La semana pasada el Gobierno de España proponía a la Comisión Europea una meta de déficit presupuestario para este año del 5,8% del PIB, superior, por tanto, al 4,4% pactado con Bruselas. Al final la Comisión Europea y el Gobierno de Rajoy han flexibilizado sus posturas y han pactado un término medio un 5,3%. 

Esta reducción del déficit del 5,8% al 5,3%supondrá un ajuste extra de 5.000 millones de euros lo que significa que hay que seguir recortando el gasto público. Ya hemos señalado en este blog que España debe tener cuidado con los ajustes fiscales porque pueden deprimir aún más la economía. Alcanzar el objetivo de déficit del 5,3% del PIB para este año, tal como mantiene la Comisión, supondrá caídas en la demanda interna (consumo privado y consumo público; inversión pública y privada) que sólo pueden tener como resultado acelerar el proceso depresivo que ya está viviendo la economía española.

Casi todos los analistas están de acuerdo en que no se debe recortar el gasto productivo y que la reducción del gasto se debe hacer en los entes territoriales. Ya hemos señalado en este blog que las televisiones autonómicas son parte del problema, otra parte está en el gasto suntuario, las plantillas sobredimensionadas, las duplicidades con el Estado Central, los sueldos astronómicos y la creación de todo tipo de entes públicos autonómicos.

Evolución del número de entes públicos (empresas públicas y sociedades mercantiles) por nivel de la Administración (no se incluyen Organismos Autónomos, Agencias, Consorcios y Fundaciones)

Señalamos hace pocos días la necesidad de reducir (privatizar o eliminar) muchas de las empresas públicas dependientes de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la tendencia hacia la expansión del sector público empresarial no ha sido un fenómeno único de las CCAA, sino que ha sido seguido también, incluso de forma más marcada, por la Administración Local. 

Empreas municipales

De hecho, en los últimos años, han sido los Ayuntamientos y otras entidades de ámbito local los que han incrementado en mayor medida el tamaño de su sector público empresarial, pasando de 465 en el año 1998 a 1251 al cierre de 2009, lo que supone casi triplicar el número de entidades. Dicha tendencia contrasta con la seguida dentro de la Administración Central en España, donde la política general aplicada ha sido hacia la reducción del ámbito empresarial adscrito a través de medidas de reestructuración y privatización de sus empresas públicas.