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    [post_content] => El Presidente Zapatero acaba de proponer incluir en la Constitución una cifra límite para el deficit de las administraciones públicas. Esta medida estructural que ya tomaron otros países como Alemania en el 2009 (limitando el déficit al 0,35% del PIB) busca controlar los niveles de gasto del Gobierno y de las demás Administraciones Públicas. Esta cifra ya se limitaba en el Tratado de Maastricht al 3% pero ha sido respetada por muy pocos,  y si bien España presenta niveles de déficit que no son desorbitados y que debería ser del 6% del PIB en 2011, no parece que sea un nivel adecuado. Las administraciones públicas como cualquier otro organismo económico no tendrían que depender del crédito (venta de deuda pública, en su caso) para sobrevivir: eso es algo que hemos aprendido perfectamente en la presente crisis. La reforma de la Constitución se hará por la via rápida, y se incorporará al texto lo antes posible, de manera que se controlarán los niveles de gasto desde el 2018, y solo se permitirán desviaciones en situaciones excepcionales.

Si bien creo que imponer constitucionalmente un techo de déficit, vinculante a las administraciones es una medida más que necesaria y que generará un mensaje de estabilidad en los mercados, recuperando su confianza, lo más importante es que se creen mecanismos adecuados que velen por su cumplimiento. Si la norma se queda en papel mojado como quedó el punto del déficit público del Tratado de Maastricht, de poco servirá este cambio.

Veremos...
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El Presidente Zapatero acaba de proponer incluir en la Constitución una cifra límite para el deficit de las administraciones públicas. Esta medida estructural que ya tomaron otros países como Alemania en el 2009 (limitando el déficit al 0,35% del PIB) busca controlar los niveles de gasto del Gobierno y de las demás Administraciones Públicas. Esta cifra ya se limitaba en el Tratado de Maastricht al 3% pero ha sido respetada por muy pocos,  y si bien España presenta niveles de déficit que no son desorbitados y que debería ser del 6% del PIB en 2011, no parece que sea un nivel adecuado. Las administraciones públicas como cualquier otro organismo económico no tendrían que depender del crédito (venta de deuda pública, en su caso) para sobrevivir: eso es algo que hemos aprendido perfectamente en la presente crisis. La reforma de la Constitución se hará por la via rápida, y se incorporará al texto lo antes posible, de manera que se controlarán los niveles de gasto desde el 2018, y solo se permitirán desviaciones en situaciones excepcionales.

Si bien creo que imponer constitucionalmente un techo de déficit, vinculante a las administraciones es una medida más que necesaria y que generará un mensaje de estabilidad en los mercados, recuperando su confianza, lo más importante es que se creen mecanismos adecuados que velen por su cumplimiento. Si la norma se queda en papel mojado como quedó el punto del déficit público del Tratado de Maastricht, de poco servirá este cambio.

Veremos…