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En los últimos años, los Ayuntamientos españoles han incrementado brutalmente el tamaño de su sector público emresarial pasando de 465 empresas en el año 1998 a 1.251 en la actualidad. Por su parte las Comunidades Autónomas cuentan con 950 empresas públicas tal como publicamos en el post ¿Ha llegado el momento de reducir el tamaño del sector público de las Comunidades Autónomas? .

La situación actual de la economía española con elevado déficit público y el consiguiente aumento de la deuda de las Administraciones Públicas españolas exigen cambios profundos en ese sector público empresarial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, deben cerrar o privatizar gran parte de las empresas públicas.

Esto se debe a que muchas de ellas no sólo tienen pérdidas, sino que además no son necesarias para los ciudadanos. Y aún cuando prestan servicios necesarios, en muchos casos tienen costes muy altos y elevados niveles de ineficiencia.

La mejor solución para muchas de estas empresas públicas es, por eso, cerrarlas o privatizarlas. La experiencia muestra que la privatización de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.

Las privatizaciones, si están bien diseñadas, pueden generar, por tanto, fuertes incrementos de la productividad de las empresas públicas que ahora están gestionadas por los municipios y comunidades autónomas, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor bienes o servicios. La experiencia de otras privatizaciones como las de Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, Enatcar, Santa Bárbara, Aceralia, etc., muestra que en mercados competitivos o adecuadamente regulados la maximización del beneficio supone, al mismo tiempo, la máxima eficiencia. La privatización reduciría, además, las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial municipal y autonómico.

Disminución del déficit público

Las privatizaciones no suponen sólo un ingreso puntual de dinero en el erario público como fruto de la venta de la empresa pública, sino que reducen también el déficit público al quedar eliminados los déficits operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas de la Administración Pública. Si además, tal como se ha demostrado en España, las empresas, una vez privatizadas, realizan una mejor gestión empresarial, se podrán ingresar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.

Corrupción

Un aspecto fundamental de cualquier proceso de privatizaciones es que la venta de las empresas públicas se haga con transparencia, publicidad y concurrencia. Se consigue con ello reducir fuertemente las posibilidades de corrupción y el uso de información confidencial, elementos que originan ganancias privilegiadas para los que están implicados en ese proceso de venta de bienes públicos.

La corrupción se debe evitar y perseguir, ya que reduce la confianza ciudadana en sus gobernantes, vulnera el imperio de la ley y socava la credibilidad de los políticos. Cuando hay corrupción, los que gobiernan son percibidos como un grupo que está en el poder para apropiarse de rentas que no están destinadas para su disfrute personal.

La corrupción reduce la eficacia de los procesos de privatización porque evita la maximización del precio de la venta. Los contribuyentes (que somos los verdaderos propietarios de las empresas públicas) tenemos derecho a recibir el mayor ingreso posible por la venta de las empresas públicas. Cuando los que gobiernan no introducen criterios de transparencia, concurrencia y publicidad en los procesos de privatización se produce un sentimiento de decepción y escepticismo en los ciudadanos, que observan con un creciente recelo y desconfianza como una parte de los ingresos de las privatizaciones, que deberían aumentar los ingresos del Estado, la capturan los políticos.

Detección de errores

La mayor transparencia expone el proceso a una mayor publicidad, lo que facilita la detección oportuna de eventuales errores y permite determinar si los objetivos establecidos por el gobierno autonómico o municipal, tanto en lo relativo al proceso de privatización como al resultado final, se han cumplido de forma razonable. La transparencia facilita además el proceso de aprendizaje (que es parte inherente a todo programa de privatización) y aumenta el flujo de información, lo que contribuye a la eficiencia global del mercado y a la maximización de los precios.

La experiencia privatizadora de las empresas pertenecientes al Estado Central

Cuando hay transparencia y competencia, no sólo para la venta de la empresa sino también en la elección de los distintos participantes en las operaciones de privatización (asesores, coordinadores globales, valoradores, etc.), se detectan con facilidad posibles conflictos de interés en el proceso por parte de cualquiera de los participantes en una operación de privatización.

La experiencia de privatización de las empresas que antes pertenecían al Estado (a través de la Sepi, Seppa, Agencia Industrial del Estado, Ministerio de Fomento, etc.) podría ser muy útil a las comunidades autónomas y municipios. Se conseguiría mejorar la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad con efectos catalizadores que permitirían aumentar la actividad económica y, por tanto, y también por esta vía, los ingresos fiscales.

En resumen, un proceso de privatización bien hecho con trasparencia, publicidad y concurrencia no sólo puede aumentar los ingresos para los municipios y comunidades autónomas españolas, sino que puede generar también nuevas inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas privatizadas.

El Sector Público español tiene la oportunidad y el reto de hacer crecer nuestra economía. Privatizar empresas públicas ha sido, en otras épocas, un camino de exito y de aumento de productividad para la economía española. Esperemos que los que nos gobiernan sepan hacerlo con trasparencia, concurrencia y publicidad.

Fuente: Rafael Pampillón. “Privatización de empresas municipales y autonómicas“. Expansión, 6, 7 y 8 de abril der 2012, página 42.

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Comentarios

Fernando Peral 9 abril 2012 - 10:54

Como dije en una entrada anterior de este blog, todo este entramado de empresas públicas, organismos semipúblicos y fundaciones se ha creado con dos motivos fundamentales: colocar a compañeros de partido, familiares y amigos, y esconder el despilfarro de recursos públicos, cuando no la malversación de fondos.

