Desde hace años tanto los expertos como los organismos internacionales están cada vez más preocupados por el envejecimiento demográfico de España y sus efectos negativos en la sostenibilidad del sistema de pensiones. El origen del problema está en la baja natalidad y en que la edad de jubilación se sitúa en los 65 años y 5 meses, casi la misma que en 1919 que eran 65. Esta fue establecida por la Ley de Retiro Obrero de Antonio Maura, cuando la esperanza de vida al nacer era de 33 años y una proporción muy baja de la población llegaba a alcanzar los 65.

Envejecimiento

En muy pocas décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. Este rápido proceso se produce a causa de la tasa de natalidad –una de las más bajas del planeta, con1’32 hijos por mujer– y del aumento de la esperanza de vida, que es de 83 años: 86 en el caso de las mujeres y 80 en el de los varones (la segunda más elevada después de Japón).

Esta situación generará desequilibrios presupuestarios en el futuro, como consecuencia del mayor gasto en sanidad, pensiones, residencias, ayudas a la dependencia, etc. La OCDE acaba de lanzar una advertencia sobre los peligros que acechan al sistema español: si no se toman medidas, las prestaciones por jubilación disminuirán en el medio plazo, lo que sin duda está generando mucha inquietud entre la ciudadanía. En concreto, quienes se jubilen en 2050 tendrán unas pensiones un 15% inferiores, como mínimo, a las de hoy, debido a que la reforma puesta en práctica en 2011 y 2013, al abrigo de los Pactos de Toledo, no han resuelto el problema.

El último Consenso Económico de PWC, publicado hace unos días, recoge un monográfico que pinta un futuro todavía más desalentador. El informe se basa en un cuestionario contestado por 110 ejecutivos de empresa y expertos económicos. Las conclusiones estiman que, con la adversa demografía actual, el sistema de pensiones, tal y como se encuentra actualmente, en un plazo aproximado de cinco años tendrá graves problemas de financiación. Sobre él se ciernen varias amenazas.

Por un lado, el envejecimiento vendrá acompañado, lógicamente, de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación con las que sí lo hacen. En concreto, en 2052, se elevará desde el 50,4% actual hasta el 99,5%

Por otro, se prevé que la hucha de las pensiones se quede sin fondos en 2018 y, dado que la deuda pública ya asciende al 100% del PIB, no será fácil financiar el sistema. Subir los impuestos y rebajar las pensiones es una solución para recabar ingresos, pero muy impopular. Otra posibilidad pasaría por elevar las cotizaciones sociales por trabajador –lo que, económicamente, equivale a aumentar el impuesto sobre el trabajo-, y, con ello, generar desempleo.

En este sentido, el citado monográfico de PWC ofrece algunas alternativas para mantener el sistema público de pensiones:

A) Retrasar la edad de jubilación más allá de los 70 años, exceptuando algunos sectores (minería, transporte, construcción, etc.).

B) Aumentar la productividad de los ocupados, ya que es una de las variables que más influye sobre el sistema de pensiones. A mayor productividad, también mayor producción, salarios, pagos en concepto de cotizaciones sociales y recaudación para la Seguridad Social.

C) Sustituir el actual sistema por otro que garantice su sostenibilidad. Se trataría de un modelo mixto, en el que convivirían el de reparto y el de capitalización. La meta sería potenciar los beneficios de ambos y mitigar así sus fallos, diversificando las fuentes de financiación y permitiendo, al menos parcialmente, que cada ciudadano pudiera elegir libremente una parte de la pensión que tendrá en su futuro, en función de los riesgos que quiera correr.

Hacia un sistema mixto de pensiones

El antedicho sistema es algo muy complejo y que aquí se va a abordar de una forma muy sintética. Se basaría en cuatro pilares:

El primero tendría como objetivo la lucha contra la pobreza, manteniendo una pensión mínima que recibirían los que no han contribuido al sistema de pensiones. Esos ciudadanos, alcanzada una cierta edad, percibirían, tal como está sucediendo en la actualidad, algún tipo de prestación que evitase mayores desigualdades sociales y que sería pagada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El segundo pasaría por el sistema de reparto que lo pagaría la Seguridad Social, en función de las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral de cada trabajador, pero de una forma que resultase compatible con la sostenibilidad del sistema; lo que quiere decir que los gastos de éste (prestaciones) serían iguales a los ingresos (cotizaciones).

El tercero descansaría en el sistema de capitalización y, al igual que el anterior, sería de carácter obligatorio, aunque los trabajadores podrían elegir libremente las carteras en las que colocar sus aportaciones. Es importante considerar que buena parte de la población española carece de una cultura financiera mínima como para promover un sistema mixto. Por eso, antes de realizar este cambio, se debería ofrecer formación gratuita a todos los ciudadanos.

El cuarto se apoyaría en el ahorro voluntario de los ciudadanos y permitiría a las personas adaptar sus pensiones futuras a sus preferencias personales. Sería igual al ya existente de fondos de pensiones privados, pero en él los trabajadores deberían poder elegir la cantidad que aportan cada año. Actualmente, el importe de las contribuciones realizadas (con derecho a desgravación en la base imponible del IRPF) está limitado a 8.000 euros. El nuevo sistema eliminaría ese tope.

Pero, ¿cómo sustituir el sistema actual por uno mixto? En primer lugar, se debería dejar a los trabajadores actuales, con más de 40 años, escoger si quieren mantenerse en el de reparto o pasarse al mixto. Los trabajadores con menos de 40 años tendrían la obligación de acogerse al nuevo sistema. Como consecuencia del tránsito de un sistema a otro se perderían ingresos, para mantener el actual sistema de reparto, lo que exigiría un aporte de caudales públicos.

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha venido celebrando desde finales de 2016 sesiones de trabajo con expertos académicos, institucionales y del sector de las pensiones. Pero es muy probable que, como en otras ocasiones, estas reuniones no garanticen soluciones al futuro de las pensiones a largo plazo: culminarán, como siempre, en una serie de recomendaciones para una pequeña reforma que allegue los recursos necesarios para solventar el déficit del sistema en los próximos años, y poco más.

Así las cosas, se debe afrontar el problema cuanto antes y de forma definitiva, sabiendo que para equilibrar el sistema de pensiones se precisan reformas radicales como las que aquí se han propuesto.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo. “¿Seguiremos cobrando la pensión?”. Expansión 4 de noviembre de 2017. Página 43.