Según el indicador avanzado presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció un 3,8% en 2006, frente a la expansión del 3,5% experimentada en 2005. Por su parte, el PIB de la zona euro aumentó un 2,7% en 2006, lo que supone una aceleración de 1,3 puntos con respecto al 1,4% registrado en 2005. Por lo tanto, nuestro diferencial de crecimiento con la zona euro se ha reducido desde los 2,1 puntos de 2005 hasta algo más de 1 punto en 2006.

La importancia de estas cifras reside en su estrecho vínculo con el que debería ser el principal objetivo de la política económica española: la convergencia real con las economías más ricas de Europa.

Hay que tener presente que cuando hablamos de convergencia real, estamos haciendo referencia a la persecución de un “objetivo móvil”. La renta media española, medida en términos de PIB por habitante en paridad de poder de compra, equivale en estos momentos a un 93% del promedio (100%) de la UEM. Evidentemente, si España quiere alcanzar ese nivel promedio, debe crecer de manera consistente por encima de las tasas a las que a su vez crecen las economías a las que nos queremos aproximar. Esto ha sido así en los últimos 15 años, con la única excepción de los años 1992 a 1994. Por lo tanto, para lograr la convergencia real en unos plazos razonables, resulta fundamental mantener un ritmo de acercamiento adecuado.

El diferencial de inflación que presenta la economía española frente a las economías europeas es un obstáculo fundamental en nuestro camino. Unos precios que crecen consistentemente a tasas en torno a un 1% por encima de las de nuestros principales socios comerciales, que no son compensadas con mejoras de productividad y que dentro del gran mercado europeo ya no pueden ser aliviadas mediante el tipo de cambio, deterioran inexorablemente la competitividad de nuestros productos y con ello nuestras posibilidades de un mayor crecimiento futuro. La paradoja reside en que, al tiempo, este diferencial en la inflación puede ser consecuencia en buena parte de nuestro mayor ritmo de crecimiento. Apoyaría esta afirmación el llamado efecto Balassa-Samuelson, que considera el impacto de los incrementos salariales en los sectores de bienes “no comercializables” causados por incrementos relativos mayores en la productividad de los sectores de bienes “comercializables” o expuestos a la competencia exterior. Sin embargo, la caída relativa de la productividad del trabajo y total española frente a la europea en los últimos años no parece dar soporte a esta hipótesis. Parece más adecuado vincular mayor crecimiento y diferencial de inflación a otras razones, como la mayor demanda de servicios (no expuestos a la competencia exterior) a medida que crece la renta de las familias, o a la propia falta de competencia interna en este sector.

Como es bien sabido, el crecimiento del PIB por habitante de un país es el resultado de los crecimientos de su productividad, tasa ocupación y tasa de actividad. Nuestra convergencia real está basada en la actualidad casi exclusivamente en el crecimiento del empleo. Si bien nuestras posibilidades de mejora en las tasas de ocupación y de actividad son aún considerables, el crecimiento del empleo debería venir acompañado de un crecimiento de la productividad, si es que España pretende la convergencia real sin perder competitividad por su inflación diferencial. Estas mejoras en la productividad tan sólo pueden ser ganadas mediante un mayor esfuerzo en mejorar la eficiencia del factor trabajo, la eficiencia del factor capital, y la eficiencia del sistema económico en el que ambos se desenvuelven.

Sólo trabajando en estos frentes veremos mejorar nuestros datos de inflación y podremos mantener un diferencial de crecimiento económico sostenible, que garantice la convergencia real de la economía española con la de los países más ricos de Europa en un plazo razonable.