Se trata tan sólo de la punta del iceberg caótico en que han sumido a España 34 años de bisagras políticas nacionalistas, esos famosos “consensos” que han permitido a PP y PSOE gobernar el uno contra el otro. El contrato social que supuso la Constitución española de 1978, basado en la asunción sin ira del pasado y la voluntad de dar cauce a un Estado de derecho social y democrático, se ha ido diluyendo paulatinamente a través de sucesivas transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas que no iban dirigidas a descentralizar la administración, sino a comprar una gobernabilidad improbable. Y hemos llegado a un punto en que ha desaparecido el consenso respecto de aquello que unía a los españoles, y se ha instalado una competencia fratricida por ver quien es menos español.

Si aceptamos que, hoy como ayer, la política es el arte de lo posible en un contexto de confrontación continua de intereses antagónicos, y una lucha en la que sólo triunfan quienes son capaces de aunar mayor respaldo en defensa de unos objetivos que procuren un beneficio percibido como tal por el mayor número de actores políticos, y que la evolución política y económica ha derivado en España en un proceso de confrontación de intereses locales y territoriales, en el que el Estado ha quedado desarmado y se muestra incapaz de imponer un arbitraje objetivo en beneficio del interés común a largo plazo, se hace preciso restablecer una base de consenso entre los ciudadanos que inspire la reestructuración de las administraciones y de la economía.

En mi opinión, ese consenso ha de incorporar varios componentes indispensables, que son los que, 34 años después de aprobarse la Constitución de 1978, han ido desapareciendo paulatinamente del discurso político de los partidos mayoritarios:

1. La aceptación del concepto de nación como elemento integrador de los distintos intereses particulares y territoriales, sometidos al interés común del conjunto de los ciudadanos, y que sea una expresión efectiva de la cooperación entre los territorios, de unos objetivos sociales compartidos, de la reconciliación de intereses antagónicos y de la creación de un entorno social que propicie un régimen social y democrático justo y de libertad individual.
2. La articulación política de los intereses nacionales en un órgano de representación nacional y, de acuerdo con el principio de que el interés general ha de primar sobre el particular, un órgano de representación territorial, que refleje los intereses de autonomías y ayuntamientos y esté sometido al primero.
3. La defensa en todo el territorio nacional de la libertad civil, política, económica, intelectual y de expresión de todos los ciudadanos, entendida como elemento aglutinador de la nación y factor de progreso social.
4. La educación, entendida como instrucción en disciplinas del saber, interpretación común de la historia propia y desarrollo del espíritu crítico, orientada a la búsqueda de la prosperidad individual y colectiva.
5. La lengua española como instrumento de libertad y progreso y como vehículo de comunicación entre los ciudadanos.
6. La búsqueda de la prosperidad común en un marco de progreso material y espiritual, de aprovechamiento de los recursos naturales y económicos y de solidaridad entre los individuos y territorios, incluida la preservación del entorno físico y natural como patrimonio común.
7. La articulación económicamente sostenible de los distintos intereses sociales.
8. La unidad de la justicia, la fiscalidad y las instituciones de mercado, como garantía del imperio de la ley y de la igualdad de trato de todos los ciudadanos en términos de deberes y derechos.

http://boabdilsigloxx.blogspot.com/2012/03/espana-la-necesaria-recuperacion-de-un.html

Jorge 12 abril 2012 - 21:25

Me parece increíble que se tenga que poner explícitamente el porqué de no a la corrupción en la venta de empresas públicas. ¿Es un delito? Entonces, porque se describe como una buena práctica. Vaya país que tenemos, el que merecemos, si no no tiene sentido como hemos tenido de gobernantes a un partido de mentirosos.

Arango Alcocer 13 abril 2012 - 13:28

Hola Rafa. Hoy vi que saliste en el periódico y vi lo que decia en letras negritas en grande un comentario tuyo, donde hablas que se deben privatizar las empresas del gobierno.

Yo tengo el pensamiento que el gobierno tiene que dedicarse a gobernar que es para lo que fue creado y dejar de lado todos los negocios en manos de empresarios que saben de los temas administrativos. Pero la pregunta que tengo con respecto es si deben salir del total de la participación o si deben quedarse con una parte importante como socio.

Porque me nace esta pregunta. Se debe a que si los gobierno se queda con un porcentaje de una empresa, digamos el 30 o 40%, podría recibir utilidades (beneficios) e impuesto por pago de estas y así poder usar este dinero para el gasto público.

Pero también me nace la inquietud de si venden la totalidad de la empresa, se dedica a gobernar y pueden usar ese mismo dinero, pero se puede presentar problemas de corrupción por las cantidades de dinero. De igual manera aqui se podrían converitir en regulador de todo que es lo que deben hacer.

Al ser derechista y capitalista neto, me pregunto también porque los socialistas izquierdistas quieren tener el control de estas empresas asi no sean rentables?

Carlos 16 abril 2012 - 08:55

Muy acertado

Si hubiese un estudio donde peor eficiencia tiene la administración es en la local, pero si profundizas dentro de esta la peor gestión esta en sus empresas. Tiene su explicación malísimos gestores, ningún incentivo a la mejora, poca competencia en su área de influencia y falta de tamaño

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