Llevamos un par de meses, a raíz de los datos de paro registrado, escuchando decir que la crisis había tocado fondo, que lo peor había pasado e, incluso, algún osado Ministro llegó a afirmar categoricamente que se había iniciado un cambio de tendencia. Pues bien, hoy supongo que los datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) habrán supuesto un jarro de agua fría para muchos miembros (y “miembras”) del Gobierno, pero sobre todo para los nuevos 126.700 parados que han surgido en el trimestre y para los 145.800 trabajadores ocupados que han visto como su empleo era destruido como consecuencia de una crisis económica que recordarán nuestros nietos.

Los datos que hoy hemos conocido implican que sólo en el último año el número de trabajadores en paro ha aumentado en 1.755.900 personas, lo que ha elevado la cifra de desempleados hasta un total de 4.137.500 personas. Asimismo, el número de trabajadores ocupados ha disminuido en 1,48 millones en los últimos cuatro trimestres, y es precisamente esta cifra la que mejor mide el fenómeno de la destrucción de empleo en nuestro país.

Como consecuencia de unos datos trimestrales tan negativos, la tasa de paro ha vuelto a crecer y se ha situado a las puertas del 18%, concretamente en el 17,92%. Teniendo en cuenta que los peores trimestres de 2009 en materia de empleo están todavía por venir, la previsión de muchos organismos oficiales nacionales e internacionales, que sitúan la tasa de paro a final de año en el entorno del 19-20% empieza a tener grandes dosis de verosimilitud, lo que constituye, sin ninguna duda, una malísima noticia.

Para hacer frente a estos malos datos el Gobierno ha tratado de acelerar in extremis el proceso de diálogo social para tener hoy algo, cualquier cosa, que en dicha materia puedan presentar junto con la foto con los agentes sociales. Sin embargo, y pese a las amenazas directas a la cúpula de la patronal, el resultado ha sido un chasco y aunque hoy en el Consejo de Ministros se apruebe un nuevo apaño, se han quedado sin foto, lo que para el presidente es una gran pérdida, puesto que, a mi juicio, tiene un gran error conceptual respecto al diálogo social, al confundir los fines con los medios. O dicho de otro modo: el diálogo social es una buenísima herramienta para consensuar decisiones, pero no puede convertirse en un fin en sí mismo. Si no hay acuerdo sobre las cuestiones de la negociación, el Gobierno tendrá que de una vez por todas asumir la responsabilidad de tomar decisiones, aunque sean impopulares y le pueda costar una huelga general. Así lo hizo, por ejemplo, Felipe González en la crisis de 1993 y la reforma que adoptó (sin consenso) en 1994.

En definitiva, la confluencia hoy de la publicación de los datos de la EPA con el Consejo de Ministros nos servirá para ver nuevos apaños para una crisis de la que, al menos en materia de desempleo, no se ve el final del túnel.