España ha conseguido en muy pocos años convertirse en un estado altamente descentralizado en el que las autonomías gestionan competencias claves como educación, sanidad, cultura o distribución comercial. Este proceso se ha realizado con éxito y sin ninguna tensión política grave. Desde una óptica puramente económica, la existencia de un estado descentralizado puede redundar en una mayor eficiencia en la economía si la descentralización conduce a la creación de un sistema competitivo en el que los distintos entes públicos regionales compiten entre sí en la provisión de mejores y más eficientes servicios públicos y/o compiten alternativamente en elegir una menor carga impositiva a sus administrados. Por el contrario, lejos de esta mayor eficiencia, en España hay varios indicadores que denotan que el desarrollo del estado autonómico ha ido acompañado por el contrario de una mayor ineficiencia del sistema a través de un mayor intervencionismo del sector público autonómico en la economía.

Este tema es el objeto de estudio en un working paper realizado junto con Francisco Marcos y Albert Sánchez con algunas conclusiones plasmadas en un artículo publicado este mes de Mayo en la revista Consejeros. De todos los números el más ilustrativo en nuestra opinión es el relacionado con el número de funcionarios. El Gráfico adjunto, extraído del artículo mencionado muestra la evolución del número de funcionarios de la administración central y de las Comunidades Autónomas desde el año 1990.

Mientras el número de funcionarios del Estado se ha estancado desde el año 2000, alrededor de poco más de quinientos mil 1, el número de funcionarios autonómicos se ha disparado, creciendo desde los novecientos mil que había en julio del 2000 -justo después de la última gran ola de transferencia de competencias hacia las autonomías- hasta el millón doscientos cincuenta y nueve mil que hay en la actualidad; con una tendencia creciente ciertamente notable. Para hallar el número total de los funcionarios en España habría que sumar a esta cifra los funcionarios de las administraciones locales que están estabilizados en alrededor de seiscientos mil. El total a junio de 2007 era de dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil funcionarios, o a un ratio de un funcionario por cada 20 habitantes2 .

Este efecto del incremento del número de personas trabajando para la función pública inevitablemente detrae recursos del sector privado bien a través de los impuestos necesarios para financiar este aumento de personal, bien a través de del menor número de personas disponibles para trabajar en el sector privado. Además, las Comunidades Autónomas (aunque no todas) se han caracterizado por una verdadera “inflación legislativa” multiplicando la cantidad y el número de normas con el consiguiente gasto para las empresas. Todo ello repercute en una menor competitividad de nuestras empresas, menor eficiencia y menor crecimiento económico. ¿Conseguiremos revertir la tendencia y evitar la asociación entre estado de las autonomías mayor intervencionismo público?
1 En enero del 2007 los funcionarios de la administración central eran 528.603 según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas.
2 Tomando en cuenta el último dato del padrón disponible en el INE, que indica una población total de 45,2 millones de habitantes.