Como todo el mundo sabe de sobra, la crisis actual está golpeando con inusitada virulencia a nuestro mercado de trabajo. Tenemos el dudoso honor de ser el país que destruye empleo en mayor cuantía y a mayor velocidad, síntoma inequívoco en mi opinión de que algo no funciona bien en el mercado laboral español. No es, evidentemente, un diagnóstico original, puesto que muchos analistas han señalado las rigideces de este mercado como una de las principales deficiencias de nuestra economía. Pero hoy sí me gustaría tratar una cuestión relacionada con ese diagnóstico y que, entre las muchas destacables en este ámbito, recibe menos atención que otras posibles reformas del mercado laboral. Me refiero a las políticas activas de empleo y a las que el Círculo de Empresarios ha hecho referencia en su último documento publicado el pasado mes de marzo sobre el mercado de trabajo.

La intermediación en el mercado

Las políticas activas de empleo tienen un doble objetivo: facilitar la conexión entre demanda y oferta de trabajo e incrementar la empleabilidad de los trabajadores. La primera de las metas requiere buenos sistemas de intermediación entre trabajadores y empresas, para que ambas partes puedan lograr un mejor ajuste entre las vacantes existentes y las personas disponibles y dispuestas a ocuparlas. Por supuesto, el principal problema que vivimos hoy no es la falta de ese ajuste, sino la ausencia de ofertas de empleo. Pero de cara al futuro, hay que replantearse el papel del Servicio Público de Empleo. Cuando la economía crecía y creaba empleo, se producían desequilibrios por la convivencia de bolsas de desempleo con muchas vacantes sin cubrir. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, la fragmentación sin coordinación de este servicio en múltiples servicios autonómicos, prácticamente desconectados entre sí, junto con un uso ineficaz de los recursos, lo hace muy ineficiente. Como leí hace algún tiempo que decía un sindicato español, las oficinas de empleo en España huelen a desempleo. No se ve en ellas actividad de verdadera intermediación en el mercado. Esto debe cambiar. Es necesario dotar a estas oficinas de un funcionamiento más eficiente, con la introducción de criterios de excelencia en la gestión, similares a los que se aplican en el servicio público de empleo austríaco. Los profesionales deberían convertirse en asesores especializados, capaces de dar un tratamiento personalizado a cada caso. La información debería fluir (¿no estamos en la era de las tecnologías de la información? ¡Aprovechémoslas! ) Entre otras cosas, ello exige una mejor coordinación de los servicios autonómicos en ausencia de la cual seguirá produciéndose una compartimentalización regional del mercado que impide su ajuste. Para potenciar la eficiencia del sistema, también merece la pena pensar en la posibilidad de permitir la entrada de empresas privadas que ofrezcan estos servicios de intermediación, garantizando siempre el escrupuloso cumplimiento de la legalidad y los derechos de los trabajadores.

Formación y empleabilidad

En cuanto al segundo de los objetivos –la empleabilidad de los trabajadores–, hay que decir que el sistema de formación ocupacional no ha sabido, en la mayoría de casos, situar al trabajador en la senda formativa adecuada para incrementar su capital humano en consonancia con la demanda del mercado. Aquí la reforma debe dirigirse también a la personalización del servicio, con profesionales que orienten adecuadamente al trabajador y con una oferta formativa actualizada, valiosa, no limitada a cursos idénticos para todos.

Insisto, éstas no son fórmulas para salir de la crisis. Pero sí reformas que deberían permitirnos un despegue más rápido y un crecimiento continuado una vez comience la recuperación.