Prometo no hacer sangre con las contradicciones del Gobierno, aunque no puedo dejar de mencionar las palabras de la Vicepresidenta primera que hoy, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinario ha hecho referencia a la «convicción [del Gobierno] de la necesidad de la reforma laboral», cuando hasta hace muy pocos meses hemos recopilado decenas de negaciones por parte del Gobierno de que dicha reforma fuese necesaria, y muchas descalificaciones dirigidas a los que defendíamos su necesidad.
Pues bien, ya tenemos la reforma del Gobierno, aprobada como Real Decreto Ley, y que será ahora tramitada en el Congreso, donde podrá sufrir todo tipo de transformaciones mediante enmiendas. Así que hasta la finalización del trámite parlamentario no podremos tener la seguridad de cuál será el marco laboral que nos regulará en los próximos meses o años. Pero, en cualquier caso, no es posible pasar sin hacer una valoración de la misma:
La primera valoración se basa en la observación de que el texto del Gobierno no ha incorporado importantes aspectos considerados clave a juicio de muchos expertos. Así, se detectan las siguientes ausencias:
- Una reforma integral de la negociación colectiva. El marco de negociación colectiva español, con mayoritaria presencia de los convenios provinciales, es la posibilidad más ineficiente, de acuerdo con todos los estudios teóricos y empíricos. Pese a que alguna de las líneas de reforma del Gobierno afecta a los convenios colectivos –por ejemplo, las medidas de flexibilidad interna-, no se aborda la cuestión de dar más primacía a los convenios de empresa frente a los de ámbito superior.
- Reducción de las cotizaciones sociales. Una demanda clave de los empresarios y de muchos expertos, que comparan el coste de contratar en España con respecto al de los principales países de Europa, donde suele ser más reducido. De hecho, se detecta alguna medida que explícitamente supone una elevación de las cotizaciones: el Gobierno plantea incrementar las cotizaciones al FOGASA para financiar los 8 días de indemnización en caso de despido que, de manera errónea, se ha afirmado que asumiría el Gobierno, cuando en realidad también son pagados por los empresarios.
- Reforma del marco de prestaciones por desempleo. Sobre este asunto no se menciona nada, ni para introducir más incentivos a que los desempleados busquen trabajo ni para modular cuantías y duraciones de las prestaciones, como los 100 economistas pedían en su manifiesto.
- Simplificación de la maraña contractual. Uno de los problemas de nuestro mercado de trabajo admitido por el Gobierno es el de la dualidad, que deriva de la maraña de contratos que tenemos en España y, especialmente, de la muy diferente protección existente entre los contratos temporales y los indefinidos. En vez de eliminar esta maraña de cuajo, como muchos expertos han defendido, con un único contrato de trabajo, se ha seguido profundizando en la regulación de especificaciones de nuestro sistema actual.
II. Por otra parte, el documento del Gobierno incluye una serie de propuestas, teóricamente orientadas a fomentar la contratación indefinida, que resultan de dudosa eficacia, en el mejor de los casos:
- El ejemplo más obvio es el de la reordenación de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. En documentos anteriores el Gobierno ha reconocido explícitamente la dudosa eficacia de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Pero ahora el mismo Gobierno defiende que la reordenación de las actuales bonificaciones, concentrándolas en los jóvenes desempleados sin formación y en los mayores de 45 años parados de larga duración, tendrá un efecto positivo sobre la contratación.
- El efecto positivo sobre la contratación es aún más cuestionable cuando el propio Gobierno anuncia que estas bonificaciones sólo se aplicarán hasta el final de 2011, y que después no está claro qué sucederá. Así desde luego es poco probable esperar un impulso a la contratación de estos grupos de población, sin tener en cuenta los hipotéticos efectos negativos que podrían surgir de la eliminación de las bonificaciones que en la actualidad se aplican a otros colectivos.
- Otro ejemplo de medidas poco eficaces es la extensión del contrato de prácticas, por ejemplo, a los nuevos graduados universitarios, ya que esto puede “condenar” a que todos los titulados tengan que “pagar este peaje”, con independencia de que necesiten el período de prácticas o no. Debe recordarse que la idea original de este contrato estaba orientada a jóvenes con baja cualificación y reducida productividad, y no a la generalidad de los jóvenes.
