La publicación conjunta de enero y febrero de los principales indicadores de actividad (para evitar la distorsión del Año Nuevo Lunar) muestra un peor comienzo del año de lo esperado: se enfrían respecto a diciembre la producción industrial (+8,6% interanual vs +9,7%), la inversión fija privada (+17,9% vs +19,6%) y las ventas minoristas (+11,8% vs +13,6%). Estos signos de enfriamiento obligan a revisar a la baja el crecimiento del primer trimestre de 2014 hacia tasas del +6,5% anualizado estimado frente al +7,2% registrado en el último tramo de 2013, pero se espera que la economía mantenga un ritmo en torno al +7,0% durante el resto del año. En media de 2014, la economía debería crecer en torno al +7,3% frente al +7,7% anterior.

Sin embargo, este inicio de año más débil de lo esperado ha despertado las alarmas sobre el posible impacto del enfriamiento del gigante asiático sobre el resto del mundo y, especialmente, entre los países desarrollados, en un momento en que el inicio de año en EEUU ha sido también peor de lo esperado y en que se ha disparado el riesgo geopolítico en Europa del Este.

Por el momento, un primer análisis de los principales canales de transmisión (comercial y financiero) limita el impacto del enfriamiento del gigante asiático sobre el resto del mundo. Se estima que China importa en torno al 2,7% del PIB mundial; si bien esa cifra está sobreestimando su importancia, si tenemos en cuenta que se trata, en gran parte, de insumos de productos intermedios que se exportarán posteriormente. El contagio financiero es también limitado si tenemos en cuenta que la balanza de capitales china está relativamente cerrada. De hecho, la exposición del sistema financiero del G4 a China es de 216.000 millones de dólares, en torno al 4,3% del total mundial.

En este contexto, se han conocido los primeros detalles de la agenda del gobierno chino para 2014. El discurso del primer ministro Li (en la foto) en el Congreso Anual del Partido Comunista –una especie de Estado de la Nación– ha desvelado las principales líneas que dirigirán la agenda reformadora del gobierno chino para este año. Entre las medidas más esperadas y relevantes destacan las concernientes al sistema financiero, donde el gobierno ha mostrado su intención de

(i) establecer un fondo de garantía de depósitos –hasta ahora, había una garantía implícita de apoyo estatal–;

(ii) liberalizar los tipos de interés –en un plazo de 2 años, según ha expresado el gobernador del banco central–;

(iii) flexibilizar el yuan –el banco ya ha ampliado la banda de fluctuación diaria hasta el 2%–; y

(iv) permitir a las administraciones locales emitir su propia deuda –hasta ahora, debía de hacerse a través de vehículos especiales–.

Entre sus objetivos macro, mantiene básicamente los mismos que en 2013: un crecimiento “en torno” al +7,5% y una inflación en el 3,5%. En realidad, el mantenimiento del mismo objetivo de crecimiento no sorprende: un objetivo inferior habría minado la confianza de los mercados y dañado el mercado laboral chino. De cualquier formas, el gobierno utiliza expresamente la expresión “en torno”, por lo que no se trata de un objetivo mínimo. El propio ministro Li considera que la menor tasa para mantener la tasa de paro en niveles razonables sería del +7,2%. Por otro lado, el gobierno establece un déficit fiscal objetivo algo más elevado (+12,5% hasta 1,35 billones de yuanes), para la consecución de otros objetivos de su programa, tales como mejorar los servicios sociales, reducir la contaminación y aumentar el gasto militar.

En materia de política económica, el gobierno apuesta para este año por la combinación de una política monetaria “prudente” y una política fiscal “proactiva”. Sin embargo, esta vez los objetivos son demasiado ambiciosos y no conciliables bajo el contexto actual, al menos a corto plazo: estabilizar el crecimiento, mantener la inflación contenida y liberalizar los mercados e introducir disciplina en la gestión del riesgo, al tiempo que lleva las reformas estructurales necesarias para el cambio de modelo de crecimiento hacia una economía más basada en el consumo y en la inversión privada.

La coyuntura actual es muy compleja y los desequilibrios acumulados en los últimos años obligarán al gobierno a priorizar. Por ejemplo, si los mercados de capitales se abren demasiado rápido, el fuerte endeudamiento generará riesgos de una crisis financiera y de una intensificación del debilitamiento; pero si por dinamizar la economía se retrasasen las medidas para liberalizar los mercados y generar disciplina, lo más probable es que el riesgo de una crisis financiera también aumente a largo plazo, así como su gravedad. Si tenemos en cuenta la elevada sensibilidad que han mostrado los dirigentes hacia el crecimiento y la creación de empleo y las cada vez más evidentes señales de enfriamiento de la economía, lo más probable es que el gobierno dé prioridad a aquellas reformas que sean positivas o, al menos, neutrales para el crecimiento, tales como las reformas administrativas y fiscales. Por el contrario, aquellas que tengan un impacto negativo (reducir el exceso de capacidad en determinados sectores y limitar el endeudamiento privado) o más difícil de determinar (como la reforma financiera, que ya está en marcha) se implantarán de forma más gradual, tratando de lograr un equilibrio entre su objetivo de modernizar y dinamizar su modelo económico y social, pero sin poner en peligro un crecimiento económico estable en tasas en torno al 7,0%.