El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó a la baja el crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre de 2018, para dejarlo en el 0,6 %. También redujo el crecimiento interanual del PIB del cuarto trimestre, que lo ha situado en el 2,3% (el más bajo en 4 años). Después de tres años creciendo por encima del 3, la economía española entró en 2018 en una fase menos expansiva del ciclo económico.
Otros indicadores de coyuntura publicados la semana pasada sobre el consumo y las exportaciones parecen confirmar que la economía española sigue debilitándose. Este decaimiento puede significar que el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año estará por debajo del registrado en el trimestre anterior. Sin embargo, para hacerse una idea más completa del comportamiento de la economía en este primer trimestre habrá que esperar a que se publiquen hoy martes los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. Así, tras la caída de 205.000 afiliados en enero (el peor en dicho mes desde 2013), el reducido aumento de febrero (69.172) y lo que suceda en marzo, resulta probable que este primer trimestre sea el de peor afiliación respeto a períodos similares de los últimos cuatro años.
Este menor crecimiento del empleo estaría ralentizando el aumento de la masa salarial y, consecuentemente, la demanda de consumo. Así, la semana pasada el INE publicó el Índice del Comercio Minorista (ICM) de febrero, en el que se vuelve a observar que el consumo está debilitado. El ICM, en tasa interanual (corregido de efectos estacionales y de calendario) aumentó en enero un 0,9% y en febrero el 1,2 %.
Las exportaciones se reducen
El viernes, el Banco de España publicó información relevante sobre la evolución del sector exterior español durante el mes de enero de 2019. El año empieza mal: en el mes de enero el saldo por cuenta corriente arrojó un valor negativo de 1.472 millones de euros. Si nos preguntamos por las causas de este mal dato en la cuenta corriente la respuesta es clara: es debido a que las exportaciones de bienes que en enero han caído un 1,3% anual. Este descenso supone que se lleven ya tres meses seguidos de caídas y que, por primera vez desde 2006, las exportaciones españolas hayan crecido por debajo de la media de la zona euro. Además, el déficit comercial se situó en los 4.483 millones en enero, casi un 14% más que hace un año. Por último, la balanza de bienes y servicios del mes de enero por primera vez en mucho tiempo arrojó un saldo negativo (641 millones de euros).
La debilidad de Europa
Desgraciadamente, esta caída en las exportaciones puede continuar por el menor crecimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), una zona a la que vendemos el 50% de nuestros productos. En marzo, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la UEM se ralentizó a su nivel más bajo desde enero de 2017. El PMI descendió desde los 51,9 del mes febrero a 51,3 puntos en marzo y parece que en abril continuará la caída. Detrás de esta reducción está la incertidumbre de la política económica de Italia, la debilidad de la economía alemana, las elecciones españolas y al Parlamento Europeo, el Brexit y la política comercial proteccionista de Estados Unidos. ¡Casi nada!
Como consecuencia de todos estos problemas también bajó la Confianza Económica en la UEM arrastrada por un menor optimismo en la industria. La encuesta de la Comisión Europea mostró que este indicador se redujo desde 106,2 puntos en febrero a 105,5 en marzo, continuando con una tendencia a la baja. Para salir de esta situación de estancamiento lo que Europa necesita son reformas estructurales: armonizar los sistemas fiscales de los países, mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, liberalizar todavía más el mercado laboral, conseguir redimensionar el sector público para reducir el gasto corriente innecesario y aumentar, en cambio, la inversión pública y privada que anime el crecimiento económico y el empleo.
Gobierno en mala dirección
España también necesita más reformas. La fase positiva del ciclo de la que todavía se beneficia España permite que se puedan implantar nuevas medidas que mejoren la competitividad. Desgraciadamente, el Gobierno ha optado por aumentar el gasto público. También porque ha optado por hacer crecer el empleo público. No contentos con los 3.211.000 empleados públicos, que aparece en la última Encuesta de Población Activa, el viernes el Gobierno aprobó una oferta de más de 33.800 puestos en la Administración. En este sentido España va en dirección contraria a otras naciones. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como una medida necesaria para reducir el gasto público y con este ahorro disminuir el déficit público.
