Esta tarde se lanza la edición de 2014 del Informe del Banco Mundial: Women, Business and the Law (http://wbl.worldbank.org/). Este informe analiza de manera periódica distintas bases de datos y directamente la legislación de 143 países, en búsqueda de potenciales diferencias de trato entre hombres y mujeres. El entorno legislativo es esencial para garantizar la incorporación plena de las mujeres al mercado de trabajo, ya sea como trabajadoras por cuenta ajena, ya sean emprendedoras. El informe analiza varias áreas: acceso a las instituciones, derecho de propiedad, acceso al trabajo, incentivos al trabajo, acceso al crédito y a juzgados (juicios).

En el Informe de 2012, todas los países analizados mostraban algún tipo de legislación diferencia entre hombre y mujer, aunque las diferencias entre géneros variaba mucho en función del nivel de desarrollo de la región: los estados con mayor nivel de renta presentan en general menos diferencias. Según el Informe de 2012, aun en 23 países las mujeres casadas no podían legalmente elegir donde vivir y en otras 29 no pueden ser reconocidas como cabezas de familia legalmente. Solamente reportar estas diferencias de manera abierta, ya se convierte en una herramienta en la reducción de la discriminación por género. Como indica el mismo Informe, países como Kenya ya han iniciado un cambio en su legislación para igual en derechos a hombres y mujeres. Si bien las diferencias sociales tardarán más en cambiar, es indudable que un cambio en el escenario legislativo, provocará algún tipo de cambio en la sociedad.

Si la burocracia suele ser una de las causas que provocan la creación de mercados informales, en las relaciones creadas dentro de este informe se aprecia como cuanto mayores son las diferencias legales entre hombres y mujeres, en realidad esto implica una mayor burocracia y mayores barreras para la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, empujando a las mujeres al mercado informal, perdiendo de alguna manera los potenciales beneficios de su capacidad emprendedora en el medio y largo plazo. España, con la igualdad de derechos instaurada por la Constitución de 1978, el Código Civil de 1981 y la Ley de Igualdad de 2007, está entre los países donde existen menos diferencias, al menos sobre el papel.