El próximo gobierno tendrá que resolver varios problemas que aquejan a la economía española, entre ellos los relacionados con las finanzas públicas como son la reducción del déficit de las Administraciones Públicas, la financiación de las Comunidades Autónomas y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una de las claves para resolver estos tres problemas es incrementar el conjunto de los ingresos fiscales. De ahí que la publicación, esta semana, del número de afiliados a la Seguridad Social, en el mes de junio, haya sido recibida con entusiasmo por parte de los agentes económicos. Efectivamente, el volumen de afiliaciones no sólo siguió aumentando en junio, sino que registró el récord de dicho mes en la última década (98.432 afiliados más frente a los 35.085 de junio de 2015). En el último año, la afiliación se incrementó en 503.876 personas. Se alcanzan así los niveles de hace seis años (+17,76 millones). Estas cifras muestran que, cada mes que pasa, hay un mayor número de personas cotizando, lo cual debería incrementar los ingresos y, por consiguiente, facilitar el pago de las pensiones. Sin embargo, no ha sido así.
[1]El Gobierno en funciones está teniendo dificultades para afrontar el abono de las pensiones de los próximos meses después de pagar la extraordinaria de verano. Es decir, hay un déficit en la Seguridad Social: un desfase entre los ingresos y los gastos. Por eso para poder cumplir, el Gobierno sacó este mes 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, de los ahorros generados durante la época de bonanza. Una práctica que ha venido repitiendo desde el año 2012, por lo que este fondo se ha reducido en un 62%. Por tanto, tenemos un problema: el déficit de la Seguridad Social sigue creciendo, a pesar de la recuperación económica, el aumento del empleo y la fuerte reducción del paro (353.250 parados menos en el último año).
El problema demográfico
El origen del problema de las pensiones es puramente demográfico. Por un lado aumenta la esperanza de vida o lo que es lo mismo crece de forma imparable el periodo que va desde la fecha de jubilación hasta que la gente fallece. Por otro, existe una muy baja tasa de natalidad. El resultado es un proceso alarmante de envejecimiento de la población. España se ha convertido en uno de los países más envejecidos del mundo, algo que confirmó el INE en su último informe. Por primera vez en 41 años de registros, la tasa vegetativa (nacimientos menos defunciones) se ha tornado negativa. El 2015 dejó una diferencia de 2.753 personas menos. Asimismo, el informe nos muestra que, por cada mil habitantes, nacieron apenas nueve niños, por lo que la pirámide poblacional está adoptando una forma invertida cada vez más rápido.
Causas del envejecimiento
1º) La baja tasa de fertilidad. España se encuentra entre los 10 países del mundo y los tres de la Unión Europea en los que esta tasa es menor: 1,3 hijos por mujer, cuando la media mundial es de 2,5. Lo que ponen de manifiesto estas cifras es que la población española no está hallando relevo generacional (harían falta 2,1 hijos por mujer). Esto significa que, en unas décadas, no habrá suficiente número de personas para sostener el sistema pensional, lo que causaría no solamente su desequilibrio, sino su colapso. Muchas son las razones que explican la baja natalidad y por qué la población en condición reproductiva ha venido retrasando la edad de tener hijos o incluso se ha abstenido de hacerlo. En los últimos años, han influido también los bajos salarios, las altas tasas de desempleo, las escasas oportunidades laborales para la mano de obra de baja cualificación, y la elevada temporalidad del mercado de trabajo.
2º) La alta esperanza de vida, que, en las dos últimas décadas, pasó de 78 a 83 años, lo cual representa un crecimiento del 5.7%. Por eso España figura entre los 10 países del mundo cuyos habitantes son más longevos.
3º) La tasa de migración, que, desde hace cinco años, es negativa. En 2015, se registró una inmigración de 50.000 personas, tanto nacionales como extranjeras. Esta cifra es la mitad de la de los residentes españoles que emigraron a otros países. En términos netos, esta diferencia representa una fuga de población joven o en edad laboral, en especial de aquélla con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años.
Las políticas económicas
Todo esto lleva a pensar que, de no lograrse un aumento en la tasa de natalidad, España tendrá que realizar una política migratoria similar a la aplicada en países como Canadá y Australia, basada en atraer gente joven que logre mantener el sistema de pensiones para los años venideros. Esto favorecería la consecución de una pirámide poblacional que permitiera la sostenibilidad del sistema de pensiones.
De lo contario, España corre el grave riesgo de envejecer rápidamente, con el consiguiente desequilibrio presupuestario que ocasionaría un mayor gasto sanitario y de pensiones. De ahí que diversos organismos internacionales, en sus informes sobre la economía española, suelan insistir en la necesidad de reformar el sistema de pensiones, incluyendo aspectos como alargar la edad de jubilación, eliminar la jubilación temprana, introducir elementos de capitalización o favorecer el incremento de los fondos de pensiones privados. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones son otras propuestas, pero éstas resultan más impopulares e ineficientes. Adicionalmente, se deberían implementar políticas de incentivos para estimular el número de nacimientos, con miras a equilibrar la tasa vegetativa.
Como la Comisión del Congreso para el tema de las pensiones lleva años sin tomar las medidas necesarias para resolver el problema de las pensiones, debería ser el nuevo Gobierno que se forme el que tomase la iniciativa. Como hemos señalado más arriba hay mucho camino por recorrer el cual requerirá múltiples esfuerzos, acuerdos y reformas, con el fin de evitar que el pago de éstas siga consumiendo la parte más importante del presupuesto del Estado. Hacer esas reformas es la única manera de garantizar la sostenibilidad económica del sistema de pensiones y de blindarlas frente a un posible colapso futuro. Desde una perspectiva más amplia, pero que incluye también los gastos por pensiones, en este año 2016, las Administraciones Públicas y los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para reducir de forma sensible el déficit público. Ayudas no les faltan: crecen los cotizantes a la Seguridad Social y los ingresos por impuestos y hay menores gastos por prestaciones de desempleo y financieros (por los menores tipos de interés).
Esos vientos propicios han de aprovecharse para que el país navegue hacia puertos más seguros, una travesía que deberá ser larga, trascendiendo la inmediatez acuciante de los cambios coyunturales de cada momento. Más que nunca es necesario un gran alcance de miras, para que seamos capaces de arreglar la sostenibilidad del sistema de pensiones mirando, acordando, planificando e invirtiendo en el largo plazo. Para que, en vez de a las cigarras estivales, nos parezcamos más a la hormiga del cuento, que fue lo suficientemente previsora para no dilapidar su riqueza en verano y, así, poder sobrevivir al invierno.
Rafael Pampillón (IE Business School y Universidad CEU San Pablo) y Carolina Ramírez (Master en Economía por University College of London). «Pensiones: mirando a largo plazo». Expansión, página 43. 9 de julio de 2016.