportaría justicia al sistema, tiene un problema: si no se modifican otros elementos del cálculo de las pensiones, generará pensiones más bajas para los nuevos jubilados cuyos salarios hace veinte años (y en los cinco años siguientes) fuesen en promedio inferiores a los de sus últimos quince años laborales. Si el salario promedio de los últimos veinte años de vida laboral es inferior al salario promedio de los últimos quince años, entonces una persona cobrará una pensión más baja, suponiendo que no se modifique nada más del sistema actual -es decir, si no se modifican los porcentajes que se aplican a la base media de cotización, que depende de dicho salario medio.

En definitiva todo parece indicar que estamos ante una reforma de doble filo: es más justa, pero generará ganadores y perdedores si sólo se expande el período de cómputo de lo cotizado.