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España tendrá un año más para reducir su déficit público hasta dejarlo en el 3%.

La UE dará a España una prórroga de un año para situar el déficit por debajo del 3% del PIB (hasta 2014) si el Gobierno efectúa «nuevos ajustes presupuestarios». No obstante la propuesta formal se aplazará hasta que el Gobierno español concrete las nuevas medidas, probablemente en julio,cuando se haga la presentación del presupuesto 2013-2014.

La nueva relajación del objetivo de déficit se liga a la recesión que está viviendo España y sus previsiones económicas, que vaticinan una caída del PIB del 1,8% este año y de 0,3% el que viene.

 

Las recomendaciones formuladas en el informe del 30/05/2012 son:

1. Realizar un esfuerzo presupuestario medio anual equivalente a más del 1,5% del PIB en el periodo 2010-2013. Presentar antes de finales de julio el Plan Presupuestario Plurianual 2013-2014. Esto incluye la adopción de medidas adicionales en las CC.AA. aplicando estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fijar una institución fiscal independiente que monitorice la evolución de la política fiscal y estime el impacto de las medidas.

2. Acelerar el aumento de la edad de jubilación e introducir los factores de sostenibilidad previstos en la reforma de las pensiones. Reforzar la Estrategia de Empleo Global para los trabajadores de mayor edad (más formación que fomente la reincorporación de este colectivo al mercado laboral).

3. Reformar el sistema tributario en línea con los esfuerzos de consolidación fiscal para que impulse más el crecimiento, reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y sobre el medio ambiente. En particular, corregir la baja proporción de ingresos procedentes del IVA ampliando su base imponible. Disminuir el sesgo que provoca el sistema tributario a favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad de la vivienda frente al alquiler.

4. Avanzar en la reforma del sector financiero, en particular identificando y afrontando la situación de las instituciones en dificultades. Impulsar una estrategia completa que aborde eficientemente el problema derivado de los activos problemáticos en los balances de las entidades, definiendo una postura clara en materia de financiación y el uso de mecanismos de protección.

5. Avanzar con la reforma del mercado de trabajo, tomando medidas adicionales que aumenten la efectividad de las políticas laborales (objetivos, formación, asesoría) impulsando la coordinación entre los servicios de empleo nacional y los de las CC.AA., incluida la información compartida sobre ofertas de empleo.

6. Revisar las prioridades de gasto público para desviar fondos que faciliten el acceso a la financiación a Pymes, investigación, innovación y juventud. Reforzar el Plan de Acción Juvenil (calidad de la educación y de la formación, reducción del fracaso escolar).

7. Tomar medidas para luchar contra la pobreza y la protección de la infancia, mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.

8. Implementar medidas que favorezcan la competitividad y eliminen barreras al desarrollo (liberalización de los servicios profesionales, especialmente en profesiones altamente reguladas, agilización de los trámites administrativos y normalización de éstos en los diferentes niveles de gobierno; actuación frente al déficit de tarifa eléctrico mejorando la rentabilidad de la cadena de suministro eléctrico y las interconexiones de gas y electricidad con países vecinos).

De todas estas medidas la recomendación de profundizar en la reforma tributaria ha sido la más polémica pues podría suponer aplicar el IVA normal (18%) a algunos productos que se beneficiaban del tipo reducido (8%), o reducir la lista de productos a tipo superreducido (4%). Además sugiere la necesidad de volver a eliminar la deducción a la compraventa de vivienda habitual, por considerar que amén de su coste, supone un tratamiento asimétrico frente al alquiler. Respecto a la creación de una “institución fiscal independiente”, esta figura ya existe en países como Suecia y Reino Unido, dónde entre otras funciones evalúa el impacto presupuestario de las iniciativas legislativas.

Por tanto, ante las enormes dificultades para cumplir con el calendario de ajuste fiscal, la Comisión Europea probablemente retrasará hasta 2014 la necesidad de reducir el déficit público al 3%. A cambio, obligará a dar una nueva vuelta de tuerca al ajuste, con medidas que ya están anticipadas (subida del IVA, etc) y otras bastante interesantes, como la creación de una institución que monitorice el avance del proceso de consolidación fiscal. No obstante, todas las miradas no están centradas ahora en Bruselas, sino en Franckurt, ante la más que importante reunión del miércoles que viene del Consejo del BCE.