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    [post_content] => En la entrada que puse el pasado fin de semana en este blog de economía sobre la fiscalidad  del alcohol y el tabaco, apuntaba que las  diferencias de precio que tienen esos productos en los distintos países de la Unión, vienen determinadas por la distinta presión fiscal a la que están sometidos. Pues bien, al igual que el tabaco y el alcohol son gravados con distinta intensidad en cada país de la Unión, con el resto de bienes y servicios que se comercializan ocurre lo mismo. Y con las rentas de trabajo, de capital o con las ganancias empresariales.  Es decir, en la Unión Europea, hay una gran diversidad tributaria.




Actualmente tenemos una política comercial común que establece un arancel común para todos los países y una política monetaria común en los países de la eurozona, que fija el mismo tipo de interés para todos  ellos. También tenemos otras muchas cosas en común: un Parlamento, tribunales y hasta una bandera. Pero no tenemos un sistema tributario común, ni nada que se le asemeje.   En España el IVA general es del 16%, del 19% en Alemania, del 21% en Portugal y del 25% en Hungría. Con los impuestos sobre los beneficios empresariales (Sociedades) y con los que gravan los rendimientos del trabajo o del capital ocurre algo similar. Y lo mismo pasa con la fiscalidad de los carburantes o con la del tabaco y el alcohol, como veíamos el otro día. Y hay países que tienen determinados impuestos, como el de Patrimonio, que en otros no existen. Y países que suben impuestos y otros que los bajan.

Pero además, si profundizamos más, nos encontramos con que esas diferencias se reproducen a escala nacional. Para ello, nada mejor que observar lo que ocurre dentro del territorio español: hay Comunidades Autónomas que han quitado el Impuesto sobre el Patrimonio y otras que lo mantienen; unas gravan a los carburantes con el céntimo sanitario y otras no; Baleares aplicó durante algún tiempo una ecotasa sobre determinados servicios turísticos y otras han aplicado vacaciones fiscales para atraer inversión. Hasta los Ayuntamientos se hacen competencia, muchas veces desleal, con el impuesto de circulación que vehículos.  ¿Es normal esta situación?

En una Europa con libertad de movimientos de capitales, mercancías y personas, con muchas políticas comunes y con el euro como moneda de 13 países, que serán 15 el próximo mes de enero, cada vez avanzamos más hacia reinos de taifas fiscales. Se dice que eso es bueno porque eso estimula la responsabilidad fiscal de las administraciones, pero yo me pregunto, si no es porque esas mismas administraciones no quieren perder la que probablemente es la última soberanía que les queda, una vez que casi todas las demás han sido transferidas a los organismos europeos: la fiscal. En otras palabras, ¿no sería deseable una mayor armonización fiscal en Europa, que por ejemplo evitase los efectos frontera (consumidores que cruzan la frontera para echar gasolina o para comprar tabaco) que se producen? O por el contrario, la multiplicidad fiscal existente, ¿estimula la competencia y acaba redundando en menor presión fiscal para consumidores y empresas?

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En la entrada que puse el pasado fin de semana en este blog de economía sobre la fiscalidad del alcohol y el tabaco, apuntaba que las diferencias de precio que tienen esos productos en los distintos países de la Unión, vienen determinadas por la distinta presión fiscal a la que están sometidos. Pues bien, al igual que el tabaco y el alcohol son gravados con distinta intensidad en cada país de la Unión, con el resto de bienes y servicios que se comercializan ocurre lo mismo. Y con las rentas de trabajo, de capital o con las ganancias empresariales. Es decir, en la Unión Europea, hay una gran diversidad tributaria.

Actualmente tenemos una política comercial común que establece un arancel común para todos los países y una política monetaria común en los países de la eurozona, que fija el mismo tipo de interés para todos ellos. También tenemos otras muchas cosas en común: un Parlamento, tribunales y hasta una bandera. Pero no tenemos un sistema tributario común, ni nada que se le asemeje. En España el IVA general es del 16%, del 19% en Alemania, del 21% en Portugal y del 25% en Hungría. Con los impuestos sobre los beneficios empresariales (Sociedades) y con los que gravan los rendimientos del trabajo o del capital ocurre algo similar. Y lo mismo pasa con la fiscalidad de los carburantes o con la del tabaco y el alcohol, como veíamos el otro día. Y hay países que tienen determinados impuestos, como el de Patrimonio, que en otros no existen. Y países que suben impuestos y otros que los bajan.

Pero además, si profundizamos más, nos encontramos con que esas diferencias se reproducen a escala nacional. Para ello, nada mejor que observar lo que ocurre dentro del territorio español: hay Comunidades Autónomas que han quitado el Impuesto sobre el Patrimonio y otras que lo mantienen; unas gravan a los carburantes con el céntimo sanitario y otras no; Baleares aplicó durante algún tiempo una ecotasa sobre determinados servicios turísticos y otras han aplicado vacaciones fiscales para atraer inversión. Hasta los Ayuntamientos se hacen competencia, muchas veces desleal, con el impuesto de circulación que vehículos. ¿Es normal esta situación?

En una Europa con libertad de movimientos de capitales, mercancías y personas, con muchas políticas comunes y con el euro como moneda de 13 países, que serán 15 el próximo mes de enero, cada vez avanzamos más hacia reinos de taifas fiscales. Se dice que eso es bueno porque eso estimula la responsabilidad fiscal de las administraciones, pero yo me pregunto, si no es porque esas mismas administraciones no quieren perder la que probablemente es la última soberanía que les queda, una vez que casi todas las demás han sido transferidas a los organismos europeos: la fiscal. En otras palabras, ¿no sería deseable una mayor armonización fiscal en Europa, que por ejemplo evitase los efectos frontera (consumidores que cruzan la frontera para echar gasolina o para comprar tabaco) que se producen? O por el contrario, la multiplicidad fiscal existente, ¿estimula la competencia y acaba redundando en menor presión fiscal para consumidores y empresas?