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Propuesta para el próximo gobierno de España: mejorar la política de I+D

Los fundamentos de la competencia se desplazan hacia la creación y asimilación de conocimientos que surgen, principalmente, de la inversión en innovación y en investigación científica y desarrollo tecnológico. De ahí que en España, al igual que en otros países, los factores que más pueden favorecer la productividad y, por tanto, el crecimiento de la economía es la formación del capital humano y las nuevas tecnologías. Es importante que la economía española crezca, pero también es fundamental que aumente la productividad para que pueda seguir haciéndolo en el futuro. En este sentido, las tecnologías de la digitalización del siglo XXI pueden aumentar la productividad de los trabajadores. Pero para ello es necesario que la Investigación y Desarrollo (I+D) que se realiza en España mejore.

¿Cómo puede el próximo gobierno afrontar el reto de generar mayor innovación y aumentar la competitividad?

Más investigación y mejor orientada

1º) Aumentar la inversión en I+D. En España, el gasto en I+D es bajo. En 2014, se situó en el 1,23% del PIB. Lo que significa que está bastante alejado al de otras economías más avanzadas como Francia (2,23%), Reino Unido (2,73%), Austria (2,95%), Estados Unidos (2,73%), Japón (3,4%), Alemania (2,85%), Suecia (3,3%) y Finlandia (3,31%). Como media los países de la OCDE gastan el 2,36% del PIB. El nuevo Ejecutivo se podría proponer terminar su legislatura en 2020 alcanzando un objetivo de gasto en I+D del 2 % del PIB, la media europea.

Cuadro: Evolución del gasto en I+D en España

Año Gasto en I+D en millones de euros Gasto I+D (%PIB) Variación anual del gasto en I+D como % del PIB
2005 10.197 1,12% 6%
2006 11.815 1,20% 7%
2007 13.342 1,27% 6%
2008 14.701 1,35% 6%
2009 14.582 1,39% 3%
2010 14.588 1,40% 1%
2011 14.184 1,36% -3%
2012 13.392 1,30% -4%
2013 13.012 1,26%  -3%
2014 12.821 1,23%  -2%

Fuente: INE

Pero esta mayor inversión en I+D debería estar mejor orientada; una mayor proporción del gasto lo debería hacer el sector privado. Así, mientras el sector privado español realiza el 53% del gasto total en I+D, en Alemania, Francia, Finlandia, Corea del Sur, Reino Unido o Estados Unidos esta inversión supera el 65%. La evidencia empírica muestra que las inversiones en I+D realizadas por las empresas tienen mayor impacto en la productividad y en el crecimiento del PIB que las del sector público. No en vano los países de nuestro entorno tienden cada vez más a que la I+D sea realizada por el sector privado.

2º) Conseguir que en el año 2020 el 60 % de la ejecución de la I+D lo hagan las empresas (ahora este porcentaje es del 53 %). Para ello habría que instrumentar más incentivos fiscales, remover obstáculos administrativos y dar más facilidades financieras para que las empresas dedicaran más recursos a la I+D. Además, conviene recordar que los sectores que presentan un mayor dinamismo, especialmente en la creación de empleo duradero a largo plazo, son a la vez los que consiguen una mayor capacidad innovadora.

Agenda digital

3º) El gasto del sector público investigador debe adaptarse mejor a la obtención de resultados, algo que permitiría mejorar la competitividad de las empresas. No se debe olvidar que casi la mitad de la inversión en I+D en España lo está realizando el sector público, lo que hace conveniente estrechar más los vínculos entre las universidades y demás centros públicos de investigación con las empresas. Esto favorecería la innovación en las PYMES, compañías que por su escasa dimensión carecen de departamentos propios de I+D. Afortunadamente contamos con importantes plataformas digitales y un elevado despliegue de redes que, bien integradas, podrían facilitar las conexiones entre equipos de investigación y empresas. Hoy las redes son el vehículo más oportuno para transferir la investigación tecnológica pública hacia las empresas.

Se trata de dinamizar a los organismos oficiales de investigación, CSIC, universidades públicas y similares, empujándoles a una mayor colaboración en proyectos mixtos con las compañías privadas. Ya lo hacen, pero si se concediesen más incentivos económicos, por ejemplo, participar en el rendimiento económico del proyecto y eliminar las trabas burocráticas habría más oportunidades de conjunción. Hay muchos y muy buenos departamentos de investigación públicos donde se hacen investigaciones punteras, pero con frecuencia éstas se quedan sin desarrollo por falta de los incentivos que mejoren sus conexiones con las empresas. En la próxima legislatura se podría desarrollar una estrategia más atractiva que estimulase al sector público investigador. La Agenda Digital puede ser el catalizador que logre estos deseados efectos en nuestra estructura productiva, el crecimiento económico  y el empleo.

Más industria

4º) Conseguir un mayor peso del sector industrial en el conjunto de la economía. Así, mientras en España la industria supone solo el 17% del PIB, en los países europeos esa proporción supera el 20%. Como consecuencia, mientras la industria europea ejecuta el 60% del gasto total en I+D, la industria española solo gasta el 49%. En este sentido, la digitalización de la fabricación podría permitir un resurgimiento de la industria nacional y, como consecuencia, establecer un marco más fácil para desarrollar tecnología propia y competir mejor en los mercados internacionales. Los procesos de fabricación industrial están regidos, cada vez más, por softwares inteligentes, que a su vez necesitan de profesionales muy calificados, personal más fácil encontrar en España que en países como Tailandia, Pakistán, Indonesia  o Bangladés.

5º) Mantener un rumbo y unos objetivos definidos que generen certidumbre y estabilidad en los diferentes actores del Sistema Científico y Tecnológico. Para que las medidas de los puntos anteriores tengan eficacia se requiere que la política científica y tecnológica tenga una dirección clara, estable y predecible.

El año que viene comenzará su andadura la recién creada Agencia Estatal de Investigación. Es clave que esta institución se gestione de forma independiente. Por esta razón hace falta un pacto de Estado para que la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D que vaya a gestionar esta Agencia no dependa del gobierno de turno. Es una oportunidad para eliminar el fraccionamiento de la inversión en I+D, mediante la integración de los recursos oficiales y recorte de los gastos inútiles de pequeños institutos que han proliferado en las Comunidades Autónomas. Una posible solución para ganar la escala imprescindible es realizar acuerdos de colaboración que desarrollen clústeres virtuales, a través del desarrollo adecuado de redes y digitalización, lo que permitiría reducir costes, ampliar mercados y aumentar la productividad de la economía. Conseguir ese cambio de orientación en el sector público investigador no es un camino sencillo, pero si necesario para aumentar la competitividad de nuestras empresas.

En definitiva, el nuevo Gobierno de España que salga de las urnas el 20 de diciembre debe aplicar nuevos instrumentos de política económica e intensificar los ya existentes. De esta forma se fomentaría un mayor tamaño de las empresas y el desarrollo tecnológico, elementos claves para lograr la competitividad y modernización de nuestras empresas. Esta estrategia facilitaría el mantenimiento y la creación de un tejido industrial potente y competitivo.

En el complejo mundo globalizado en el que vivimos resulta imprescindible una política más audaz en la I+D. Este es el camino a seguir si queremos que España esté en la vanguardia de los países industrializados. Nos jugamos mucho, entre otras cosas que pueda existir en el futuro empleo de calidad en nuestro país.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo. «Mejorar la política de I+D». Expansión, 12 de Diciembre de 2015. Suplemento titulado: “10 propuestas de los expertos AL PRÓXIMO GOBIERNO”.