Los datos son tozudos, muy tozudos. Tanto que los responsables de nuestra política económica han debido rendirse a la incontestable evidencia de que la economía española se tambalea, como muy acertadamente titulaba Rafa Pampillón su entrada de ayer.
Ya no sirven aquellas medidas que el Gobierno anunciaba cuando aún creía ver a nuestra economía más o menos a salvo de las vicisitudes de la coyuntura internacional. Ahora nadie duda de que son necesarias reformas de alcance, y de que no basta con meras operaciones de cosmética. De hecho, como adelantara el Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 24 reformas. La cuestión clave es hasta dónde se atreverá el Ejecutivo a llevar esas reformas.
No debemos olvidar que una de las obligaciones de los gestores de la política económica de un país es tratar de asegurar las condiciones que hacen posible la prosperidad, el crecimiento sostenido de la economía. En una palabra, impulsar lo que se conoce como “competitividad” de la economía. Muchos analistas advertían largo tiempo atrás, cuando España crecía a un ritmo muy superior al de sus vecinos, de los graves problemas de competitividad que nos aquejaban y que siguen haciéndolo. Problemas cuyos síntomas más palpables están en los múltiples desequilibrios acumulados –déficit exterior creciente, endeudamiento del sector privado, inflación, etc.-. Estaba claro que el modelo de crecimiento se agotaba y que sólo era cuestión de tiempo una ralentización de la actividad. Para nuestra desgracia, el momento de purgar los excesos y corregir los desequilibrios nos ha llegado de forma muy brusca por los efectos de la crisis internacional.
Pero esto no debe hacernos perder la perspectiva. Lo más importante sigue siendo asentar en España las bases de una mayor competitividad, un modelo económico moderno, capaz de elevar nuestro ritmo de crecimiento potencial de manera sostenida en el tiempo. Se trata de un desafío a medio y largo plazo, que precisa de reformas en muchos ámbitos, desde el mercado laboral hasta el sector energético, pasando por las normativas y leyes que regulan la actividad económica. Algunas de dichas reformas tardarán tiempo –más que el de una legislatura- en surtir los efectos deseados, como es el caso de la educación.
En el pasado, esas reformas se postergaron, con la justificación tácita de que las cosas iban bien y el PIB crecía a buen ritmo. Sería un gran desacierto caer de nuevo en el mismo error, ahora bajo el pretexto de que hay que aparcar las reformas más profundas para poner en marcha medidas urgentes que hagan posible sortear la actual crisis. ¿Queremos pan para hoy y hambre para mañana?