Esta mañana el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha hecho públicos los datos de paro y contratos registrados y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de enero. El signo de las cifras no ha sorprendido a los analistas, aunque algún servicio de estudios vaticinaba un incremento mayor del desempleo en el pasado mes.
El incremento del paro registrado ha sido de 198.838 personas durante el mes de enero, lo que ha elevado la cifra de parados algo por encima de los 3,32 millones de personas, una cifra que constituye un nuevo record en este registro del INEM. Los meses de enero son tradicionalmente unos meses malos para el paro registrado, ya que suelen producirse importantes incrementos, pero el dato de este enero de 2009 prácticamente triplica el aumento promedio en los eneros desde principio de esta década, que se cifra en unos 74.000 parados más.
El mes pasado escuchamos algunas voces optimistas de políticos nacionales, que habían augurado un cambio de tendencia al observar que los aumentos en noviembre y diciembre habían sido inferiores a los de octubre, sin reparar en el fuerte carácter estacional de esta variable. Probablemente tengan que reorientar nuevamente su discurso, ya que la realidad se mantiene tozuda, con un aumento interanual del paro de 1.065.876 personas y una pérdida de afiliación a la Seguridad Social 979.055 personas en los últimos doce meses.
Y es que con optimismo no se van a resolver los problemas. Suele ser útil tener contacto con la realidad, para realizar un diagnóstico de las necesidades y de las reformas a acometer.
El ámbito de las políticas de estímulo de la demanda por vía presupuestaria está agotado, tal y como ha reconocido el propio Solbes recientemente: con un déficit público en 2009 probablemente por encima del 6% del PIB no hay margen para seguir desarrollando “inventivas” del estilo de la reducción de 400 euros en el pago del IRPF a las rentas medias y altas o los 11.000 millones de gasto corriente destinado a los ayuntamientos (tema estrella del famoso Plan E). Estas ocurrencias, que no sólo no se han comido todo el colchón presupuestario, sino que han generado un nuevo endeudamiento adicional cifrado en unos 1.500 euros por cada español, han tenido un efecto nulo como elementos generadores de empleo.
El ámbito de actuación pasa necesariamente por el impulso de reformas estructurales y actuaciones por el lado de la oferta. Un aspecto en el que la necesidad de reformas es bastante obvio es el mercado laboral. Esta idea no es algo nuevo, ya que nuestra estructura de relaciones laborales está totalmente anticuada, procede del régimen franquista y no se adapta a las necesidades de un mercado de trabajo moderno y dinámico. Y esto no lo digo sólo yo, sino que lo llevan diciendo durante más de 10 años todos los organismos internacionales relevantes (Comisión Europea o FMI) y nacionales (Banco de España, por ejemplo). Pero esta línea de actuación está cerrada por el momento, ya que el Gobierno ha tirado la toalla en este terreno y le ha dejado toda la responsabilidad a los agentes sociales, entre los que alguno de sus líderes ya se ha apresurado a apuntar que nuestro mercado de trabajo no precisa de ninguna reforma en absoluto.
Otro aspecto fundamental es el de recuperar la calidad de nuestro sistema de enseñanza y el reconocimiento del esfuerzo. Constituye éste un tema clave para que la competitividad de nuestra economía pueda despegar. Es una reforma de largo plazo y ámplio calado, pero por desgracia parece que lo que en estos momentos importa es si a los niños en el colegio se les enseña o no Educación para la Ciudadanía, y parece no preocupar que casi el 40% de los jóvenes españoles no son capaces de terminar los estudios obligatorios y que la calidad de la formación recibida en niveles superiores se va degradando hasta tal punto que alumnos universitarios son descartados en procesos de selección por no ser capaces de escribir un párrafo, en español, sin faltas de ortografía y de sintaxis.
Podríamos extendernos hasta el infinito con otras necesidades: reformas estructurales y liberalizadoras, reforma energética que reduzca nuestra dependencia del exterior y que tenga en cuenta las energías renovables, por supuesto, pero también y fundamentalmente, que retome el impulso a la energía nuclear, y un largo etcétera. Pero eso podrá ser objeto de otra entrada en el futuro.
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