La eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF está en el ojo del huracán de las exigencias de Bruselas en relación con el ajuste fiscal que el Gobierno de España va a tener que realizar en los próximos meses. Este tema es de gran impacto, puesto que supone un drenaje de los bolsillos de millones de contribuyentes más endeudados, así que trataré de analizar algunas cuestiones básicas en relación con esta propuesta.

¿Cuantas familias se acogen a la deducción?

Consultando datos oficiales de la agencia tributaria a día de hoy, en la declaración correspondiente al ejercicio 2009 (el último para el que se ofrece la información) el número de liquidaciones ascendió a 19,3 millones, de las cuales en 6,3 millones de las mismas los contribuyentes habían aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual. Es decir, que aproximadamente el 32,6% de los contribuyentes por IRPF en España se había beneficiado de dicha deducción. El importe agregado de las deducciones, tanto en su tramo estatal como autonómico, ascendió en dicho ejercicio a 5.040 millones de euros, lo que supone que, de media, cada contribuyente que aplicó la deducción se benefició con una reducción de 800 euros de impuestos.

La caída del consumo

Eliminar la deducción por inversión en vivienda habitual evidentemente generaría un ingreso extra para las arcas del Estado, de aproximadamente medio punto de PIB. Pero sería un nuevo ataque al bolsillo de todos los españoles, no sólo de las elites económicas. Y la incidencia sería especialmente acusada en las clases medias. Así, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de España en relación a la Encuesta Financiera de las Familias, en nuestro país el 25,9% de los hogares tiene deudas hipotecarias asociadas a la adquisición de su vivienda habitual, pero esta proporción se eleva al 38,2% en el caso de los hogares cuyos percentiles de renta están situados entre el 40 y el 60, es decir, la clase media en el sentido más literal del término.

La eliminación de la deducción tiene además un efecto recurrente, puesto que las deudas hipotecarias son a largo plazo y los compradores tomaron sus decisiones pensando en un escenario de “estabilidad regulatoria” en los años siguientes, algo que desde Bruselas se nos pide ahora desmantelar. En definitiva, se trata de una propuesta que castiga especialmente a la clase media –la más afectada, además, por la subida previa del IRPF- , que supone la pérdida de un promedio de unos 800 euros por declaración y que se prolonga durante los años de vida del préstamo hipotecario.

¿Tenemos que hacer caso a Bruselas?

Pues en ese sentido, contamos con un precedente curioso. En el rescate irlandés, se le presionó enormemente para que elevaran el impuesto de Sociedades, un pilar fundamental del progreso económico de Irlanda en las últimas dos décadas. El rechazo a su elevación contó con la unanimidad del Gobierno, la oposición política, los sindicatos y la Iglesia Católica, por citar sólo algunas instituciones. Un consenso difícil de alcanzar respecto a cualquier otro punto. Y consiguieron salir de la difícil situación sin tocar dicho impuesto. Veremos qué pasa en las próximas semanas en España, pero se trataría, desde luego, de una malísima noticia para todos aquellos españoles que en su momento tomaron la decisión de materializar sus ahorros en una vivienda en propiedad.