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Sep

El World Economic Forum (WEF) elabora anualmente, desde 1979 el Global Competitiveness Report, en el que se calcula un índice que evalúa la competitividad de los países estudiados. La competitividad se define como el grado en el que un país, bajo condiciones de libre mercado, produce bienes y servicios para los mercados internacionales y al mismo tiempo mantiene y expande el nivel de vida de su población en el largo plazo. En el Informe Competitividad Mundial (2012-2013)  que publicó este miércoles el Foro Económico Mundial (WEF) España mantiene la misma posición que el año pasado: puesto 36 de los 144 países analizados. (En el año 2002 España ocupó el puesto 22 de este ranking: su mejor marca).

Cuadro: RANKING DE COMPETITIVIDAD

PAÍSES / AÑO 1995 2002 2007 2009 2010 2012
Estados   Unidos 1 1 1 2    4 7
Alemania 6 14 7 7   5 6
Francia 17 30 16 16 15 21
Reino Unido 18 11 12 13 12 8
España 28 22 29 33 42 36
Italia 30 39 49 48 48 42

Fuente: WEF The Global Competitiveness Report 2012-2013.

El Informe señala que entre los elementos que favorecen la competitividad de la economía española están la calidad de sus infraestructuras de transporte, que ocupan el décimo puesto de los 144 países, el tamaño de su mercado (puesto 14), y las altas tasas de matriculación en educación superior (puesto 18), lo que podría proporcionar una amplia fuente de trabajadores cualificados, que movilizados apropiadamente ayudaría a la necesaria transición de España hacia actividades de mayor valor añadido. Esta transición de la estructura productiva española hacia actividades más exportadoras y competitivas puede venir facilitada por el buen nivel de España en términos de implantación de tecnologías de la información y comunicación (posición 24 del ranking mundial).

La competitividad española, a pesar de estas fortalezas, se ve perjudicada por sus desequilibrios macroeconómicos, la evasión fiscal, el comportamiento de los sindicatos, la corrupción de los ayuntamientos y de los partidos políticos, las dificultades de encontrar crédito, el insuficiente gasto en inversiones en investigación, desarrollo e innovación y la mala conexión entre la investigación pública y las necesidades de las empresas. En este sentido el WEF advierte que los recientes recortes en el gasto público destinados a investigación e innovación, unidos a las crecientes dificultades del sector privado a la hora de captar financiación para estas actividades, podrían lastrar la capacidad de innovar de las empresas españolas (puesto 44), algo que es crucial para facilitar la transformación económica de España.

Por eso, en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene se deben recortar los gastos corrientes improductivos y suntuarios y aumentar la financiación de aquellas actividades que mejoran la competitividad como es el caso de la investigación. Los gobiernos de los países desarrollados, incluida España, llevan mucho tiempo apoyando la investigación básica sobre la que se construye la investigación aplicada y el desarrollo de nuevos productos. De hecho, el impresionante crecimiento económico en el mundo desarrollado en los últimos 60 años ha sido el resultado de los esfuerzos combinados de la investigación  básica financiada por los gobiernos en universidades y otros centros públicos y privados de investigación y la investigación aplicada en las empresas.

España debe aumentar su capacidad tecnológica. Para ello es preciso incrementar los recursos empleados en actividades de I+D, en la consecución de patentes y en mejorar la oferta exportadora en bienes de equipo y maquinaria. Desgraciadamente en el año 2010 el gasto español en I+D (público y privado) se estancó. En 2011 España invirtió en I+D menos que en 2010 y los datos que se van conociendo para este año 2012 vuelven a mostrar nuevas reducciones en los gastos en I+D. 

En definitiva, el crecimiento económico de España va a depender de la competitividad de sus empresas que a su vez se basa en la mejora tecnológica. De ahí que sería deseable que los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2013 no sigan restringiendo la financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico ya que a medio plazo tendría efectos negativos en el crecimiento económico. No hay que olvidar que el objetivo de la política científica y tecnológica es el crecimiento económico del país.

Fuente: Rafael Pampillón. «Competitvidad». El Mundo. Suplemento Mercados. 9 de septiembre de 2012. Página 6.

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