Archivo de diciembre/2009

Ayer la red se inundó de internautas apoyando el Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales de Internet». No quiero entrar en el debate sobre los puntos  a los que se refiere este manifiesto, (aqui podeis encontrar el manifiesto en el Blog de Enrique Dans), pero quiero poner el acento en otra cuestión: las medidas proteccionistas y el desarrollo tecnológico. La teoría económica básica explica como la imposición de una tarifa o de algún tipo de control al acceso de una mercancia impide la libre comercializacion del mismo y por extensión, la reducción del bienestar entre los diferentes agentes que participan en la transacción. Seguir leyendo…

El día de hoy ha sido muy interesante en términos de noticias económicas. Por un lado se han hecho públicos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre y, por otra parte, hemos podido escuchar el debate en el Congreso sobre esto tan curioso de la Ley de la Economía Sostenible.

Hoy tocaré el primero de los temas, para lo que quiero recordar las palabras de nuestro presidente en una entrevista en El País Semanal el pasado 28 de junio, en la que afirmaba que: «Creemos que lo peor para el empleo ya ha pasado». Pues bien, desde el momento de dichas declaraciones el paro registrado ha crecido en 304.000 personas, de las que 60.593 corresponden al mes de noviembre, el publicado hoy. Y, en paralelo, la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido en el mismo período en 250.000 personas, de las que 61.276 se han perdido en noviembre. Sin duda son malas noticias, ya que, por ejemplo, el dato de paro registrado es el peor en un mes de noviembre, con la única excepción del de 2008, desde principios de los años 90.

Lo peor para el empleo no ha pasado, como ponen de manifiesto los datos y las previsiones para 2010. Un error es confundir un menor ritmo de caída con haber alcanzado el fondo de la crisis. Parece bastante obvio que mientras se siga cayendo no se ha llegado todavía al fondo, tanto en materia de PIB como en cuestión de empleo. Otra cuestión totalmente distinta es si el ritmo de caída se ha moderado, es decir, si hemos superado el punto de inflexión, y eso sí parece haber sucedido ya. La realidad es que todo apunta a que en el conjunto de 2010 la economía española seguirá en recesión y que de registrarse crecimientos positivos intertrimestrales del PIB eso sólo sucedería a partir de la segunda mitad del año. Y ojo, eso no garantiza en absoluto que se deje de destruir empleo. De hecho confluyen dos factores para pensar justamente lo contrario: el primero, que el empleo es una variable retrasada respecto al PIB, es decir, que el decrecimiento del PIB en el 2010 tendrá consecuencias negativas para el empleo con un cierto desfase de tiempo; y el segundo factor es que la economía española necesita un cierto nivel mínimo de crecimiento positivo para poder crear empleo de manera sostenible, un umbral de crecimiento que probablemente no está por debajo del 2%, y ese es un nivel de crecimiento que, con suerte, veremos en 2011.

Tras una larga espera, el viernes conocíamos por fin los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, anunciada a bombo y platillo por el PSOE y presentada por el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero apenas hace tres días.

Aún es muy pronto para analizar su eficacia, pero podemos hacer ya unas primeras valoraciones. En primer lugar, creo que uno de los grandes aciertos de esta ley es transmitir a la sociedad el mensaje claro de que nuestro antiguo modelo de crecimiento está en sus últimos estertores, siendo necesario por tanto un cambio. Y un cambio dirigido hacia el que es el paradigma de la competitividad de las economías desarrolladas: innovación, tecnología, internacionalización, competencia, eficiencia de las AAPP, etc.

Pero, por supuesto, una ley no transforma el patrón de especialización productiva de una economía tan compleja e importante como la española. Tal y como han reconocido desde el Gobierno (aunque con la boca pequeña para no empañar el show que rodea a la política de nuestros días), el cambio de modelo lo debe protagonizar la sociedad española, desde la total libertad con que los distintos agentes tomen sus decisiones, siempre dentro del marco legal vigente.

Es en ese punto donde más falla, en mi opinión, la nueva ley. No se contemplan reformas estructurales de calado, que son las que permitirían que la libre iniciativa privada, tanto de empresas como de trabajadores y ciudadanos, condujera el anhelado cambio mediante sus actuaciones en mercados eficientes en la asignación de recursos. Por ejemplo, no se dice nada acerca de la reforma del mercado laboral, uno de los más ineficientes del mundo desarrollado, como demuestran nuestras tasas de paro. Tampoco se plantean estrategias bien definidas acerca del modelo energético al que debemos aspirar.

En otras palabras, la ley plantea muchas, muchísimas pequeñas medidas, pero ninguna reforma estructural profunda. Además, algunas de esas medidas eran, en gran parte, conocidas y simplemente se les ha puesto un nuevo y más atractivo envoltorio. Esto supone un peligro, que choca con la llamada al cambio de modelo que hace la propia ley. El peligro reside en la tentación de caer en la autocomplacencia, obnubilados por las muchas cosas que parecen hacerse pero que, en la realidad, son buenos detalles y no políticas ni programas de largo recorrido.

También llama la atención que en el programa de política económica implícito en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, no se apuntan medidas ni políticas claramente coherentes con la nueva Ley. De hecho, algunas de las apuntadas son directamente contradictorias con esa Economía Sostenible, como el recorte presupuestario para la inversión pública en áreas impulsoras de la economía del conocimiento

De todos modos, aunque sea en gran parte una lista de objetivos o deseos, la ley señala cuestiones muy relevantes para nuestra economía y nuestro futuro en las que conviene trabajar muy duro. Es el caso de la simplificación administrativa, la mejora de la formación profesional (y de toda la educación) o la internacionalización empresarial, por señalar sólo algunas.

Confiemos en que el Gobierno entienda esta ley como lo que es -una declaración de objetivos- y no la confunda con lo que no es –una garantía de que el cambio de modelo se producirá-. Si así lo hace, si la concibe como un primer paso en un largo camino, habrá de estar dispuesto a enfrentarse a las muchas reformas necesarias, aun a costa del descontento popular que en algunos momentos supongan. La sociedad española es una sociedad madura; seguro que sabrá entender el porqué de esas reformas y aceptarlas si cuenta con información rigurosa de los efectos benéficos que generarán en el futuro próximo. No le hurtemos esa posibilidad.