El Banco de España, la Comisión Europea, diferentes servicios de estudios, calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s, inversores y empresarios han manifestado en los últimos días su preocupación por el futuro de la economía española.

La mayoría de estas instituciones están a la espera de que se concrete un acuerdo entre los distintos partidos políticos, para que España tenga un Gobierno estable que defina una hoja de ruta capaz de mantener un nivel alto de crecimiento económico y de generación de empleo. Es importante recalcar que, a pesar de la situación de interinidad y gracias a las reformas estructurales emprendidas en los últimos ejercicios, durante 2016 la economía seguirá comportándose bastante bien con un crecimiento del 3,2%.

Sin embargo, para mantener esa senda de crecimiento durante los próximos años, es fundamental contar con un Ejecutivo que siga acometiendo reformas.

Un programa que debe contemplar la inmediata reducción de los niveles de déficit fiscal y de deuda pública (la semana pasada se conoció que la deuda volvió a crecer en agosto en 2.831 millones, un 0,3%, más que la registrada en julio).

La publicación, también la semana pasada, de las cuentas trimestrales no financieras de la economía española del segundo trimestre va por el mismo camino. La necesidad de financiación del sector público (déficit) creció un 9,2% en tasa interanual, hasta 26.051 millones de euros, de modo que, en términos acumulados de cuatro trimestres, alcanza los 58.176 millones, cantidad equivalente al 5,3% del PIB, cuando en 2015 era del 5%. Un persistente aumento del déficit público que al generar aumentos constantes de la deuda podría provocar desconfianza en los mercados sobre si el Estado español será capaz de devolver lo que debe. Una situación que ha provocado que las autoridades de Bruselas hayan amenazado con aplicar varias sanciones que, de materializarse, infligirían mucho daño a la economía española.

Para reducir el déficit público el Círculo de Empresarios propone entre otras medidas: a) diseñar un sistema fiscal que incremente la recaudación ensanchando las bases imponibles; b) aumentar la productividad del sector público a través, por ejemplo, de fomentar la colaboración público privada, y c) reformar estructuralmente el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible.

En este mismo sentido Standard & Poor’s ha señalado esta semana la necesidad de una reforma estructural del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que observa que existe una diferencia importante entre sus ingresos y gastos fiscales, así como poca transparencia en su funcionamiento económico.

Una situación de deterioro fiscal que se agrava por la ausencia de un Gobierno estable que impide aprobar los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, los cuales son esenciales para la reducción del déficit.

También por esta situación de falta de Gobierno, España no ha podido opinar, ni adherirse, ni votar sobre acuerdos importantes de la UE, como por ejemplo el del Brexit, ni firmar tratados internacionales como el del cambio climático o el de disminución de aranceles con países como México.

Además, Standard & Poor’s también advierte de que la incertidumbre política derivada de los resultados inconclusos de las segundas elecciones generales ha ralentizado las inversiones” inmobiliarias en propiedades comerciales en los dos últimos trimestres. Y ello, “a pesar de que la mejora macroeconómica del país apoya una creciente demanda de alquiler para la mayor parte de las propiedades comerciales”.

Menos crecimiento económico

Todo esto nos muestra que el país está dejando pasar muchas oportunidades, que se ven reflejadas en pérdidas económicas y en previsiones a la baja de las tasas de crecimiento del PIB para los años 2017 y 2018. Por tanto, aunque la economía española crezca un 3,2 % en 2016, los principales organismos nacionales e internacionales y el consenso de los economistas apuntan a que en los próximos años se crecerá bastante menos por los riesgos geopolíticos, las incógnitas sobre la evolución de la economía global y por los efectos de la incertidumbre política nacional sobre las decisiones de inversión y contratación.

Una situación que entorpece la generación de nuevos empleos, tal como señaló la semana pasada la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE). Por este motivo la OCDE ha revisado a la baja el crecimiento futuro de nuestra economía, y ha puntualizado que las bancarrotas empresariales continúan en niveles muy elevados si se comparan con otros países de nuestro entorno.

También advirtió sobre el riesgo de un menor crecimiento económico por la caída de las exportaciones españolas debido a la alta dependencia que exhiben respecto a los mercados de la eurozona. Esta alerta no puede tomarse a la ligera, ya que, a pesar de los intentos por diversificar geográficamente las ventas españolas en el exterior, todavía se dirigen hacia Europa un 72% de nuestras exportaciones.

A pesar de los achaques descritos, hay que mencionar los buenos resultados del sector del turismo. Según informa el INE, en los ocho primeros meses de 2016 el número de turistas que visitaron España aumentó un 10%, llegando a los 52,5 millones. Los datos de agosto del sector hotelero son también muy alentadores, con una subida del 3,8% respecto al mismo mes de 2015, y una ocupación del 79% de las plazas ofertadas, que es la más alta de la historia. Sin embargo, cabe puntualizar que este sector es cíclico y tiene una elevada dependencia de la coyuntura mundial, lo cual lo hace más vulnerable en períodos de crisis o enfriamiento económico, tal y como sucede hoy día.

En resumen, la situación económica de España se deteriora, en parte porque muchas empresas se encuentran a la espera de saber por dónde transitarán las políticas del nuevo Gobierno. De ahí que para mantener en el futuro la buena marcha que, desde hace tres años, lleva nuestra economía, es fundamental contar con un Ejecutivo que reduzca el déficit público y siga acometiendo otras reformas.

En este sentido, el Barómetro del año 2016 del Círculo de Empresarios propone un programa exhaustivo de medidas que van desde el desarrollo de la formación profesional dual hasta aumentar la colaboración de las universidades con las empresas, pasando por vincular el crecimiento de los salarios a los aumentos de productividad, simplificar los modelos de contratos laborales, reformular las políticas activas de empleo, favorecer el crecimiento del tamaño de las empresas, e insistir en la necesidad de seguir con prácticas de buen gobierno y de lucha contra la economía sumergida, fraude y corrupción.

Además, mientras nuestros partidos políticos deciden si van a formar un Ejecutivo estable, aumentan los desequilibrios de la economía española a la vez que la economía mundial también se debilita. Por eso mismo, deberían olvidar sus diferencias y unirse en torno a un propósito común, que es tener un Gobierno cuya principal misión sea mejorar nuestra economía y aumentar así el bienestar de los ciudadanos.