Hoy, habrá elecciones en Argentina, en las que se decidirá quién será el nuevo presidente de la república. Tras una campaña electoral que no ha dejado a nadie indiferente las encuestas dan como favorito a Mauricio Macri, de la formación Cambiemos. El otro candidato a la Presidencia, el oficialista Daniel Scioli, tiene menos posibilidades de ganar: la desastrosa gestión económica de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pasará factura en las urnas.
Efectivamente, a partir del año 2011, el populismo de Cristina Fernández fue desmoronando poco a poco la estructura económica del país. Las causas se pueden encontrar en el deterioro de las instituciones y las malas políticas aplicadas, como fueron: el aumento de impuestos y de controles de precios, las restricciones aduaneras, los mayores aranceles a los productos importados, la prohibición a las exportaciones de carne, los subsidios a los precios de la energía, una política monetaria excesivamente laxa, un gasto público desbordado, la nacionalización del sistema de pensiones privadas, el elevado déficit público, la falta de seguridad jurídica, la hostilidad del Gobierno hacia la inversión extranjera, la intromisión política en la Justicia y la corrupción generalizada.
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El resultado de estas medidas heterodoxas ha sido un desastre económico importante:
1) El crecimiento económico es muy bajo: este año será del 0,7% y en 2016 un 0,5%. Un crecimiento que está muy por debajo del de otros países de su entorno. Así, Chile crecerá este año un 2,8% y el año que viene un 3,7%, México 2,3% y un 2,9%, Colombia al 3,3% y 3,9% y Perú al 3,9% y 4,8%.
2) La inflación argentina está disparada. Este año la subida de los precios cerrará en diciembre en el 28%, frente al 24%, en 2014. Para el año que viene se estima una inflación mayor: el 32%. Es la consecuencia de: a) una política monetaria expansiva, b) un tejido empresarial estrangulado e intervenido que genera una producción insuficiente para abastecer la demanda y c) el aumento del déficit público, que este año podría estar cerca del 6% del PIB.
3) El estancamiento económico y la elevada inflación están reduciendo el bienestar de la población. Está empeorando el nivel de vida de los ciudadanos. Desde el año pasado la renta per cápita ha seguido disminuyendo. El resultado ha sido una caída en el consumo de las familias. Además, la pérdida de poder adquisitivo del peso está incentivando a los argentinos a lanzarse a la compra de dólares como refugio; lo que a su vez fortalece la economía sumergida, especialmente la que se refiere al mercado cambiario. Una práctica ilegal que genera incertidumbre e incomodidad en la población y que, por tanto, es también una fuente de descontento.
4) Desde el año 2010 el déficit exterior ha ido aumentando. En los dos últimos años este desequilibrio se ha agravado por la caída del valor de las exportaciones como consecuencia del desplome de los precios de los productos agrícolas y del petróleo; pero también porque el gobierno saliente se ha empeñado en mantener un tipo de cambio real apreciado, es decir, poco competitivo, que está provocando una reducción de las ventas al exterior de productos manufacturados. El peso cotiza en el mercado negro por encima de 15 pesos/dólar mientras en el oficial se intercambia a 9,7 pesos/dólar.
¿Qué política económica se debe aplicar?
Por tanto el nuevo presidente deberá cambiar las políticas. La solución a los problemas económicos de Argentina pasa por hacer una política económica que consiga aumentar el tejido empresarial, que genere crecimiento económico y empleo, que estabilice los precios, que equilibre la balanza de pagos y que mejore el bienestar de los ciudadanos.
Se trata de políticas económicas ortodoxas, que suponen la eliminación de los controles de precios, de las restricciones aduaneras a los productos importados y de los impuestos a la exportación. También se debería reducir las subvenciones para controlar el déficit público, aplicar una política monetaria menos expansiva y unificar el tipo de cambio del peso oficial con el del mercado paralelo.
Pero los retos del nuevo gobierno no se circunscriben a los cambios y ajustes en las políticas macroeconómicas. Debería, también, fortalecer las instituciones para dar mayor confianza a la iniciativa empresarial y a la inversión extranjera. Desgraciadamente los organismos internacionales y los “think tanks” citan permanentemente a la Argentina como uno de los peores países para hacer negocios. Además, la situación ha empeorado en el último año. Tres informes publicados recientemente así lo señalan.
Pérdida de posiciones en la economía global
En el “Índice de libertad económica” que elabora The Heritage Foundation, Argentina sale muy mal parada. Ocupa puestos de cola. En 2015 está en la posición 169, de un total de 178 países, y lo que es peor pierde 3 puestos con respecto al año 2014.
Esta falta de libertad económica, que va en aumento, está estrechamente relacionada con la dificultad para hacer negocios, tal como muestra el informe “Doing Business 2016” del Banco Mundial. Argentina ocupa una mala posición, la 121, lo que supone un descenso de 4 puestos respecto al informe del año 2015, en el que se clasificó en el 117.
También ha empeorado su posición en el último ranking del “Índice de Percepción de la Corrupción” que publica Transparencia Internacional. Argentina ha obtenido 34 puntos (donde cero significa altos niveles de corrupción y 100 muy bajos niveles de corrupción). Con esa puntuación pierde dos puestos y se sitúa en el número 107, de los 174 países del ranking de corrupción gubernamental.
En definitiva, ni los ciudadanos argentinos, ni sus empresas, ni los organismos económicos internacionales, ni el capital extranjero confían en los políticos que gobiernan hoy la Argentina, ni en sus jueces, ni en los organismos reguladores. Al final, los 12 años de gobierno de la familia Kirchner han terminado empobreciendo a la población, estrangulando el sistema productivo, ahuyentando a la inversión extranjera y desprestigiando a las instituciones.
Cambios institucionales
De ahí que el nuevo presidente tendrá que poner orden en muchos ámbitos relacionados con las instituciones económicas. Tendría que: a) mejorar el funcionamiento de los mercados, restableciendo la competencia, y abandonar el Programa de Precios Cuidados aplicado desde 2013 por el ministro Axel Kicillof; b) dar mayor seguridad jurídica a las empresas, respetando, en mayor medida, los derechos de propiedad y haciendo que se cumplan los contratos; c) reducir la corrupción en todos los niveles de la Administración Pública y d) dotar de mayor independencia al poder judicial, al banco central y a los organismos reguladores (no se debe olvidar que la existencia de instituciones creíbles, transparentes e independientes son factores clave para el éxito económico de los países y el buen funcionamiento de las empresas).
Tanto Daniel Schioli y Mauricio Macri han manifestado su deseo de recomponer la economía, dar mayor confianza a las empresas, atraer a la inversión extranjera y recuperar las relaciones económicas con Estados Unidos (deterioradas por la decisión de la Corte Suprema americana de rechazar la apelación de Argentina frente a los fondos buitres).
También parece probable que se fortalezcan los lazos económicos y políticos de Argentina con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y con Europa. Una buena noticia para las empresas españolas que todavía trabajan en ese país: Banco Santander, BBVA, Mapfre, Telefónica, Gas Natural-Fenosa, Endesa, Indra, Inditex, OHL, ACS, entre otras. Además, sobre todo si ganase Macri, Argentina tenderá a distanciarse de los gobiernos populistas de Venezuela, Ecuador, Cuba y Bolivia.
Pero independientemente de quien gane hoy, resulta deseable, y hasta necesario, un profundo cambio en el país.