En muchos países de América Latina se vienen produciendo, desde hace varios años, protestas populares contra las privatizaciones. Los errores cometidos en el pasado hace que hoy resulte imposible impulsar procesos de privatización de las empresas públicas tanto las que producen bienes como petróleo o gas como las que prestan servicios de electricidad, agua, banca, salud, etc. Por ejemplo, últimamente se han producido huelgas y manifestaciones en contra la apertura de centros de salud de iniciativa privada o contra la privatización de los bancos estatales.

Aumentar la competencia

Es evidente que en América Latina en un contexto de crisis económica como el actual es más difícil que el pueblo acepte los aspectos positivos de las privatizaciones porque los costos inmediatos –como la pérdida de empleos – son muy visibles y porque, además, los gobiernos no son capaces de explicar a la sociedad los beneficios resultantes. Otra razón de este rechazo es porque desgraciadamente las privatizaciones en América Latina no siempre se han hecho bien. Es más, en muchos casos se han hecho mal. ¿Qué condiciones debe cumplir un buen programa de privatizaciones? Sobre este tema escribí un post (¿Para qué privatizar?) hace poco y a él me remito. Pero desgraciadamente esas condiciones no se cumplieron, en muchos procesos de privatización que se realizaron en la región en la década de los años 90 ¿Por qué? Porque bastantes privatizaciones han transformado los monopolios públicos en monopolios privados por lo que no se han generado todas las mejoras posibles en el servicio y todos los incrementos de la productividad en los sectores y empresas públicas privatizadas. Como consecuencia los ciudadanos no han podido disfrutar plenamente de más, mejores y más baratos bienes y servicios.

Necesidad de marcos regulatorios

En el caso de que las empresas que vende el estado sean monopolios naturales (que dado el avance tecnológico son cada vez más difíciles de encontrar) antes de la privatización bien hecha debe aprobarse siempre un marco regulador que recoja con total claridad las obligaciones de la nueva empresa privada que se crea y del Gobierno, cómo es el sistema de fijación de precios, las responsabilidades que se asumirán en caso de incumplimiento de las obligaciones a las que están sujetas, cuáles son las instancias de apelación etc. Y esto tampoco se ha hecho bien en la región. Y en bastantes casos en que se han aprobado esos marcos regulatorios después no se han cumplido.

Reducir la deuda pública

Otra razón que tenía América Latina para privatizar era reducir la deuda pública. En América Latina, desgraciadamente en muchos casos, las privatizaciones han ido acompañadas de aumento de gasto y de deuda pública y no de su reducción. Este es efectivamente un punto sumamente débil de las privatizaciones en América Latina ya que éstas no solo deben contribuir a disminuir parte de la deuda pública, sino que deben además reducir el déficit público al quedar eliminadas las subvenciones que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas del Estado. Si además las empresas una vez privatizadas realizan una mejor gestión empresarial deberán pagar mayores impuestos por los mayores beneficios que generan y así el déficit público sería también menor. Es frecuente encontrar casos en que el ingreso neto por las privatizaciones realizadas se utiliza para gasto público corriente, compra de armamento o sencillamente a la corrupción, es decir, los que gobiernan se apropian de esos ingresos que, por supuesto no debería estar destinados a su disfrute personal, sino a la mejora de la educación o de las infraestructuras o a la reducción de la deuda. Este enriquecimiento indigno de personas o grupos que intervienen en el proceso de privatización no es otra cosa que una malversación de caudales públicos que debilita la confianza en esos procesos.

Transparencia y publicidad en el proceso de privatización

Como consecuencia de la existencia de corrupción las experiencias de privatización en América Latina han adolecido, con frecuencia, de serios problemas de transparencia ya que la información pública suministrada por los gobiernos no ha permitido realizar evaluaciones independientes. No dar publicidad al proceso supone que el público no dispone de información para juzgar temas tan importantes como la objetividad en la selección del banco asesor, la valoración de la empresa, el precio recibido y los procesos de reclutamiento de los compradores potenciales. Es importante recordar que se debe privatizar con transparencia y con publicidad porque así se reduce las posibilidades de corrupción y de uso de información privilegiada. Una mayor transparencia contribuye a la maximización de los precios, aumenta la credibilidad de los gobiernos y es a la vez coherente con los objetivos de democratización y participación de la sociedad en los asuntos económicos.

Los países de América Latina han demostrado que son capaces de aplicar programas económicos ortodoxos, incluyendo procesos modélicos de privatización, consiguiendo el apoyo internacional necesario para un desarrollo más fuerte y sostenible. América Latina volverá a salir fortalecida de esta crisis, recién iniciada, si sigue apostando por la estabilidad macroeconómica, profundiza en las reformas estructurales, huye del populismo, privatiza bien y cuando sea necesario con los marcos regulatorios adecuados, fortalece las instituciones y los mercados, apuesta por la seguridad jurídica y se hacen cumplir los derechos de propiedad.