Hoy hemos conocido del Ministerio de Trabajo e Inmigración los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de octubre y resulta ya cansino volver a comprobar que los datos son los peores de los últimos 30 años para el mes analizado. Este mes el paro registrado ha aumentado en España en 192.658 personas, lo que ha elevado la cifra de desempleados hasta 2,82 millones personas, el peor registro desde abril de 1996, con un aumento en el último año de 769.449 personas. En materia de afiliación a la Seguridad Social, durante el mes de octubre se han destruido 101.886 empleos en España y esta cifra se eleva a casi medio millón, 453.211 afiliados menos, en términos interanuales.
La crisis que estamos viviendo es ya de una dimensión en términos de desempleo que parece que va a dejar pequeña la de los años 1992-93. Ya estamos en crecimiento negativo, tal y como han apuntado tanto el Banco de España como la Comisión Europea y pasaremos en recesión tanto el último semestre de 2008 como el año 2009.
En este contexto, Zapatero anunció ayer las primeras medidas para hacer frente al “período de dificultades” que atraviesa nuestra economía, así que creo que con el pretexto de los datos de empleo y paro de hoy estaría bien hacer una valoración de las mismas.
El presidente del gobierno anunció ayer mañana la próxima aprobación por el Consejo de Ministros de un conjunto de medidas para beneficiar a las familias. Estas medidas son, a grandes rasgos, las siguientes:
– Una moratoria de 2 años (1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 2010) en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, con un límite máximo de 500 euros mensuales, para los parados y autónomos en dificultades.
– Una ampliación de dos años en el plazo de las cuentas “ahorro vivienda” y un aumento de las devoluciones del IRPF por la deducción por compra de vivienda, a través de un menor porcentaje de retención en el impuesto.
– Una bonificación de 1.500 euros anuales (120 euros/mes) en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten de manera indefinida a parados con cargas familiares.
– Otras bonificaciones en las cotizaciones sociales para nuevos empleos en sectores estratégicos vinculados al “nuevo modelo productivo” (I+D+i, energías renovables).
– Un aumento hasta el 60% (ahora es el 40%) en la capitalización de las prestaciones por desempleo parar aquellos trabajadores en paro que inicien un proyecto empresarial.
Con carácter general, estas medidas creo que se caracterizan por un eminente carácter “defensivo”, porque en vez de poner sobre la mesa reformas estructurales y liberalizadoras, que dinamicen la economía española y ayuden a reducir las cifras de paro, sólo aportan algunos parches, de gran coste presupuestario, para tratar de ayudar a algunos desempleados a capear un temporal que hasta hace nada el propio gobierno negaba.
Asimismo, resultan fruto de la improvisación del presidente, porque ninguna de estas medidas cuentan con dotación presupuestaria en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 que hace sólo un mes el gobierno llevó al Congreso de los Diputados, cuando resulta patente para todos los españoles que la situación económica a día de hoy es tan grave como lo era a final de septiembre. Nos queda la duda, entonces, de cómo piensa Solbes pagar la nueva factura que le pasa Zapatero. Le espera unas semanas de mucho trabajo para encontrar el dinero.
Por otra parte, en ningún caso estos parches pueden sustituir a un auténtico paquete de reformas estructurales y liberalizadoras, que creen un marco de relaciones laborales más flexible y adaptable, que devuelva la confianza a consumidores y empresarios, tanto nacionales como extranjeros y que cree las condiciones para que en España vuelva a crearse empleo, en vez de destruirse.
Respecto a la medida estrella, la moratoria hipotecaria, a mi juicio tiene unas grandes dosis de paternalismo: en vez de poner en marcha medidas decididas para evitar el aumento del paro, el “gobierno bondadoso” le permite a los parados aplazar sus deudas, utilizando para ello el dinero de todos los españoles. Y esto no sé, además, cómo le encajará a los bancos, puesto que de la noche a la mañana la inseguridad jurídica se vuelve infinita: el gobierno decide que una persona que te debe dinero, de acuerdo con un contrato privado, no te lo va a pagar hasta dentro de dos años. No es una medida que nos extrañase si la hubiese adoptado el gobierno argentino, por mucho aval del ICO que haya…
La medida, asimismo, está limitada en su alcance, ya que no pueden acogerse a ella todos los desempleados, sino sólo los que cobren prestaciones por desempleo y cargas familiares. También pueden acogerse a ella los autónomos que se vean obligados a cerrar o que reduzcan su beneficio por debajo de tres veces el IPREM y los pensionistas con cargas familiares. ¿Qué pasará cuando a un desempleado se le acabe la prestación? ¿Y no tendrán más dificultades para pagar la hipoteca, precisamente, los parados sin prestaciones?
Por otra parte, la moratoria en el caso de los pensionistas es curiosa, porque se entiende que la situación de los desempleados o de los autónomos que cierran su negocio ha empeorado respecto a una situación de empleo previa, pero no se ve clara la razón de extender la moratoria a los pensionistas: ¿es que dentro de dos años van a estar mejor que ahora y sí podrán pagar la deuda que ahora aplazan?
El gobierno, además, no desaprovecha la oportunidad de hacer “ingeniería social”. Limita la moratoria hipotecaria a aquellos préstamos que no superen los 170.000 euros, una limitación superflua, puesto que ya se había establecido un límite máximo a la ayuda mensual de 500 euros. Según ZP, “el Estado no tiene por qué avalar préstamos mayores”. Esta arbitrariedad excluye, por ejemplo, a los desempleados en zonas urbanas donde el precio de la vivienda es mayor. Esta forma de hacer política económica cegado por la ideología, lleva al efecto, a mi modo de ver cuestionable, de que el parado que debe 200.000 euros al banco no merece una ayuda que se le concede a otro parado que sólo debe 170.000 euros.
Respecto a la bonificación en contrataciones en sectores estratégicos es una actuación muy limitada en su alcance, ya que se trata de sectores muy pequeños dentro de la estructura productiva nacional, y de nulo impacto en el corto plazo, ya que los empresarios contratan cuando ven oportunidades futuras de negocio y valoran con optimismo el escenario económico futuro y eso les lleva a acometer inversiones e incrementos de plantilla, no porque se les ofrezca una bonificación en la contratación de personal. Asimismo, esta bonificación no soluciona el problema de los perfiles de los nuevos desempleados en España, que corresponde a trabajadores de baja cualificación procedentes del sector de la construcción y de servicios de bajo valor añadido. Pensar que estos trabajadores se van a beneficiar de contrataciones en el sector generador de I+D es una fantasía.
Finalmente, la bonificación de 1.500 euros anuales para los contratos a desempleados con cargas familiares, para ser valorada apropiadamente es necesario conocer los detalles de la misma (¿está acotada temporalmente o se aplicará durante toda la vigencia del contrato?¿cómo se definen las cargas familiares?). En cualquier caso, debe señalarse que supone un aumento leve respecto a otras bonificaciones ya existentes dirigidas a la contratación de desempleados.
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