Hoy se aprueban los Presupuestos Generales del Estado español del año 2010 (PGE-2010). Unos presupuestos que, como ya hemos señalado en este blog, son poco realistas y poco adecuados para salir de la severa crisis económica que atraviesa España. Los síntomas de la crisis española son bien conocidos: déficit con el exterior, endeudamiento de las familias y empresas, elevado déficit público y aumento exponencial de la deuda de las Administraciones Públicas, crecimiento muy negativo de la inversión en viviendas y en bienes de equipo, fuerte aumento del desempleo y caída del consumo de las familias. Las empresas, por su parte, están sufriendo una disminución en la demanda de sus productos lo que reduce su producción y el empleo. El PIB descenderá en 2009 un 4%. 

La salida de la crisis va a depender, en buena medida, de la política económica del gobierno; uno de los instrumentos de esa política son los PGE-2010. Sin embargo, los presupuestos, que se aprueban hoy en el Congreso de los Diputados, no van en la buena dirección. La subida de impuestos sobre el consumo (a partir de junio de 2010) y el ahorro, que se presupuestan, van a empeorar la situación económica y ralentizar la salida de la crisis: en vez de una caída del 0,3% en el crecimiento del PIB, en 2010, que contemplan los presupuestos la reducción podría ser cercana al 1%. En circunstancias como las actuales, de incertidumbre y de posible cambio en el ciclo económico, el gobierno debería haber evitado subir los impuestos y reducir en cambio más el gasto público. 

Estos presupuestos, que se aprobarán hoy, dibujan un escenario demasiado optimista que puede perjudicar la credibilidad del gobierno y por tanto la confianza de los agentes económicos. De ahí que el gobierno debería haber pactado con el principal partido de la oposición otros PGE-2010 que contemplasen otra política tributaria y una mayor reducción del gasto público en aquellas partidas menos necesarias. Se podrían eliminar, por ejemplo, varios ministerios que sobran y dejar de gastar en aquellas partidas que no van a mejorar la productividad de la economía. Con ello la confianza en nuestros gobernantes mejoraría y lo que es más importante nos pondríamos en camino para resolver los problemas que padece la economía española.