La solución a los problemas económicos de España pasa por profundizar en las reformas estructurales, cambiar el modelo de Estado, aumentar la competitividad de las empresas, devolver el crédito al sector privado, rebajar los tipos de interés de financiación de nuestra economía y hacer las reformas fiscales que necesariamente van a suponer elecciones difíciles sobre la asignación de recursos públicos.
Los recortes en el gasto público causarán a su vez una contracción económica. Eso deja al Gobierno de España ante un complicado dilema entre crecimiento y reducción del déficit público. Es importante anotar algo bien sabido para los lectores: a) para crecer es necesario aumentar la productividad; b) la reducción del déficit público no se puede hacer subiendo impuestos sino reduciendo el gasto público y c) esa reducción del gasto público hay que hacerla con cirugía fina: los recortes del gasto público indiscriminados sólo empeorarían la recesión en vez de equilibrar los presupuestos.
En este contexto, es crucial encontrar criterios para decidir que gastos se deben reducir y cuales mantener o aumentar ya que los recortes lineales (menos café para todos) no son la mejor forma de tomar esas decisiones.
¿Qué gasto público se debe mantener?
Se deberían recortar aquellas actividades que realizan las Administraciones Públicas y que pueden realizar igual de bien el sector privado y, en cambio se deben mantener o incrementar aquellas actividades que el sector privado no pueda realizar con tanta efectividad y que son necesarias para mejorar la competitividad de las empresas. Se trata de recortar la grasa que sobra en el sector público pero con mucho cuidado para no cortar los músculos. Y en este sentido la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la competitividad como es el caso de la investigación.
La necesidad de la investigación básica
Muchas empresas grades y pequeñas tienen pocos incentivos para invertir sobre todo en aquella investigación básica cuyos resultados no son comercializables ya que no son patentables. Al no ser patentables sus resultados están disponibles para todos, es decir, son bienes públicos, y como tales son difíciles de apropiar.
Por estas razones, los gobiernos de los países desarrollados llevan mucho tiempo apoyando la investigación básica sobre la que se construye la investigación aplicada y el desarrollo de nuevos productos. Este tipo de investigación, la básica, ha dado grandes frutos al proveer un entendimiento más acabado de muchos fenómenos cruciales en el mundo moderno.
De hecho, el impresionante crecimiento económico en el mundo desarrollado en los últimos 60 años ha sido el resultado de los esfuerzos combinados de la investigación básica financiada por los gobiernos en universidades y otros centros públicos y privados de investigación y la investigación aplicada en las empresas. Y en plena Tercera Revolución Industrial [1] ese gasto resulta todavía más necesario.
El 2010 el gato español en I+D (público y privado) se estancó. En 2011 España invirtió en I+D menos que en 2010 [2]. Desgraciadamente los datos que se van publicando para este año 2012 muestran reducciones alarmantes en los gastos en I+D.
En definitiva, el crecimiento económico se basa en el aumento de la productividad y ésta en la mejora tecnológica, de ahí que sería deseable que los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2013 no sigan restringiendo la financiación de la investigación y el desarrollo tenológico ya que tendría efectos negativos en el crecimiento económico a largo plazo.