La rumorología dice que el próximo gobierno subirá el IVA. Es probable que en este caso, la rumorología acierte y es que varios elementos apuntan a la conveniencia de subir este impuesto en España. Mariano Rajoy esbozó el lunes en el Congreso las grandes líneas de su plan económico, fundamentalmente, el objetivo de sanear las cuentas del Estado mediante una reducción mínima del déficit público de 16.500 millones.

Las posibilidades de reducir el gasto del gobierno son limitadas, con casi cinco millones de parados y con el poder adquisitivo de las pensiones garantizado. La calidad de la asistencia sanitaria se empieza a resentir de los recortes aplicados por varias Comunidades Autónomas y por tanto es poco probable que desde el gobierno central se cierre todavía más el grifo de la financiación para este servicio básico para la ciudadanía. Finalmente, el nuevo gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar nuestro sistema educativo y ha presentado este objetivo como una de las principales banderas de su política para la nueva legislatura.

Con independencia de si el nuevo ejecutivo consigue o no ahorrar mejorando la eficiencia de las Administraciones Públicas, parece claro que el objetivo de reducción del déficit pasa necesariamente por una subida de impuestos importantes. Entre las opciones que se presentan parece que el IVA es el impuesto que más votos suma para ser el elegido para los aumentos. Más allá de las razones de política económica, desde un punto de vista estrictamente económico existen motivos para escoger este impuesto en lugar de otros tributos importantes como el IRPF o el impuesto de Sociedades. El principal argumento a favor es que una subida del IVA significaría una devaluación encubierta, algo muy anhelado pero imposible de realizar a la vieja usanza.

El IVA aplica a los productos consumidos internamente, incluidas importaciones, pero no aplica a las exportaciones. Es decir, una subida del IVA implica un encarecimiento relativo de las importaciones. La cuadratura del círculo se obtendría si el gobierno utilizase parte del oxígeno que da la subida del IVA para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas, tal y como parece que va a ocurrir (ver, aquí). Esto implicaría un abaratamiento de los costes de producción y con ello de las exportaciones, que sumado al encarecimiento de las importaciones equivaldría a los efectos de una devaluación.

El principal peligro de una subida del IVA es que se reduzca el consumo interno y con ello los ingresos tributarios derivados de la actividad económica. El economista Arthur Laffer teorizó que este efecto perverso puede ocurrir y trabajos empíricos han demostrado que en realidad ocurre sólo cuando los niveles de presión fiscal son elevados. Además, este efecto negativo se vería parcialmente compensado por los efectos positivos sobre la actividad económica de la devaluación encubierta que supone el aumento del IVA+reducciones a las cotizaciones de la Seguridad Social.