Archivo de la Categoría ‘Economía española’

El pasado jueves tuvimos conocimiento de una mala noticia económica. El INE publicó su estimación adelantada para la inflación en noviembre y nos encontramos con un crecimiento interanual de los precios de un 4,1%, lo que supone una fuerte aceleración, ya que sólo un mes antes, en octubre, los precios crecieron a un ritmo del 3,6%. El dato adelantado refleja una cruda realidad: estamos ante el peor dato de inflación en España de los últimos siete años.

Todos sabemos, y sufrimos, las consecuencias de una elevada inflación. En un contexto en el que nuestros ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios se produce una lenta degradación de nuestro poder adquisitivo. Un tema que en la actualidad está muy de moda, dado el fuerte crecimiento de los precios de algunos productos de consumo cotidiano entre la mayor parte de la población (alimentos, carburantes, etc.). Pero el objeto del post de hoy en este blog de economía es destacar dos efectos perversos más derivados de una elevada inflación: la subida encubierta de impuestos que supone y la redistribución arbitraria y no prevista de recursos que implica, a través de de la actualización automática de las pensiones.

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La inflación es un caballo sin bridas que está haciendo estragos en los bolsillos de la gente, especialmente en las rentas más bajas, esto es, jubilados, pensionistas y desempleados entre otros; de igual manera, la inflación está lesionando la competitividad de las empresas españolas. La situación es tan grave que la inflación de noviembre se ha situado en el 4,1 por ciento. Digamos que estas cifras, ya de por si alarmantes son las oficiales. Ocurre, sin embargo, que esta inflación revelada no coincide con la inflación percibida. La primera deviene del convencionalismo que la economía ha adoptado: un determinado panel de productos con su correspondiente ponderación; la segunda es el resultado de impresiones, con mayor o menor base real, por parte de la gente en base a su relación con los productos que compra con más asiduidad. El problema es que la información que aporta el IPC se aleja de forma considerable del la inflación que perciben los ciudadanos.

Para recopilar la información del IPC se utiliza la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También existe la dificultad de medir los cambios en los precios cuando hay variaciones en la calidad de los productos. Además cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición.

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La economía española muestra síntomas de desaceleración. Según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el tercer trimestre de 2007 ha experimentado una subida intertrimestral del 0,7%, 2 décimas menos que el trimestre anterior. Un dato muy malo ya que hay que remontarse 4 años (tercer trimestre de 2003) para encontrar un trimestre con un crecimiento menor al 0,7%. En términos interanuales, con respecto al mismo trimestre del año pasado, el crecimiento ha sido del 3,8%. Parece que se agota, poco a poco, la senda de crecimiento que se ha venido observando en la economía española desde finales de 2003. La evolución de la economía española en el tercer trimestre del año se contrapone al de la Unión Europea y al de la Unión Monetaria en su conjunto, que aceleran su crecimiento.

En el tercer trimestre el consumo de los hogares se ha desacelerado cuatro décimas, hasta el 2,9%. La demanda de inversión en capital fijo desaceleró un punto su tasa de variación interanual hasta el 5,6%. Así, la inversión en bienes de equipo, aún manteniendo crecimientos a tasas de dos dígitos (11,2%), redujo su ritmo de avance en casi dos puntos. Por su parte, la inversión en construcción ralentizó su crecimiento del 4,6% al 3,8% como resultado del menor dinamismo, tanto de la obra en infraestructuras como, especialmente, de la edificación residencial. De esta forma, la inversión en vivienda está perdiendo empuje paulatinamente debido al menor ritmo de iniciación de obras. Así, en el tercer trimestre, el crecimiento de la inversión residencial se ha reducido del 3,7% al 2,9%.

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La inflación en el mes de octubre, publicada hoy por el INE, debe ser motivo de preocupación para los ciudadanos y el gobierno. El Indice de Precios de Consumo (IPC) en tasa interanual se ha situado en octubre en el 3,6%, la más alta desde agosto de 2006. La subida de los precios en octubre, con respecto al mes de septiembre de este año, ha sido impulsada por el encarecimiento, del vestido y el calzado (+9%), los productos relacionados con la enseñanza (+2,4%), provocado por el inicio de la temporada de invierno y del curso escolar, respectivamente y por los precios de los alimentos (+1,9%), sobre todo por el encarecimiento de los lácteos.

