Lo primero que se debe señalar es que la huelga de transportistas que sufrimos desde ayer en España no es una huelga en sentido estricto, es decir no es un paro de los tarbajadores, sino que es un cierre patronal. No es un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios sino un conflicto entre empresarios y gobierno. Este cierre patronal que se ha denominado “huelga de los transportistas” se está saldando, por ahora, con enormes atascos en algunas carreteras españolas, colas en los hipermercados y en las gasolineras y el riesgo a un desabastecimiento generalizado que podría producirse si el conflicto se alarga 2 ó 3 días más. Muchos ciudadanos están teniendo problemas para comprar comida y gasolina.

Los conflictos laborales y empresariales constituyen una inevitable realidad dentro de la dinámica de la sociedad industrial moderna. La huelga, por su trascendencia y efectos, es el instrumento reivindicativo más importante y también es el último recurso en un conflicto cuando fallan las negociaciones. Pero el derecho de huelga significa que tiene que haber unos servicios mínimos así como también poner coto a ciertos desafueros, como el corte de carreteras, piquetes coactivos que agreden a los transportistas que no quieran secundar la huelga y otro tipo de actividades que pueden paralizar el país y hacen muy difícil la vida al resto de los ciudadanos.

El ejercicio del derecho a la huelga debe acomodarse a determinados condicionantes, tanto de forma como de fondo, en la medida en que incide sobre realidades y situaciones que afectan, no solo al destinatario directo o inmediato de la misma (en este caso el gobierno), sino a terceros, en este caso el resto de los ciudadnos que también quedamos afectados por las consecuencias y efectos de aquella. Esta huelga persigue mejorar, la situación económica de las empresas del transporte pero debe haber siempre garantías precisas que aseguren el mantenimiento del orden, del tráfico y de los servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos sociales deben ser administrados por el Gobierno de forma que se mantenga y respete el orden y unos servicios mínimos esenciales en sectores estratégicos, como son el transporte, la sanidad, la limpieza o la seguridad ciudadana.