El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de una nueva Ley de Patentes con el fin de mejorar el nivel tecnológico de España. La capacidad del sistema científico y tecnológico español para investigar y generar innovaciones sigue siendo bajo. Precisamente este jueves el INE publicó los datos de gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) del año 2013, que no fueron buenos. En el año 2013 el gasto en I+D fue de 13.052 millones de euros, lo que supuso una reducción del 2,5% respecto al año anterior. Descensos que lamentablemente se vienen repitiendo en los tres últimos años. La reducción del año 2013 se debió a una caída en el gasto en I+D del sector público del 3% y a un descenso del 2,1% en el del sector privado.

Además, en la economía española el gasto en I+D se distribuye de forma extraña. Las administraciones públicas gastan el 47% del total, mientras que el sector que más impulsa la I+D es el empresarial con el 53% del gasto en el año 2013. Sin embargo, esta proporción es muy distinta a la del resto de los países desarrollados, en los que el gasto de las administraciones públicas representa un poco menos del 40% del gasto total en I+D y en cambio el gasto empresarial supone más del 60%.

Esta proporción diferente de España pone de manifiesto la mayor dificultad que, con respecto a otros países desarrollados, tiene el sector empresarial español para desarrollar innovaciones tecnológicas. Más innovación permitiría a las empresas situarse en una posición más competitiva en los mercados internacionales.

Además, el volumen del gasto en I+D en España es muy limitado: en el año 2013 representó el 1,24% del PIB, algo inferior al del año 2012 (1,27%) y también inferior al nivel de gasto realizado por otras economías de nuestro entorno, tal como ha puesto de manifiesto la OCDE, este miércoles, en su informe “Perspectivas de la OCDE sobre Ciencia, Tecnología e Industria 2014”. Así, por ejemplo, en los últimos años, Alemania y Francia han duplicado el gasto de España, medido en porcentaje del PIB.

Desgraciadamente, la contracción del gasto en I+D también se está reflejando en la competitividad de la economía española. El World Economic Forum (WEF) en su último informe sobre competitividad mundial sitúa a nuestro país en la posición número 35 del mundo, mientras que muchos de los socios de la UE se encuentran en posiciones más avanzadas. Finlandia es la cuarta economía más competitiva del mundo, Alemania la quinta, Holanda la octava y Reino Unido la novena. Todas ellas superan a España en inversión en I+D medida en porcentaje del PIB. La clasificación muestra claramente que los países más innovadores son también los más competitivos.

En el caso de España, las consecuencias de la crisis y los recortes presupuestarios en I+D se han dejado notar en la menor capacidad de innovación de nuestra economía. Parece que la política tecnológica no funciona bien. Sirva como ejemplo que el WEF ha clasificado de nuevo a España en la posición número 102 (de un total de 148 países) según las facilidades que el gobierno da a las familias y a las empresas para la adopción de nuevas tecnologías.

La necesidad de las patentes

El WEF también señala que el volumen de patentes que se generan en España no es suficiente (puesto 26). Es por este motivo por lo que ayer se aprobó el proyecto de una nueva Ley de Patentes, con el objetivo de facilitar su concesión y fomentar y proteger la innovación. No se debe olvidar que en los últimos años la probabilidad de que la investigación produzca patentes ha aumentado significativamente. En el caso de España la producción de patentes es manifiestamente mejorable, ya que tenemos un excelente plantel de científicos e ingenieros que el ranking del WEF lo sitúa en el puesto 11 del mundo.

Es más, parece que en 2014 las cosas van un poco mejor. Los últimos datos del INE sobre el comercio exterior de servicios muestran que en el primer semestre de este año las exportaciones de royalties (los ingresos generados por la utilización en el exterior de patentes españolas) aumentaron un 16% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las importaciones cayeron un 1,7%. Estos ingresos corresponden en su mayoría a filiales de empresas nacionales que utilizan patentes españolas en su actividad en el extranjero.