¿Por que debe ser motivo de preocupación? Por un lado, supone una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores y, por otro, una disminución de la competitividad para nuestras exportaciones ya que nuestros precios están creciendo mucho más rápidamente que los de los países con los que competimos. Esta pérdida de competitividad exterior se está manifestando en la disminución de cuota de mercado de nuestras exportaciones sobre el total mundial y comunitario. El menor crecimiento de las exportaciones, generado por la mayor inflación y también por la fuerte apreciación del euro, repercutirá en un menor crecimiento de la economía en el medio plazo. La consecuencia es un déficit exterior disparado (casi el 10% del PIB). Por otro lado, cuando aumenta la inflación los tipos de interés reales (aquellos que se obtienen tras descontar la inflación) son más bajos. De esta forma se desanima el ahorro ya que los rendimientos que se obtienen ahora son menores.

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Las tasas de paro llevan reduciéndose de manera prácticamente continuada en España desde mediados de los años 90, lo que nos ha permitido pasar de proporciones en el entorno del 23% al 8,03% en la actualidad. Esta reducción, aunque importante, todavía no permite hablar de pleno empleo, máxime cuando todavía no hemos alcanzado en España los objetivos de Lisboa de tasas de ocupación. Aún estamos algo lejos.

Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se realiza un análisis de los datos distinguiendo el nivel de estudios de los trabajadores. En este caso se comprueba que los trabajadores con estudios universitarios se encuentran en una situación que podemos calificar como de auténtico pleno empleo. Los datos son muy claros al respecto: las tasas de ocupación de los trabajadores con estudios universitarios han superado en España el límite del 80% en el tercer trimestre de este año, de acuerdo con la EPA. Concretamente, se ha alcanzado una tasa del 80,6%, frente a una tasa general del 54,4% para los mayores de 16 años. Además, la tasa de paro de los trabajadores con estudios universitarios es del 5,07% en España, tres puntos menos que la media nacional para todos los trabajadores.

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El aumento de los ingresos en divisas de los países emergentes, tanto por el incremento del precio de las materias primas, como por el aumento de exportaciones de bienes y servicios a los países desarrollados está provocando la aparición de fondos soberanos dedicados a gestionar y, por tanto, rentabilizar esa riqueza en manos de las autoridades públicas. Se estima que el volumen total de activos que manejan estos vehículos de inversión ascendería a 2,2 billones de dólares (1,3% del stock global de activos financieros), aunque se piensa que en una década podrían crecer hasta 13 billones de dólares. Por países, los mayores fondos soberanos son los de Abu Dhabi (625 m.m. de dólares), Noruega (322 m.m. de dólares), Singapur (315 m.m. de dólares), Kuwait (213 m.m. de dólares), China (200 m.m. de dólares) o Rusia (128 m.m. de dólares), todo ello sin contar a países como Venezuela que están invirtiendo en el exterior de forma algo más “heterodoxa”. El más antiguo de todos ellos y el que está más profesionalmente gestionado es el de Noruega, cuyas decisiones se deciden por criterios de IRS (Inversión Socialmente Responsable).

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Imaginen que en una compañía aseguradora observan que los vehículos de color rojo experimentan un mayor número de siniestros que los de color azul. A continuación la compañía decide establecer primas distintas, para seguros de accidente con la misma cobertura, para los poseedores de vehículos rojos y azules. A partir de dicho momento, los conductores de vehículos rojos pagarán un seguro más caro. ¿Les parece esto lógico? A mí sí. Si las primas fuesen iguales, un promedio entre ambas primas, ponderado por el número de vehículos de cada tipo, lo que estaría sucediendo es que los conductores con menos accidentes (los de los coches azules) estarían subsidiando las primas de los conductores de coches rojos, que tienen más accidentes pero pagan lo mismo por el seguro.

Este principio de discriminación es bastante lógico y viene siendo aplicado desde siempre. Por eso los conductores noveles pagan primas más altas que los experimentados. Pues bien, esta diferencia que resulta tan evidente empieza a resquebrajarse cuando nos enfrentamos a las diferencias de género, ya que entramos en el terreno de lo políticamente incorrecto, ahora que el el tema de la igualdad se aplica a todos los contextos, incluso hasta aquellos en los que resulta bastante discutible. Y el Gobierno acaba de aprobar algo al respecto…

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2007. Los datos del paro registrado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) dieron un respiro en el mes de septiembre, en el que se rompió una racha de 2 meses consecutivos de incremento en el número de desempleados, con una ligera caída del 0,5%. Sin embargo, los datos publicados hoy por el INE señalan que el número de parados ha aumentado en 31.900 personas respecto al trimestre anterior, situándose en 1.791.900. Así, la tasa de desempleo aumenta ocho centésimas hasta el 8,03%.

