Tras una larga espera, el viernes conocíamos por fin los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, anunciada a bombo y platillo por el PSOE y presentada por el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero apenas hace tres días.

Aún es muy pronto para analizar su eficacia, pero podemos hacer ya unas primeras valoraciones. En primer lugar, creo que uno de los grandes aciertos de esta ley es transmitir a la sociedad el mensaje claro de que nuestro antiguo modelo de crecimiento está en sus últimos estertores, siendo necesario por tanto un cambio. Y un cambio dirigido hacia el que es el paradigma de la competitividad de las economías desarrolladas: innovación, tecnología, internacionalización, competencia, eficiencia de las AAPP, etc.

Pero, por supuesto, una ley no transforma el patrón de especialización productiva de una economía tan compleja e importante como la española. Tal y como han reconocido desde el Gobierno (aunque con la boca pequeña para no empañar el show que rodea a la política de nuestros días), el cambio de modelo lo debe protagonizar la sociedad española, desde la total libertad con que los distintos agentes tomen sus decisiones, siempre dentro del marco legal vigente.

Es en ese punto donde más falla, en mi opinión, la nueva ley. No se contemplan reformas estructurales de calado, que son las que permitirían que la libre iniciativa privada, tanto de empresas como de trabajadores y ciudadanos, condujera el anhelado cambio mediante sus actuaciones en mercados eficientes en la asignación de recursos. Por ejemplo, no se dice nada acerca de la reforma del mercado laboral, uno de los más ineficientes del mundo desarrollado, como demuestran nuestras tasas de paro. Tampoco se plantean estrategias bien definidas acerca del modelo energético al que debemos aspirar.

En otras palabras, la ley plantea muchas, muchísimas pequeñas medidas, pero ninguna reforma estructural profunda. Además, algunas de esas medidas eran, en gran parte, conocidas y simplemente se les ha puesto un nuevo y más atractivo envoltorio. Esto supone un peligro, que choca con la llamada al cambio de modelo que hace la propia ley. El peligro reside en la tentación de caer en la autocomplacencia, obnubilados por las muchas cosas que parecen hacerse pero que, en la realidad, son buenos detalles y no políticas ni programas de largo recorrido.

También llama la atención que en el programa de política económica implícito en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, no se apuntan medidas ni políticas claramente coherentes con la nueva Ley. De hecho, algunas de las apuntadas son directamente contradictorias con esa Economía Sostenible, como el recorte presupuestario para la inversión pública en áreas impulsoras de la economía del conocimiento

De todos modos, aunque sea en gran parte una lista de objetivos o deseos, la ley señala cuestiones muy relevantes para nuestra economía y nuestro futuro en las que conviene trabajar muy duro. Es el caso de la simplificación administrativa, la mejora de la formación profesional (y de toda la educación) o la internacionalización empresarial, por señalar sólo algunas.

Confiemos en que el Gobierno entienda esta ley como lo que es -una declaración de objetivos- y no la confunda con lo que no es –una garantía de que el cambio de modelo se producirá-. Si así lo hace, si la concibe como un primer paso en un largo camino, habrá de estar dispuesto a enfrentarse a las muchas reformas necesarias, aun a costa del descontento popular que en algunos momentos supongan. La sociedad española es una sociedad madura; seguro que sabrá entender el porqué de esas reformas y aceptarlas si cuenta con información rigurosa de los efectos benéficos que generarán en el futuro próximo. No le hurtemos esa posibilidad.