Este mejor comportamiento de la balanza tecnológica puede estar reflejando que, dado que la situación económica del mundo en el primer semestre de este año fue mejor que la española, las filiales de nuestras empresas en el exterior aumentaron su actividad y, con ella, sus pagos por royalties a la sede central en España. En cambio, como la actividad económica en España fue más lenta disminuyó la utilización de patentes extranjeras y, por tanto, se redujeron los pagos por royalties. La balanza tecnológica señala que España está aumentando su capacidad para exportar tecnología y para utilizar tecnología propia. Suele ocurrir que cuanto mayores son los ingresos de la balanza tecnológica mayores son los esfuerzos en I+D.

Los últimos datos de la OCDE (que corresponden al año 2012) hacen hincapié en la necesidad de mejorar el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestro país. Del total de las patentes solicitadas en España en el año 2012 (1.559) el 26% correspondían al sector TIC, mientras que en otros países más desarrollados tecnológicamente como Finlandia o Estados Unidos este porcentaje se elevaba hasta el 53% y el 40% respectivamente.

Cambios en la política tecnológica

Es bien sabido que la política de innovación tiene como objetivo el que se desarrollen cambios tecnológicos que mejoren la productividad de la economía y aumenten su competitividad. Así las cosas, el gobierno tiene que actuar eficazmente para conseguir un mayor nivel de gasto en I+D tanto en los presupuestos del Estado como sobre todo en las empresas, generando incentivos para aumentar la financiación de las actividades innovadoras.

La política tecnológica debe tener en cuenta numerosos aspectos para que la I+D tenga el mayor efecto productivo sobre la economía. Señalaremos tres:

Primero, fortalecer las relaciones entre los investigadores del sector público y las necesidades de las empresas. Para competir en los mercados internacionales las empresas deben innovar, y dado que casi la mitad del gasto en I+D en España lo realiza el sector público, se deben estrechar los vínculos entre las universidades y el sector privado. Esto favorecería la innovación en las PYMES. No se debe olvidar que la mayor parte de las empresas españolas son PYMES sin departamentos de I+D.

Segundo, generar mayores incentivos fiscales a la I+D. En esta línea se encuentra la reforma tributaria que entrará en vigor en 2015 y que contempla un aumento de la deducción de los gastos por actividades de I+D. Siguiendo este planteamiento también podrían incentivarse fiscalmente las inversiones de capital riesgo en actividades emprendedoras, que son algunas de las más innovadoras y con las que, según el informe antes citado de la OCDE, España tiene una tarea pendiente. Nuestro país se encuentra dentro de la mitad de los países de la OCDE con menores facilidades para el emprendimiento, con menos patentes entre las empresas emprendedoras y con menor índice de inversión en capital riesgo. La política tecnológica debería facilitar en mayor medida la creación de estas empresas y todavía más si tienen un componente tecnológico.

Tercero, mejorar la formación de la mano de obra y atraer y retener a la más cualificada. Ya hemos comentado en otras ocasiones la urgente necesidad de mejorar formación del capital humano, especialmente al nivel de la formación profesional. En esta ocasión, con motivo de los datos del INE publicados el jueves, hay que resaltar también la situación de los trabajadores de alto nivel de cualificación. En el año 2010 España tenía 222.022 empleados en actividades de investigación y desarrollo (medidos en equivalencia a jornada completa): desde entonces se han perdido 18.411, (de ellos 5.220 corresponden al año pasado). Los que nos gobiernan deben desincentivar la llamada “fuga de cerebros” al impulsar, por ejemplo, programas de formación doctoral y postdoctoral de alta calidad o favorecer los intercambios con centros de investigación internacionales. Poner todos los medios a su alcance para retener y atraer investigadores y tecnólogos que aumenten la plantilla científica e innovadora española.

En definitiva, es necesaria una política tecnológica que impulse mucho más la I+D y que incentive el sector de las TIC, que está siendo clave para mejorar la productividad y la competitividad de las economías. Es de esperar que la aprobación, ayer, del proyecto de Ley de Patentes, permitirá aumentar el número de patentes y, por tanto, la cantidad de innovación. En definitiva, España necesita más I+D que genere más tecnología propia, y con ella obtener más crecimiento económico y empleo de forma duradera en el largo plazo.

Fuente: Rafael Pampillón. «I+D y crecimiento económico». Expansión, 16 de noviembre de 2014. página 42.