No son buenos tiempos para los acuerdos internacionales pro medio ambiente, como el protocolo de Kyoto. El acuerdo que se firmó en Kyoto en 1997 fijaba unos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) para el año 2012. El año pasado se firmó un pre-acuerdo para extender los planes de reducción de emisión de HGH hasta 2020 pero los objetivos se definieron de forma ambigua y hoy existe el peligro de que el acuerdo se rompa.
El protocolo de Kyoto tiene un problema fundamental que impide que países como Estados Unidos se adhiera al mismo, restando credibilidad a todo el proyecto. Canadá anunció el año pasado que se salía del acuerdo y otros países están a día de hoy considerando esta posibilidad. Las últimas cumbres sobre cambio climático han acabado en fracaso transmitiendo al mundo la sensación de que el proyecto está más muerto que vivo.
El problema proviene de la cláusula que divide a los países firmantes en dos grupos: en el primer grupo (Annex A) se encuentran los países más pobres del planeta. En el segundo grupo (Annex B) se encuentran los países desarrollados. Para impedir que la protección al medio ambiente afecte negativamente el crecimiento económico de los países más pobres, el protocolo de Kyoto excluye a estos países de la obligatoriedad de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. Países como estados Unidos han objetado que en este contexto, competidores suyos como por ejemplo China, disfrutan de una ventaja comparativa injustamente. Esto es así sobre todo cuando el precio de los permisos para contaminar es elevado. ¿Es esto cierto a día de hoy? No del todo. Para entenderlo hay que preguntarse primero quién fija el precio de esos permisos. El mercado según la ley de la oferta y la demanda. La oferta la fija la organización encargada de emitir estos permisos (Naciones Unidas). La demanda sube o baja dependiendo de las necesidades de producción. Resulta que en los últimos años, el precio de estos permisos se ha desplomado. Ello es así porque la oferta es relativamente rígida (Naciones Unidas tiene un objetivo total de emisiones que varía sólo muy lentamente con el tiempo) pero la demanda no. La demanda se ha desplomado desde el inicio de la crisis económica pus las necesidades de producción son menores. Recordemos que son los países ricos los que están obligados a cumplir con los objetivos del acuerdo y por tanto son los que comercian con estos permisos y éstos son los que más se han visto afectados por la crisis. El gráfico siguiente muestra la evolución del precio de los permisos de contaminación en el mercado de la Unión Europea desde el inicio de la crisis.
Gráfico 1. Precio de los permisos de polución en la Unión Europea (€ por tonelada equivalente de CO2)
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Como puede en el gráfico, desde el año 2008, el precio de estos permisos, es decir, el coste de contaminar, ha descendido más de un 80%. Esta evolución tan negativa del precio de estos permisos conlleva dos problemas. El primero es que los incentivos a producir de forma ‘limpia’ se reducen. Pero como la cantidad total de emisiones está fijada por la cantidad total de permisos, la contaminación total no tiene porque subir. Simplemente se desaprovecha la oportunidad de reducir más la contaminación. El segundo problema es que muchas empresas que invirtieron hace años en tecnologías limpias, más caras que las tecnologías sucias, ven ahora como su inversión tiene rentabilidad negativa. Se estima que los incentivos a invertir en tecnologías limpias caen rápidamente cuando el precio de los permisos baja del umbral de los 20€. Es de suponer que cuando los precios de estos permisos vuelvan a subir en el futuro las empresas no reaccionen inmediatamente invirtiendo en tecnologías limpias temiendo que puedan ocurrir bajadas del precio de los permisos como la actual.
¿Debería regularse el precio de estos permisos?