La UE y el FMI han concluido las negociaciones con el gobierno de Portugal sobre las condiciones del rescate. El programa se prolongará durante tres años y su importe alcanzará los 78.000 millones de euros, en línea con lo esperado. No obstante, aún se desconocen algunos aspectos importantes del rescate, como el tipo de interés, plazo y fecha de desembolso de los préstamos o las contribuciones de los organismos implicados. En base a los rescates anteriores, se estima que el FMI aportará 26.000 millones (un tercio) y la UE, el resto (ver cuadro). La ayuda europea se canalizaría a través de los actuales fondos de rescate (EFSM y EFSF) y, a partir de julio de 2013, a través del mecanismo permanente (ESM).
Datos de Portugal
[1]
Reducción del déficit público y reformas estructurales
Como contrapartida, Portugal pondrá en marcha un exigente programa de consolidación fiscal (cuadro de arriba a la derecha) y reformas estructurales, más duro que el plan presentado por el gobierno socialista en marzo y rechazado por la oposición en el parlamento:
– El gobierno se compromete a reducir el déficit hasta el 5,9% en 2011 (9,1% en 2010), 4,5% en 2012 y 3,0% en 2013 (la revisión al alza del déficit ha obligado a relajar los objetivos), lo que permitiría empezar a reducir la deuda en 2014. No se prevén nuevas medidas de austeridad este año, pero sí en los dos próximos (el ajuste fiscal total previsto para 2012-13 asciende al 5,1% del PIB: 3,4% en gastos y 1,7% en ingresos).
– Además, se acometerán importantes reformas estructurales, entre las que destacan dos: (i) mercado laboral: abaratamiento del despido, reducción de la protección por desempleo y flexibilización de la negociación colectiva; y (ii) programa de privatizaciones por 5.500 millones de euros. Asimismo, se adelgazará la administración y se liberalizarán los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte y vivienda.
El acuerdo afecta también al sector financiero. Del montante de la ayuda, hasta 12.000 millones de euros se podrán destinar a la recapitalización de bancos, en caso de que no sean capaces de alcanzar los nuevos requerimientos de capital tier 1 previstos por el acuerdo (desde el 8% actual hasta el 9% a finales de este año y el 10% a finales de 2012). Además, podrán emitir deuda con garantía estatal por un importe de 35.000 millones de euros. Asimismo, se endurecerán la regulación y la supervisión.
La implicación de la oposición conservadora en las negociaciones garantiza la aprobación del acuerdo por el parlamento luso. Se espera que en las próximas semanas sea ratificado por el FMI y la UE (probablemente, en el Ecofin del 17 de mayo). La posición de Finlandia –enfrascada en negociaciones para la formación de gobierno– es una incógnita, pero no creemos que vaya a bloquear el acuerdo. De este modo, los primeros desembolsos podrían efectuarse en junio, a tiempo para atender los vencimientos de deuda de mediados de ese mes, que ascienden a casi 5.000 millones de euros.
Las principales conclusiones que se pueden extraer son las siguientes:
– El impacto del plan de ajuste será negativo a corto plazo: el PIB podría contraerse más del 2,0% previsto en el acuerdo para este año y el siguiente. La clave, por tanto, es que las reformas estructurales permitan a Portugal mejorar su competitividad y reactivar la economía, en un contexto de elevado endeudamiento (público y privado) y grandes necesidades de financiación externa.
– La implicación de la oposición en el diseño del rescate –a diferencia de lo sucedido en Irlanda– da mayor credibilidad al acuerdo y garantiza su aplicación después de las elecciones generales del 5 de junio.
– El riesgo de reestructuración y el carácter de acreedor preferente del FMI y el ESM suponen una desventaja para los acreedores privados del gobierno portugués, lo que podría dificultar su vuelta a los mercados.
– Por todo lo anterior, es fundamental que el gobierno portugués implemente de forma estricta el ajuste. Aunque el programa de ayuda se prolongará tres años, es probable que Portugal tenga que acudir a los mercados ya en 2012.
Conclusión
Por tanto, estamos ante el último capítulo de la crisis de la deuda soberana que se inició en Europa hace quince meses. De momento, tres países han pedido el rescate y, al menos en el caso griego, existen muchas dudas sobre la capacidad de que puedan hacer frente a sus deudas en el medio plazo. También parece bastante claro a estas alturas que ningún otro país necesitará acudir a la ayuda o, al menos, esa es la apuesta actual de los mercados, reflejada en las primas de riesgo. El único problema es que una vez recuperada parte de la credibilidad del resto de la región, a través de mayores dosis de ortodoxia en la política económica, en algún momento los mercados exigirán más crecimiento. Y, de momento, lo que se percibe en este sentido es una Europa a dos velocidades.