Sin embargo, en España, el número de funcionarios y asimilados sigue aumentando, hasta el punto que en tan solo 5 años, desde 2013 la cifra ha crecido en 300.000 personas. Desde una perspectiva slot server thailand temporal más cercana, en 2018, el empleo público creció a una tasa descomunal del 4,4% (hay que remontarse a 2003 para encontrar una tasa mayor), mientras que el privado lo hizo al 2,7%. Este repunte en la plantilla de las Administraciones Públicas genera un incremento desorbitado del gasto público. Si este no se frena, Bruselas nos impondría unos recortes tales que obligarían a hacer un ajuste laboral salvaje. ¿Se ha valorado este riesgo al tomar la decisión de una oferta de empleo pública tan gigantesca?
La mejora del capital humano
Aunque sea verdad que España sigue manteniendo en 2019 una tasa de desempleo muy alta, la solución no pasa por crear empleo público. Los esfuerzos de España deben dirigirse a aumentar la actividad económica en el sector privado. Por ejemplo, aprovechando las oportunidades que se abren con la Cuarta Revolución Industrial e invertir en nuevas tecnologías y en capital humano para mejorar su productividad y aumentar el empleo. Conviene recordar que las personas que han estudiado a lo sumo la enseñanza secundaria obligatoria o el bachillerato (que es el 60% de la población española de 16 y más años), presentan las tasas de paro más elevadas (20% frente al 14,5% de la media nacional).
De ahí que para aumentar el empleo se deberían introducir reformas educativas que mejoren la calidad del capital humano y, a la vez, tengan en cuenta las necesidades presentes de las empresas, tales como impulsar reformas que mejoren la productividad de la mano de obra, incentivar la movilidad geográfica de la mano de obra con políticas de vivienda o reformas fiscales que estimulen la aceptación de puestos de trabajo fuera del lugar de residencia; o abaratar los costes económicos y burocráticos de creación de empresas o incluso de expansión geográfica de las ya existentes. Estas son algunas de las medidas que se podrían adoptar para reducir el desempleo en España.
Pero, además de la mejora del capital humano, el país necesita de otras reformas estructurales: seguir animando a la inversión extranjera directa, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, reestructurar el sistema público de pensiones y reformar las Administraciones Públicas para reducir el déficit. Desgraciadamente el déficit fiscal no sólo no se reducirá este año, sino que puede ascender al 2,7% del PIB, frente al objetivo aprobado del 1,3%. Con los datos preliminares de la evolución del IPC del mes de marzo (un alza del 1,3%) no tiene sentido que los sueldos de los funcionarios crezcan al 2,5% contaminando la negociación colectiva con subidas de sueldos más allá de la inflación y la productividad.
También es un error que se hayan indexado las pensiones con el IPC. Hay que ir al fondo del problema y vincular las pensiones (y también la edad de jubilación) a la esperanza de vida, la evolución de las cotizaciones sociales y la de la población ocupada. Además, la solvencia del sistema de pensiones y el futuro del bienestar de los jubilados pasa por incentivar el ahorro. Sin embargo, desde 2014 el ahorro desciende mientras los gobiernos de España no hacen nada para evitarlo. El viernes el INE informó que el pasado año el ahorro cayó con fuerza, hasta el punto que en 2018, la tasa de ahorro de los hogares se cifró en el 4,9% de su renta disponible, su mínimo histórico.
Nuevo Ejecutivo
Así las cosas, las medidas populistas que se están aplicando podrían deteriorar la confianza empresarial y la creación de empleo. La falta de moderación que ha mostrado el gobierno de Pedro Sánchez se puede volver a repetir, si ganase las elecciones, y quisiera que le llevasen a la Moncloa los partidos independentistas y antisistema. Un Ejecutivo que continuase las actuales políticas podría ser muy negativo para el conjunto de la nación. Unos y otros socios podrían volver a someter a Sánchez a un chantaje sistemático que causaría un deterioro histórico en la cohesión de España.
En definitiva, sería deseable que el Gobierno que salga de las urnas retomase la agenda reformista orientada a estimular la competitividad, aumentar el empleo en el sector privado, equilibrar las cuentas públicas, reducir la deuda, y mejorar la productividad (que, por cierto, lleva tres trimestres cayendo).
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