- Asimismo, tampoco cabe esperar grandes éxitos de la extensión del actual contrato de formación de los jóvenes hasta los 24 años, por las mismas razones que en el caso anterior.
III. Tampoco es fácil obviar otro aspecto del documento del Gobierno, que es el de la cofinanciación impuesta a las Comunidades Autónomas del plan extraordinario de empleo para los jóvenes: el Gobierno se descuelga planteando que las CCAA tendrán que pagar el 40% del coste del programa sin haberlo consultado y negociado previamente con las administraciones implicadas.
IV. En el caso de las medidas orientadas a favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas, que permitiría que en determinadas circunstancias las empresas pudiesen reducir jornada de trabajo, modificar sustancialmente las condiciones de trabajo o no aplicar las subidas salariales pactadas, de momento hay que analizarlas con cautela, porque hasta que no se conozca la regulación en detalle de las mismas no podremos conocer la eficacia real. Así, si tras el arbitraje en caso de desacuerdo es posible que alguna de las partes recurra a los tribunales, la hipotética flexibilidad interna volverá a quedar a merced de decisiones judiciales difíciles de evaluar, pero cabe pensar que una parte importante de los hipotéticos efectos beneficiosos quedarán diluidos.
V. Por lo que respecta a las medidas orientadas a reducir la dualidad y la temporalidad, la idea más simple era avanzar hacia un contrato único de trabajo. Pero el Gobierno ha quedado atrapado por la actual regulación de nuestros contratos y ha tratado de lograr el objetivo final –la eliminación de la dualidad- mediante la “cuadratura del círculo”, esto es, retocando nuestro actual marco de contratación, pero sin introducir cambios sustanciales.
- Se propone extender el contrato de fomento de la contratación indefinida, pero se limita la conversión a los contratos indefinidos que no hayan superado los 6 meses de duración y la ampliación a nuevos colectivos de desempleados es muy tímida.
- Para este contrato no se modifican tampoco las cuantías fijadas como indemnización, pero se introduce la novedad de que 8 días de la indemnización sean pagados por el FOGASA. Esta modificación, que en el día de hoy, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Corbacho ha anunciado que se extiende también a los contratos indefinidos ordinarios, es perversa por, al menos, dos motivos: 1. se elevan las cotizaciones sociales para dotar al FOGASA de recursos para hacer frente a esta eventualidad. Es el único punto del documento en el que se hace alusión directa a las cotizaciones a la Seguridad Social, y es para elevarlas; y 2. penaliza al empresario que no despida trabajadores, porque tendrá que dotar igualmente el FOGASA, mientras que se beneficia al empresario que despida, porque ha pagado las mismas cotizaciones que el primer empresario, y el despido le cuesta menos.
- Se introducen nuevas limitaciones a los contratos temporales, para tratar de evitar su utilización en actividades estacionales y para frenar los encadenamientos, al tiempo que se eleva la indemnización de 8 a 12 días por año trabajado, algo irrelevante dado que raramente se pagan dichas indemnizaciones –basta con esperar al vencimiento del contrato y no renovarlo.
- Finalmente, debe comentarse que el Gobierno ha descartado incluir el modelo austriaco, y se ha anunciado que será regulado en una ley independiente en el plazo de 1 año.
VI. Por último, indicar que el Gobierno ha aprobado limitar restricciones que afectaban a la operativa de las agencias privadas de colocación y de las ETT, una modificación largamente demandadas, para incrementar la eficacia de la intermediación laboral en España y que constituye una buena noticia.
En definitiva, como se puede ver, la «reforma de calado» que nos iba servir para muchos años, según palabras del Presidente del Gobierno ha quedado en una «reformita», como hoy ha avanzado Díaz Ferrán. A mi juicio, hemos dejado pasar una oportunidad de oro para afrontar una reforma en profundidad que tocase todos los aspectos clave (negociación colectiva, cotizaciones, prestaciones, nuevo marco de contratación, etc.) y nos hemos quedado en una reforma tímida que, desde luego, no justifica más de dos años de espera, que ha sido el tiempo empleado en «marear la perdiz» del diálogo social.