Las condiciones laborales y salariales de los funcionarios y empleados públicos constituyen un tema de máxima actualidad, después de la aprobación, en el paquete de medidas de ajuste que el Gobierno aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros, de la supresión de la paga extra de Navidad y de varios de los días de libre disposición con los que contaban.

Más allá de los aspectos más mediáticos de las medidas –manifestaciones, protestas, etc.- me parece muy llamativa la coincidencia en el tiempo de varias noticias adicionales que giran en torno a la situación laboral de los empleados públicos en España.

Reducción del empleo público

La primera de estas noticias es la valoración que ha hecho la CEOE de estos ajustes, que ha abogado por una racionalización de plantillas de empleados públicos en vez de por recortes horizontales de sueldos. Es decir, un ajuste “vía cantidades” y no “vía precio”. Es decir, se considera implícitamente que la reducción del tamaño de las plantillas del sector público puede no reducir la productividad de éste, lo que generaría un comportamiento más eficiente y, por supuesto, un ahorro económico.

Para valorar adecuadamente dicha propuesta deberíamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿hay indicios de unas plantillas públicas “hinchadas”?

La respuesta a esta espinosa pregunta, en mi modesto entender, es que los datos parecen indicar que probablemente así es, y para ello me baso en un análisis muy sencillo. La naturaleza de los servicios públicos que se prestan hoy en España, en el conjunto de todas las administraciones públicas, es similar a la de los prestados a finales de 2007. Pero mientras que en dicha fecha, inicio de la crisis de empleo en España, el número de empleados públicos ascendía a 2.913.300, según el INE, en el primer trimestre de este año la cifra es de 3.104.100, casi 200.000 empleados públicos más que a principios de la crisis, un 6,5% de crecimiento (ver cuadro). Y eso que en el último año ha habido una reducción de más de 81.000 empleados públicos respecto al máximo histórico alcanzado en el primer trimestre de 2011. Cabe pensar, por tanto, que existe margen para la reducción.

Cuadro: Niveles de empleo público en España (en miles de personas)

                      Año

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (I trimestre, 2012)

Bajas laboralaes injustificadas

Por otra parte, una manera diferente de incrementar la eficiencia del sector público es hacer frente al controvertido asunto de las bajas laborales injustificadas. En este sentido es interesante resaltar los resultados de un análisis realizado por MUFACE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pone de manifiesto que aproximadamente un tercio de las bajas laborales por razones médicas resultan injustificadas en el ámbito de la función pública, lo que tiene un impacto sobre la productividad general de la administración especialmente dramático puesto que el nivel de absentismo es enormemente superior al del sector privado.

En definitiva, soluciones diferentes para un mismo problema. Algunas de más fácil implantación que otras, pero todas igualmente contestadas por los afectados.