Acaban de hacerse públicos los últimos datos sobre las cuentas del Estado. Las noticias, aunque esperadas, no dejan de ser preocupantes. El primer semestre del año se cierra con un enorme boquete en forma de un déficit del 3,64% del PIB anual, es decir, 38.607 millones de euros. De acuerdo con la tendencia de los últimos meses, el déficit de la Administración Central podría irse por encima del 8% al finalizar el año en curso.

El creciente déficit es consecuencia tanto del derrumbe de la recaudación como del aumento del gasto, este último propiciado por una política fiscal centrada en estimular la demanda agregada. Los ingresos impositivos se han reducido en nada menos que una cuarta parte con respecto al primer semestre de 2008 (un 19% los impuestos directos y un 27% los impuestos indirectos). Esta caída ha incrementado su velocidad en junio, con una caída del 46,8% de los ingresos y con una reducción del IVA del 92% en términos de caja. 

Un desafío enorme para los próximos presupuestos
Ante este preocupante panorama, tendremos que aguardar a los nuevos Presupuestos Generales del Estado para conocer en detalle los planes del Gobierno de cara al próximo ejercicio, para el que las previsiones macroeconómicas tampoco son nada halagüeñas. La labor que espera a los responsables de Hacienda es de auténtico encaje de bolillos. Por un lado, los estímulos fiscales parecen una medida más que razonable en el actual escenario de desplome de la demanda agregada, paro galopante y perspectivas de que tardaremos en salir de esta situación, sobre todo careciendo de una política monetaria propia. Por otro lado, el margen de la política fiscal no es ilimitado, sino más bien lo contrario. De hecho, España está obligada por sus compromisos con la Unión Europea a plantear un retorno creíble a la senda de estabilidad presupuestaria por la que venía avanzando en los últimos años. A todo ello hay que sumar la necesaria transformación del modelo competitivo de la economía española, en la que la política fiscal tiene mucho que decir, por ejemplo en términos de incentivos fiscales, partidas de gasto prioritarias y control de la eficiencia con que se realiza el gasto. Lo dicho, una labor muy compleja, pero absolutamente imprescindible. Esperemos que el Gobierno sea capaz de adoptar esa perspectiva amplia en el diseño de los próximos presupuestos, y que el resto de administraciones implicadas se involucren en hacer frente a este desafío.