La conveniencia de una acción de estímulo fiscal más o menos contundente ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico empieza a ser una receta con creciente aceptación. EEUU ha marcado la pauta con el paquete fiscal aprobado la pasada semana y que empezará a aplicarse en mayo: más de un 1% del PIB en “regalos” fiscales a los consumidores (dos tercios del total, dirigido especialmente a los de menores ingresos) y en incentivos temporales a la inversión. También esta semana, la receta ha sumado un inesperado defensor: el FMI, para cuyo director la política fiscal puede en las actuales circunstancias ser más eficaz que la monetaria. En España, los dos principales partidos en campaña (¿más bien subasta?) electoral parecen súbitamente encandilados con las bondades de la política fiscal expansiva.
Es cierto que nuestra desaceleración económica guarda notables semejanzas con la de EEUU, pero también que la claridad de propósito de los políticos españoles deja en este punto mucho que desear. En EEUU, sobre la base de la experiencia de 2001 (los consumidores gastaron más del 60% de las “ayudas” en seis meses) se ha puesto el énfasis en acordar un plan de estímulo fiscal “a tiempo, temporal y selectivo” (las tres “tes” de timed, temporal y targeted), mientras que en España ni siquiera parece haber claridad sobre los objetivos de unas acciones fiscales que, a la luz del debate, parece que llegarán tarde, carecerán en buena medida de limitación temporal y tendrán un carácter bastante indiscriminado.
Necesitamos con urgencia un buen debate sobre lo que puede y debe hacer la política fiscal, pero para ello es imprescindible conocer las características principales del riesgo que se pretende limitar. El riesgo debería ser claro: el de una desaceleración tan profunda del crecimiento que acabe llevando a la economía a una situación de estancamiento o, en el peor de los casos, de recesión. Y la causa de ese riesgo también: el endurecimiento de las condiciones de crédito en una economía muy endeudada y con un serio ajuste en marcha de su sector inmobiliario, responsable de una porción anómalamente alta del crecimiento de los últimos años.
Asumido ese diagnóstico, y sobre la base de un superávit fiscal del 2% del PIB, las preguntas pertinentes son muchas: ¿debe aplicarse una política fiscal discrecional para afrontar la amenaza económica? ¿No bastaría con los estabilizadores automáticos? Si se aplicara, ¿cuál debería ser su importe mínimo? ¿Y máximo? ¿Cuáles son los riesgos a medio y largo plazo de una política discrecional expansiva en España? ¿Podrá aplicarse con la rapidez suficiente? ¿Es importante que las medidas sean temporales? ¿Qué medidas serán más eficaces, las de gasto público o las aumenten la capacidad adquisitiva o inversora de ciudadanos y empresas? En el primer caso, ¿qué gasto público sería deseable? En el segundo, ¿qué grupos habría que privilegiar?