Las elecciones italianas de ayer confirmaron el escenario más temido: la ingobernabilidad.

Los partidos contrarios a las recetas europeas de austeridad (coalición de Berlusconi y el partido de Grillo) obtuvieron la mayoría de los votos y, aunque el centro-izquierda de Bersani logró la mayoría absoluta de escaños en la Cámara Baja (premio del 54% para el partido más votado), los escaños obtenidos en el Senado por este grupo (113, por debajo de los 116 de la coalición de Berlusconi) y la coalición de Monti (18) no se acercan a los 155 que darían la mayoría absoluta.

Foto: Berlusconi y Grillo.

Gobierno de emergencia

Es muy improbable que en estas condiciones ningún gobierno, de llegar a formarse, pueda sobrevivir demasiado tiempo. Por tanto, el país está abocado a un gobierno más o menos transitorio de emergencia nacional o directamente a nuevas elecciones. Dado que estas podrían muy bien no solucionar nada, la mejor salida parece una gran coalición entre el grupo de Bersani y el de Berlusconi que, con un horizonte temporal de al menos dos años, tratase a la vez de no romper abiertamente los acuerdos europeos, aportar reformas estructurales y estímulos para la reactivación económica y, quizás, modificar la ley electoral. En cualquier caso, las nuevas cámaras no se reunirán hasta el 15 de marzo, de manera que la incertidumbre puede mantenerse elevada al menos durante dos o tres semanas más.

Si bien la parálisis política puede no ser especialmente grave a corto plazo, el riesgo de un desenlace de ruptura con la política exigida desde Europa y la gran dificultad de que el programa OMT del BCE pueda actuar con eficacia en condiciones de inestabilidad política (incapacidad de asumir de manera creíble un programa asociado de condicionalidad) pueden seguir presionando a las primas soberanas de Italia y España, que ya han repuntado con claridad.

En consecuencia, es especialmente conveniente que los políticos emitan mensajes de consenso que permitan anticipar un gobierno mínimamente estable. De acabar formándose este, la actual crisis política podría suponer sólo una interrupción transitoria en el proceso de normalización de la situación financiera y económica europea.