Uno de los problemas económicos de Venezuela (y de muchos países de América Latina) radica, en centrar su actividad productiva en sus abundantes recursos naturales y concentrar sus exportaciones en estos productos. Desgraciadamente Venezuela no tiene una estrategia de política económica que le permita mejorar su desarrollo económico. Esta abundancia de recursos naturales y su gestión y, por tanto, ocupación por parte del gobierno, puede ser perjudicial para su desarrollo. Los gobiernos de América Latina, (también el de Venezuela) deben enfocar su política económica en que sus economías diversifiquen su exportación, incorporando tecnología y valor a su producción y exportación. La nacionalización de los recursos naturales suelen tener severas limitaciones institucionales como corrupción, voracidad fiscal y otras, como, por ejemplo, no centrarse en lo importante: la diversificación. El modelo económico de Venezuela (y en general el de América Latina) se debe basar en la estabilidad macroeconómica, diversificación de la producción, mejores infraestructura, capital humano, capital de conocimiento y buen funcionamiento de las instituciones (respeto a los contratos, democracia, definir muy bien los derechos de propiedad, tener un banco central independiente, etc.). Esta debe ser la ocupación del gobierno y no la gestión directa de los recursos naturales.

Una estrategia, como la actual, basada simplemente en los recursos naturales o en la mano de obra barata difícilmente puede llevar a Venezuela y, en general, a América Latina a conseguir un crecimiento sostenido. Sin embargo, la estrategia de desarrollo de la región puede y debe partir de sus actuales ventajas relativas (modelo finlandés). Será a partir de esas ventajas comparativas, asociadas tanto a la abundancia de recursos naturales (productos primarios y turismo) y al bajo coste laboral (así como también a la proximidad al mercado de Estados Unidos para la exportación de manufacturas) donde la región debe diversificar su estructura productiva para construir sus ventajas a medio plazo. En este contexto, cobra especial relevancia la posibilidad de utilizar parte de los recursos provenientes de los altos precios de los productos primarios para apoyar la generación de encadenamientos que aumenten el contenido de valor añadido de los productos de exportación y para fortalecer el proceso de innovación. Pero esta utilización no exige la nacionalización. El problema es que ante la expropiación, la nacionalización o confiscación de empresas, sectores o activos, aumenta el riesgo político, y los inversores extranjeros y también los nacionales huyen y no se produce esa diversificación tan necesaria a partir de los recursos naturales. Insisto puede ser conveniente expandir un sector industrial alrededor del cluster de recursos naturales. Desgraciadamente, Venezuela extrae y exporta el recurso natural con el procesamiento mínimo indispensable a nivel nacional. Y aunque tiene actividades de procesamiento y exportación, no alcanza, sin embargo, a producir ni comercializar en el exterior (en una medida razonable) otros bienes (simples o sofisticados) que no sean los energéticos. Por ello el papel del Estado debe ser aumentar la cooperación entre las empresas locales y multinacionales para mejorar la inserción de la producción nacional diversificada en los mercados mundiales, fortalecer vínculos con otras actividades y desarrollar sectores conexos.