En cuanto a la evolución en los últimos 12 meses, la cifra de desempleados se ha incrementado en 26.800 personas. El ritmo de avance interanual de creación de empleo en la construcción crece al 4,92%, bajando desde el 7,62% del trimestre anterior. En servicios crece al 4,15%, frente al 4,34% anterior. Sin embargo, en la industria el empleo presenta un descenso del 0,89%, si bien algo inferior a la caída del 1,31% registrada en el segundo trimestre. Por lo tanto, se consolida el patrón de generación de empleo en los sectores de baja productividad y valor añadido, servicios y construcción, aunque este último sigue perdiendo “fuelle” a buen ritmo. Del mismo modo, la industria continúa perdiendo peso.

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Hoy se cumplen 30 años de los Pactos de la Moncloa. El martes escribí un post sobre este tema titulado «Se cumplen 30 años de los Pactos de la Moncloa». Allí señalaba que la situación preocupante en que se encontraba la economía española a mediados de 1977 llevó al presidente del gobierno Adolfo Suárez y a su vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana a impulsar una política económica de consenso o pacto social. Me pregunta Juajo en un comentario a ese post si los Pactos de la Moncloa eran entonces una novedad. Los pactos sociales o políticas de consenso no eran novedosos en el marco social europeo, y de una u otra forma las han practicado, al menos durante algún tiempo y con anterioridad a la España democrática, países como Suecia, Alemania Federal, Holanda, etc. Y es precisamente a partir de la crisis del petróleo de 1973 cuando estas políticas alcanzaron un auge mayor.

Sin embargo, los Pactos de la Moncloa fue un pacto social atípico, respecto a los que se realizaban en Europa, en un doble sentido: respecto a los protagonistas del acuerdo y respecto a su contenido. En cuanto a la primero cuestión, todo el mundo recuerda que el acuerdo se firmó entre los partidos políticos y el Gobierno, al estar los sindicatos y las organizaciones empresariales en una situación embrionaria y carecer de una representatividad contrastada. En cuanto al contenido, iba mucho más allá de lo que en Europa se ha denominado pactos sociales o política de consenso (política de rentas y mantenimiento de empleo) abarcando aspectos tan dispares como la libertad de expresión, modificación del código penal, reforma de la seguridad social, etcétera.

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Este jueves 25 de octubre se cumplen 30 años de la firma de los Pactos de la Moncloa. El segundo gobierno español de Adolfo Suárez (UCD), que ganó las elecciones generales el 15 de junio de 1977, se planteó, desde el primer momento, una política de consenso para sacar a España de una honda crisis económica. Efectivamente, en verano de 1977, la economía española era un desastre: el paro estaba creciendo, el crecimiento económico se reducía rapidamente, la tasa de inflación llegó en verano casi al 45% a la vez que el déficit con el exterior aumentaba a pasos agigantados.

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Se acaba de publicar el Índice de Compromiso con el Desarrollo (Commitment to Development Index, cuyas siglas son CDI,) del año 2007 que elabora el Center for Global Development. El CDI otorga una puntuación a 21 de los países más ricos del mundo (ver final de este post) en función de sus políticas que benefician a los países pobres. Para elaborar el índice se mide el mayor o menor esfuerzo de la nación en siete ámbitos de políticas que son importantes para los países en desarrollo: cooperación, comercio, inversión, migración, medio ambiente, seguridad y tecnología. En función de esa puntuación, obtenida por los 21 países más ricos, España ocupa el puesto 15 en 2007 (ver ranking más abajo).

De los 7 aspectos que se miden España saca mala nota en 3: Medio ambiente, Seguridad y Cooperación. En Medio ambiente porque descuida la utilización de los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Además España emite demasiados gases invernadero por lo que genera calentamiento global y tiene malas políticas en el clima (impuestos bajos sobre la gasolina), industria pesquera (elevados subsidios a la pesca) y biodiversidad global (importa especies en peligro de extinción).

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